La efectividad del sistema de recuento de fallecidos por Covid-19 en España suscita dudas en el ámbito sanitario, judicial, estadístico e incluso en la población en general.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó en rueda de prensa este martes que "la definición de caso que tenemos en España es de las más exigentes que hay en toda Europa y toda persona que da un diagnostico positivo y fallece es considerada un fallecido por coronavirus".

Sin embargo, igual que en otros países, está resultando imposible ajustar el número real de fallecidos por Covid-19 al estadístico que se ofrece todos los días a los españoles, básicamente porque efectivamente se registran los fallecidos con un diagnóstico positivo, pero no los fallecidos con un diagnóstico probable.Es decir, no se cuenta como fallecidos por coronavirus a quienes no se ha podido hacer el test a pesar de que hayan tenido síntomas compatibles con coronavirus.

"Este es un tema muy serio y nosotros no nos engañamos a nosotros mismos", aseguró Illa, pero la pregunta es: ¿Y a los españoles?. La pregunta viene al caso: tras una semana de descenso en el número de fallecidos (a pesar del repunte del martes) el "ajuste" de los datos anunciado por el titular de Justicia -basado en la exigencia del Ministerio a los registros civiles para que envíen diariamente su actualización de licencias de enterramiento- podría generar una desmoralización general en la población.

El indicador del avance de la pandemia debería ser el número diario de infectados. Sin embargo, el ánimo de los españoles pende de la evolución del número de fallecidos. ¿Por qué? Todos los datos indican que no hay test suficientes para determinar la cifra real de contagios y, que las pruebas realizadas no han sido suficientemente concluyentes.

¿Cuándo reflejarán el "ajuste"?

Un recuento elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha basado en el número de licencias de fallecimiento expedidas por los registros civiles ha revelado que el número de fallecidos por coronavirus o posible coronavirus en dicha región fue un 69,7% superior al facilitado por Sanidad (1.921 muertos frente a 1.132) y hasta un 148% más (1.921 frente a 774) al aportado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reconoció este lunes "limitaciones informáticas" para hacer un recuento preciso de fallecimientos por parte de los registros civiles en toda España a través de la plataforma informática Inforeg. Con el fin de "ofrecer una información veraz a los ciudadanos", la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dependiente de su Ministerio emitió el sábado una orden en la que se solicitaba a todos los registros civiles «tener perfectamente definido el número de defunciones y los lugares en las que éstas se producen» y remitir dicha información diariamente para centralizar los datos. Pero, ¿cuándo se reflejará ese "ajuste" de fallecidos contabilizados por los registros civiles al cómputo global que cada día ofrece Sanidad?

¿Por qué no hace cada TSJ un recuento?

Este diario ha consultado a todos los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas para saber si elaboraron un recuento propio basado en las licencias de enterramiento y las alertas de jueces y médicos forenses como el que pidió el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente-Manuel Rouco Rodríguez, para reunir los datos del mes de marzo de 2020, clave en esta pandemia. Ninguno lo ha hecho. Según fuentes jurídicas, ese recuento fue una decisión "unilateral" de Rouco Rodríguez.

Es más, tras la instrucción del sábado de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, los datos globales de fallecimientos que recojan a partir de ese momento los Tribunales Superiores de Justicia solo podrán ser registrados y comunicados por el Ministerio de Justicia. Es decir, una iniciativa como la de Rouco Rodríguez que cuestiona el balance oficial de fallecidos, ya no será posible.

A lo anterior se suma que de manera extraoficial fuentes jurídicas de la mayoría de regiones, especialmente de Castilla-León y La Rioja, coinciden en que el número de fallecidos (aunque no se pueda especificar si la causa es el coronavirus) triplicó el de marzo de 2019, por lo que el dato global de España ofrecido por el Gobierno sería significativamente inferior al real.

¿Qué escenarios manejan los médicos?

Además del recuento propio del Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego, otros organismos elaboran sus propias estadísticas, que hablan de cifras mucho más elevadas que las que ofrece el Gobierno.

Uno de los estudios de referencia de la progresión de fallecimientos es el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) en España del Centro Nacional de Epidemiología, que a fecha de 6 de abril ofrecía cifras de mortalidad (general, no específicamente por coronavirus) similar al aportado de manera extraoficial por las comunidades autónomas.

Precisamente éste y otros sistemas de medición estadística de órganos científicos sirvieron como referencia a los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas para adelantarse con decisiones logísticas para asumir situaciones de "colapso" de los hospitales, como trasladan fuentes médicas a este diario.

¿Cómo se determinará el fin de la pandemia?

Una de las dudas principales que suscita la falta de "precisión" de los datos de mortalidad y número de infectados ofrecidos por el Gobierno está en cuándo podrá darse por concluida la pandemia por la Covid-19 si sólo se contabilizan como fallecidos por coronavirus los "positivos diagnosticados" y no hay pruebas suficientes para valorar el número de infectados no ingresados.