El PP romperá la atípica imagen de los plenos ante un hemiciclo prácticamente vacío decretada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para evitar posibles contagios por coronavirus, y enviará al pleno que debate la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, emplazada este Jueves Santo, a 45 de los 89 diputados que tiene en la Cámara Bajar el principal partido de la oposición.

A través de un escrito que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado ante la Mesa del Congreso y defenderá este mismo martes en la reunión Junta de Portavoces frente a Meritxell Batet, la formación defiende la vuelta a una relativa normalidad parlamentaria, manteniendo las recomendaciones sanitarias y el distanciamiento social -dejando un escaño entre diputado y diputado-. Por eso, trasladarán a la presidenta del Congreso su intención de "asistir al próximo pleno cuantos diputados sean posibles", en su caso, hasta 45.

"Es hora de que los españoles nos vean", argumenta Álvarez de Toledo. "Los diputados no somos de mejor condición que los médicos, policías, guardias civiles o cajeras de supermercado, ni nuestra función es menos importante", explica.

En el marco de la exigencia al Gobierno de la "reapertura inmediata" de la actividad parlamentaria se ha alineado también Vox, pero de un modo radicalmente distinto: los de Santiago Abascal han evidenciado su "obligación y responsabilidad" de seguir acudiendo a su puesto de trabajo rompiendo los protocolos de confinamiento y yendo presencialmente a sus despachos en Congreso de los Diputados. Exige Vox volver a la normalidad y que "la voz de los españoles pueda ser escuchada" frente a la "mordaza" del Gobierno, aunque aún no ha aclarado si el jueves acudirán los 52 o, como el PP, enviarán a la mitad de sus representantes.

El PP planea recurrir al Constitucional

En el mismo escrito, Cayetana Álvarez de Toledo plantea el ultimátum del PP a la actitud "antidemocrática" y "anticonstitucional" del Gobierno por cerrar de facto el Congreso -el control al Ejecutivo se limita a la comisión de Sanidad de Salvador Illa- y pide la "reapertura inmediata" de la Cámara Baja tras Semana Santa. De no hacerlo, los populares acudirán al Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo "habría excedido sus competencias y habría vulnerado los derechos de representación política de los diputados".

El Grupo Parlamentario Popular exige además recuperar las ruedas de prensa presenciales y la suspensión de los plazos de tramitación de iniciativas parlamentarias, lo que implica que no se celebren las sesiones de control ordinarias, salvo las pedidas expresamente por el Gobierno; la ausencia de comisiones -el PP exige la creación de una comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus, con la comparecencia de ministros y del propio presidente del Gobierno cuando sea necesario- y que no se tramiten preguntas, proposiciones no de ley y resto de propuestas parlamentarias. Los populares denuncian haber presentado 807 iniciativas desde el inicio de la crisis, que han permanecido guardadas en un cajón por la suspensión de los plazos.

Álvarez de Toledo denuncia además que el Gobierno "ha puesto la democracia en cuarentena" sine die: la "prohibición" de celebrar sesiones de control o de que los grupos puedan presentar enmiendas a los reales decretos aprobados durante el estado de alarma para "mejorar" estos textos durante la excepción sanitaria no cuenta con fecha de caducidad.