Asociaciones de jueces y de abogados rechazan el 'Plan de choque' que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentará al Ministerio de Justicia con las propuestas para evitar el colapso de la Justicia una vez se levante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Las medidas propuestas por el órgano de gobierno de los jueces -entre las que se encuentran habilitar el mes de agosto, las sentencias in voce en lugar de escritas o desincentivar los procedimientos considerados sin fundamento a través de multas o pagos de costas procesales- buscan liberar la carga de trabajo que se espera llegue de golpe a los tribunales cuando se aligeren las medidas de confinamiento.

Sin embargo, jueces y abogados se han manifestado muy críticos con el plan que ven "por una parte insuficiente, porque no prevé una respuesta para el problema que pretende abordar; y por otra parte se extralimita, porque plantea reformas que exceden de las necesarias para hacer frente a la situación planteada por la declaración del estado de alarma", afirman desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

"No cuestionamos la necesidad de abordar una reforma estructural de nuestras leyes procesales y nuestro sistema de organización judicial, pero sí la oportunidad de elaborar e implementar semejante reforma por la vía de urgencia con que se está planteando. Algunas de las modificaciones procesales que se proponen afectan a principios procesales básicos, alteran los principios configuradores de algunos de los procesos establecidos en las leyes procesales e inciden en aspectos tan importantes como la oralidad o el acceso al recurso, por lo que exigen un debate más sosegado, especialmente en sede parlamentaria", abundan desde la segunda asociación judicial con más representación en España.

En la misma línea se manifiesta el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que reúne a los colegios de abogados y las asociaciones de abogados de toda España. Desde éste se rechazan "todas aquellas medidas propuestas que son ajenas a la evitación del colapso futuro previsible de los juzgados e instancias judiciales, o ajenas a las consecuencias derivados de este hecho y de la situación que vivimos en la sociedad derivada de la pandemia del Covid-19".

Sobre la propuesta de habilitar el mes de agosto en los tribunales, no la ven razonable "cuando el derecho al descanso y a la conciliación alcanza a todos los intervinientes y especialmente a los abogados que, en ningún caso, han asimilado el confinamiento durante el estado de alarma a un periodo de descanso". Su propuesta es concentrar el periodo vacacional de todos en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de tal modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.

Medidas de protección para la salud

Tanto jueces como abogados afean al órgano presidido por Carlos Lesmes que no haya tenido en cuenta el impacto en la salud de los agentes judiciales. "Nada se recoge de las necesarias medidas que se han de adoptar una vez se reanude la actividad judicial, como las distancias entre los funcionarios, los trabajadores, profesionales, partes y testigos (esto en sedes y salas de vistas de tamaño muchas veces muy reducido) y nada se establece sobre el uso de equipos de protección a las sedes judiciales", lamentan desde el foro de abogados Hermandad Jurídica, que reúne a más de 140 letrados sobre todo del ámbito de la Responsabilidad Civil.

Las medidas no son efectivas y se han propuesto de arriba abajo, sin consultar con quienes están todos los días en los juzgados

Representantes de dicho foro legal consideran que las medidas que plantea el CGPJ "no son efectivas" y se han propuesto de "arriba abajo, sin consultar con quienes están todos los días en los juzgados".

Por otro lado, trasladan que instar a los órganos judiciales a dictar sentencias in voce provocará un aluvión de recursos ante instancias superiores ya que muchos aspectos no quedarán bien atados en las resoluciones.

También ven infructuosa la medida de especialización de la jurisdicción civil más allá del ámbito territorial del partido judicial para hacer frente al incremento de demandas. El CGPJ pone como ejemplo para ello la especialización de los juzgados de cláusula suelo, que desde el foro de abogados recuerdan "tienen una demora de una media de tres años".

En resumen, tanto los magistrados como los letrados critican que el plan no se anticipa a las necesidades concretas que se darán en la Justicia por la pandemia del coronavirus para hacer frente a ellas. "Un plan de esta naturaleza debería fijar criterios para identificar desde ahora mismo qué órganos judiciales van a verse en esa situación de dificultad, cómo deberían planificarse estos señalamientos y qué medidas de refuerzo serán necesarias para cumplir el objetivo de que aquellos asuntos que se han visto afectados por la suspensión no sufran una demora excesiva para ser atendidos", afirman desde la AJFV.