La crisis sanitaria hace extraños compañeros de viaje en el plano político. Esta vez le ha tocado el turno de José Luis Martínez-Almeida y Ada Colau que, junto a los alcaldes de las otras cinco ciudades más importantes de España -Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia- se han unido para lanzar un mensaje conjunto al Gobierno central, al que exigen más recursos económicos para los ayuntamientos y una mayor flexibilidad financiera con el objeto de atajar "una época complicada desde el punto de vista económico" por los efectos del coronavirus.

Así, los gobiernos municipales de las mencionadas ciudades han suscrito una declaración conjunta con reivindicaciones dirigidas a Pedro Sánchez, en una suerte de lobby de grandes ayuntamientos dispuestos a "dejar atrás nuestras diferencias políticas" y "paliar los desastres de la crisis", tal y como ha manifestado el alcalde de Madrid tras la reunión por videoconferencia que ha mantenido con los titulares de las grandes ciudades españolas este mismo martes.

El alcalde de Madrid ha reivindicado el "ejemplo institucional que hoy hemos dado" en el marco de la guerra política en que se encuadra la gestión de la crisis del coronavirus en el ámbito nacional. "La unión ahora es extraordinariamente relevante", insistía.

Por su parte, la regidora de Barcelona, Ada Colau, se ha felicitado por la creación del grupo de trabajo, a las que en próximas ediciones se sumarán Palma de Mallorca, Las Palmas y Bilbao, con el objetivo de aunar esfuerzos y estrategias en la crisis sanitaria del coronavirus. Colau ha destacado la coincidencia de todos los alcaldes en la necesidad de “trasladar de forma coordinada y unitaria al Gobierno la urgencia de hacer frente al gran desequilibrio presupuestario” que la crisis ha generado también en las arcas municipales.

“Pedimos que el Gobierno cambie el marco financiero” ha explicado la alcaldesa de Barcelona, para “flexibilizar” los criterios presupuestarios, eliminar el techo gasto, relajar el límite de déficit “para poder atender a todas las necesidades de la ciudad” y permitir a los ayuntamientos disponer del superávit y remanentes de ejercicios anteriores, una de las reivindicaciones también recurrentes de la admnistración de Almeida, que en múltiples intervenciones ha denunciado que el Gobierno tenga inmovilizados 420 millones "que tenemos derecho a utilizar en este momento".

La declaración conjunta incluye además peticiones como el acceso de los consistorios a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis; participar en el desarrollo activo de políticas de empleo; o que el Estado permita avalar líneas de crédito para "ayudar a autónomos y pymes".

"Los ayuntamientos somos la administración más infrafinanciada", ha recordado Colau, una situación a la que se suma ahora la “caída de ingresos en pocas semanas”, que en el caso de Barcelona podría suponer, según los cálculos del consistorio, 200 millones de euros menos en ingresos por impuestos y tasas propias, un impacto que se suma a un gasto social disparado y “más vulnerabilidad que nunca”.

Los alcaldes han coincidido también en la necesidad de una “financiación específica” para el transporte público, puesto que la caída del uso por el confinamiento tiene repercusión en los ingresos. Colau ha señalado esta cuestión como un “tema que es clave abordar cuanto antes”.