El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción Rodríguez, "en ejercicio de las facultades de inspección que le corresponden", ha solicitado a los juzgados de Registro Civil y Juzgados de Paz de dicha comunidad que le remitan los datos sobre las muertes certificadas en marzo y abril de este año, así como los de fallecidos en los dos años anteriores, para poder hacer una comparativa.

Tras detectar un fuerte incremento de los fallecimientos en los dos últimos meses y ante la dificultad de saber cuántos de ellos fueron por coronavirus -pues los certificados médicos de fallecimiento no lo especifican en los casos sin autopsia ni test del Covid-19- Concepción Rodríguez solicita a los juzgados que le remitan toda la información incluyendo la "causa inicial o fundamental de la muerte". Pide que se especifiquen los casos de fallecimientos por coronavirus y también los sospechosos (por los síntomas coincidentes reflejados en el informe médico). También que remitan el número de fallecidos en el mismo periodo de los dos años anteriores para poder establecer una comparativa.

La Justicia castellano-leonesa sigue así los pasos de la de Castilla-La Mancha, donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia también solicitó dichos datos de los que resultó un informe que elevó las muertes por coronavirus casi un 70% respecto a los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

Precisamente las dos Castillas y Madrid, junto con La Rioja, son los territorios más castigados por la pandemia. En las tres primeras, como han anticipado sus autoridades, es donde más muertes en residencias de ancianos se han producido entre marzo y abril. Unas muertes que no entran en el cómputo del Ministerio de Sanidad si los fallecidos no pasaron por el hospital, como ha vuelto a reconocer el ministro Illa este lunes: "Siempre que una persona ha sido diagnosticada por Covid y fallece, se computa como tal", ha afirmado.

Las comunidades autónomas comenzaron a remitir la información de fallecidos en residencias de ancianos al Gobierno la pasada semana. Sin embargo, éste todavía no ha hecho públicos los datos: "La información está llegándonos y en cuanto lo tentamos disponible y analizada, la daremos", afirmó también el ministro Illa este lunes en rueda de prensa.

"Sin perjuicio del recuento del Ministerio"

De hecho, el presidente del TSJ castellano-leonés aclara que pide todos estos datos "sin perjuicio de las que corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia". Desde éste se ha solicitado a todos los Registros civiles españoles que remitan diariamente el número de defunciones, de licencias de enterramiento, la localidad y el lugar (hospital, residencia o vivienda habitual) para ofrecer una información "veraz, contrastada y lo más objetiva posible". Sin embargo, en ninguna de las instrucciones remitidas a los Registros por Justicia se pidió especificar la "causa de la muerte", por lo que los trabajadores alertaron de la imposibilidad de dar un dato preciso, ni siquiera aproximado de las personas que realmente fallecieron por coronavirus al haberlo hecho muchos de ellos fuera de hospitales, único lugar donde se realiza el test.

Precisamente con el objetivo de recopilar una información realista, el presidente de la Justicia castellano-leonesa pide iniciar ahora un recuento propio.

En el acuerdo que ha remitido a los juzgados, Concepción Rodríguez especifica a los Encargados que "se velará cumplidamente porque las certificaciones médicas de defunción que se presenten en el Registro Civil contengan la expresión de las causas de la muerte, no solo inmediata o intermedia, sino la causa inicial o fundamental, y con el fin de asegurar en la medida de lo posible en lo sucesivo una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos que aparezcan procesos patológicos o causas intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosas con el coronavirus si no se recogiera específicamente esta conclusión en la certificación".

Para conseguirlo, el presidente del TSJ especifica que se contará con los expertos del Instituto de Medicina Legal de Castilla y León: "Con el fin de que pueda quedar constatada en la medida más fiable posible la causa fundamental del fallecimiento a la vista de las circunstancias y criterios expuestos en los supuestos de las defunciones desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieren sospechas verosímiles de que la causa inicial o fundamental del fallecimiento pueda ser debida a probable infección por Covid-19, una revisión que podrá hacerse paulatinamente en la medida que la carga de trabajo existente y servicios mínimos existentes durante este periodo de alarma lo permitan, a cuyo fin se dirigirá comunicación con el contenido de este acuerdo a los Encargados de los Registros Civiles".