España afronta desde este lunes uno de los momentos más decisivos en la gestión de la crisis del coronavirus. Termina el período excepcional de "hibernación" económica decretado por el Gobierno hace dos semanas y la situación vuelve a ser la misma que tras la entrada en vigor del Estado de Alarma original del 14 de marzo: regresan al trabajo la industria, la construcción y otros sectores no esenciales que no admitan la posibilidad del teletrabajo. Serán cientos de miles de trabajadores de nuevo en la calle, en sus puestos y en el transporte público. El Gobierno intenta subrayar que no se trata de una "desescalada", pero parte de sus socios parlamentarios y de Gobierno lo consideran una "irresponsabilidad".

Ha trascendido que los ministros de Unidas Podemos que forman parte del Ejecutivo abogaban por mantener 15 días más el congelamiento total de todos los servicios no esenciales. Pero no han conseguido imponer su criterio. El Gobierno asegura que la decisión tiene el visto bueno del comité científico que asesora a Sánchez -el presidente respondió con cabreo a esta cuestión en la rueda de prensa del domingo- y el dirigente socialista asume el peso de la medida.

La reapertura parcial de la actividad económica ha ejemplificado la actitud del entorno de Podemos durante los roces generados por la gestión de la epidemia. Mientras que oficialmente se ha mantenido el discurso de la unidad, cargos medios del partido y satélites en redes sociales impulsaban un discurso paralelo. Sucedió con los ataques a Nadia Calviño durante la adopción de las medidas económicas, y ha vuelto a suceder este fin de semana.

Las discrepancias en este sentido se verbalizaron durante la semana, pero el fin de semana se recrudecieron las críticas. El propio Pablo Iglesias, en un mensaje difuso, compartía el sábado por la noche un artículo sobre la situación en Bérgamo en el que se culpaba a la patronal italiana de haber presionado por mantener las fábricas abiertas.

Otros cargos del partido eran mucho más explícitos. "En este orden por favor. Primero la vida. Después la economía", dijo la secretaria de Círculos y Participación del partido, Ana Marcello. "O paramos el país o nos quedamos sin país. Desde Podemos, creemos que no es el momento de echar al traste con todos los esfuerzos mantenidos hasta el momento para aplanar la curva y salvar vidas. Debemos sostener un poco más los sacrificios", agregó la portavoz del partido en las cortes valencianas, Naiara Davó.

Ya el domingo, los mensajes subieron de tono por parte de Beatriz Gimeno, nombrada directora del Instituto de la Mujer por parte del ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. "Resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo. Difícil de tragar", escribía Gimeno, que criticaba que la decisión ponía "antes el beneficio que las vidas". La alto cargo del Gobierno compartía numerosos mensajes de otros usuarios en la misma línea.

La propia Irene Montero compartía este domingo una entrevista con una radio argentina en la que, veladamente, defendía esta misma postura. "La economía es una forma de organización de recursos finitos y tiene que estar al servicio de la vida", decía Montero en Radio La Pizarra, acusando a otros partidos de "decir que lo importante es la economía como si la economía y la vida sean cosas diferentes".

Podemos juega a ser Gobierno y oposición mientras los socios de la investidura de Pedro Sánchez se oponen frontalmente a la medida. Lo hizo Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. "Abrir la mano a reanudar la actividad mañana es una enorme irresponsabilidad. No tiene ningún sentido pedirle a la gente que vaya de uno en uno a comprar un sábado y fomentar que entren en un vagón de metro atestado un lunes. Sólo hay algo peor que un confinamiento. Dos confinamientos", escribía Rufián.

ERC se alinea en ese sentido con Quim Torra, que tras la conferencia de presidentes también tildó de "temeridad" la vuelta al estado inicial del estado de alarma. En su rueda de prensa particular, Torra aseguró que otras autonomías como Madrid y Castilla y León, ambas en manos del Partido Popular, secundaron también la prolongación del confinamiento total.

El Gobierno defiende que toma la decisión en base al "criterio científico" y subraya que la situación actual, que defiende que es ya de estabilización y ralentización de la epidemia, es el reflejo de las primeras medidas tomadas tras el estado de alarma. El propio Sánchez asumió que los resultados del confinamiento total de las últimas dos semanas no comenzarán a notarse hasta los próximos días. Aun así, ha mantenido la decisión de permitir la vuelta al trabajo no esencial que recogía el decreto original.

Este domingo, pese al ya instaurado 'efecto fin de semana', se reportaron 4.167 contagios y 619 fallecidos. Los críticos con la decisión temen un posible nuevo repunte que provoque un paso atrás en la lucha contra la epidemia. Pedro Sánchez confirmó que la situación se evalúa en base a "marcadores", que no especificó, pero que serán los que guíen el futuro regreso a la normalidad. También un hipotético recrudecimiento de las medidas.

"Levantar mañana el confinamiento y mandar a la gente al trabajo es precipitado", aseguró el domingo Iñigo Errejón, líder de Más País, otro de los partidos de los que depende la aritmética parlamentaria de Pedro Sánchez. El PNV, por medio del lehendakari Iñigo Urkullu, volvió a protestar por la unilateralidad de las medidas y la descoordinación con las comunidades autónomas. Sin embargo, los nacionalistas vascos fueron la formación más crítica con el cierre total de actividad económica no esencial.

Quejas de los sindicatos

Los principales sindicatos también han hecho evidentes sus reservas sobre la medida. Aseguran que las recomendaciones del Gobierno para la vuelta a los puestos de trabajo son "garantistas" pero "de difícil aplicación en la gran mayoría de centros". El Gobierno, que repartirá mascarillas en el transporte público de 6 a 9 de la mañana, descargó en los empresarios la responsabilidad de la protección y las garantías de distanciamiento social dentro de las compañías.

"Nadie puede hacer elegir a los trabajadores y trabajadoras entre trabajar seguros o tener dificultades para mantener su empleo", abundaron los sindicatos en un comunicado conjunto. El sindicato CGT fue más allá y convocó una huelga para este lunes en Airbus, una de las principales industrias que este lunes volverán a la actividad.

Según señalaron en un comunicado, titulado 'Mantente a salvo', el objetivo de la huelga es dar cobertura legal a los trabajadores que estimen la no necesidad de acudir esta próxima semana a sus centros de Getafe, Madrid, Sevilla, Albacete e Illescas.