Jueves Santo sin procesiones, laboral para muchos, y en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes. Y Jueves Santo de pleno en el Congreso de los Diputados, con otra jornada parlamentaria profundamente atípica. Desde las 09:00 horas, la Cámara Baja debate la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril y la convalidación o derogación de los tres reales decretos económicos aprobados de forma extraordinaria por la pandemia.

Y Sánchez se enfrenta por vez primera desde el inicio de la crisis a una Cámara dividida por los fuertes recelos de la oposición con la gestión del Ejecutivo ante impacto del virus, que ya se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas, según el cómputo oficial. Contará con los apoyos necesarios para sacar adelante las medidas, pero ha perdido de facto la confianza holgada del Congreso de la que sí gozó cuando solicitó la primera prórroga: entonces, con excepción del independentismo, PSOE y Unidas Podemos contaron con el 'sí' de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Más País y resto de grupos minoritarios, en total 321 votos. Sólo el independentismo -ERC, JxCat, Bildu y la CUP- se mantuvieron en la abstención.

La unidad política en torno a la gestión de la crisis ya no está agrietada, sino prácticamente rota. Para empezar, tal y como adelantó El Independiente, el PP votará en contra de los dos decretos económicos más duros, los que suponen el cierre total de la actividad no esencial; la limitación de los despidos en lo que dure la crisis; o la regulación del permiso retribuido recuperable. Según fuentes parlamentarias populares, el Gobierno ha ignorado la "mano tendida" de Casado en la crisis y "no ha llamado nadie para negociar" el contenido de los decretos económicos. "Queremos salvar vidas, no arruinar a España", sentencian.

Aunque agradecen el "gesto" del Ejecutivo por levantar "la cuarentena de la democracia" y reactivar las sesiones de control en el Congreso, no lo consideran suficiente como para ganarse el respaldo del jefe de filas del PP, con el que Sánchez no ha contado para gestionar la crisis, lo que a juicio del partido demuestra una actitud "arrogante" e "incompetente". El jefe de la oposición se abrió a negociar "modificaciones" en los decretos con el Gobierno para "remar en la misma dirección" pero, según fuentes parlamentarias, no ha existido interlocución por lo que mantendrá la negativa.

Censuran además en Génova las palabras que pronunció este miércoles el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien pidió "voluntad" al PP por delante de los contenidos. "No creo que andáramos bien planteando primero los contenidos después de plantearnos las actitudes", argumentaba, antes de "apelar a la coherencia y patriotismo de Casado". "¿Qué lógica cabe en pedir consenso si ni si quiera llaman para consensuar los decretos?", lamentan los populares.

Los 88 de Casado votarán 'sí' a la prórroga del estado de alarma y se abstendrán en la tramitación del tercer decreto-ley, el llamado 'escudo social', que contempla diferentes medidas para ayudar a colectivos vulnerables, como pymes o autónomos, en lo que dure la crisis. Pero pedirán que todos ellos sean tramitados como proyecto de ley para que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, abra un período para presentar enmiendas, una petición que ya ha sido aceptada por la coalición PSOE-Unidas Podemos.

En múltiples entrevistas y comparecencias, Pablo Casado ha denunciado que el presidente del Gobierno sólo le haya llamado en lo que va de crisis en dos ocasiones para informarle sobre la decisión de ampliar el estado de alarma.

Vox, a degüello

Las continuas críticas veladas del PP al Gobierno resultan tibias al lado de las de Vox, que ha capitalizado la oposición más dura en la gestión de la crisis. El pasado 6 de abril, los de Santiago Abascal sentenciaban por completo la unidad política rechazando la prórroga del estado de alarma, y anunciando que llevarían el decreto ley que lo regula al Tribunal Constitucional por tratarse de "un estado de excepción encubierto" y exigir unilateralmente la dimisión del Ejecutivo por completo por su "gestión criminal en la crisis".

La formación aún no ha informado si los 52 de Vox se moverán hacia el 'no' o hacia la abstención, pero sí confirman que votarán también en contra de la convalidación de los dos decretos económicos más duros e, igual que el PP, se abstendrán en el caso del Real Decreto 11/2020, sobre medidas en el ámbito social.

El tono beligerante que ha mantenido los de Santiago Abascal en los últimos días dan cuenta de la virulencia que se espera en el debate de este Jueves Santo en la Cámara Baja. Vox ya ha anunciado que prepara una querella criminal contra el Gobierno, al que responsabiliza del montante de fallecidos que acumula España por el azote del Covid-19.

"Saben que los españoles les pedirán cuentas por su negligencia criminal", afirmaba el líder de Vox, que ha aprovechado los últimos días para acusar al Ejecutivo de "ocultar las imágentes de los muertos" y los datos oficiales de víctimas. Santiago Abascal declinó incluso la llamada que realizó Sánchez el pasado fin de semana a todos los líderes políticos para informarles de la decisión de prorrogar el confinamiento de la población.

Arrimadas pacta con Sánchez

Donde sí ha existido interlocución es entre Ciudadanos y PSOE. La crisis del Covid-19 ha servido para levantar definitivamente el cordón sanitario que impuso Albert Rivera y borrar las reticencias con Pedro Sánchez. Arrimadas, a través de su vicepresidente adjunto, José María Espejo, ha pactado con los socialistas su apoyo a los reales decretos de este jueves.

Sánchez habría atado el respaldo de los 10 diputados naranjas para lograr una mayoría más cómoda en la convalidación de las medidas económicas negociando directamente con Ciudadanos. El Gobierno, según fuentes naranjas, se habría comprometido al aplazamiento de impuestos y bonificaciones de cuotas sociales a autónomos y pymes y que las horas del permiso retribuido puedan recuperarse más allá del 31 de diciembre.

Por todo ello, votarán 'sí' a la prórroga y a los decretos 10 y 11, relacionados con el permiso retribuido recuperable y las medidas sociales, aunque se abstendrán en el Real Decreto-Ley 9/2020 porque el Gobierno lo ha mantenido "sin consenso" y "adoptado en solitario, exclusivamente con sus socios de Gobierno". Niegan que Sánchez haya querido incluir las propuestas de Ciudadanos y no ha tenido en cuenta "la realidad del tejido productivo español".