El Consejo de Ministros ha abierto este martes la vía para recurrir ante el Tribunal Constitucional un decreto ley de la Junta de Andalucía con diversas medidas económicas frente al Covid-19 que afectan a numerosos sectores, entre ellos el audiovisual andaluz, pero también el turismo, la construcción o el comercio, al considerar que algunos de sus preceptos puede colisionar con otras normas de carácter estatal.

Según ha adelantado la Cadena Ser y confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, el Gobierno ha acordado solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de decidir si recurre o no ante el Constitucional esta norma que modifica una veintena de leyes y seis decretos anteriores. La opinión del supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es obligado solicitarla, no es vinculante, por lo que el Gobierno podría recurrir al Constitucional incluso en el caso de que el Consejo de Estado lo desaconseje.

Tanto el PSOE de Andalucía como Adelante Andalucía solicitaron a la Junta la retirada del decreto, convalidado el 2 de abril por el Parlamento andaluz, porque consideraban que una norma de ese calado requería un debate más sosegado. La medida también ha suscitado las críticas de distintos sindicatos y colegios y asociaciones profesionales.