Mariano Rajoy podría ser penalizado con una cantidad que oscila entre los 601 y los 1.200 euros si se verifica que se ha saltado el confinamiento, según los criterios de graduación de las propuestas de sanción que el Ministerio del Interior ha trasladado a las delegaciones del Gobierno a fin de homogeneizar los criterios de actuación.

El documento, firmado por Fernando Grande-Marlaska y fechado a las 21.26 horas de este martes, detalla las circunstancias más comunes que los agentes de la autoridad vienen constatando sobre el terreno desde que se declaró el estado de alarma y se acordaron las medidas de restricción de movimientos de vehículos y personas para tratar de contener la propagación del corovonavirus.

El titular de Interior confirmó este martes que "se están realizando las investigaciones oportunas para comprobar" si el ex presidente del Gobierno se ha saltado las limitaciones acordadas, después de que La Sexta difundiera unas imágenes en las que se ve a Rajoy vestido con ropa deportiva en las inmediaciones de su domicilio en Madrid. Si se confirma que el ex líder del PP no ha cumplido las restricciones, podría enfrentarse a una sanción mínima de 601 euros.

Interior precisa que se trata de una comunicación "de carácter meramente orientativa" para los órganos instructores de los expedientes sancionadores que han de resolver las denuncias que levantan guardias civiles y policías nacionales, autonómicas y locales cuando constatan el incumplimiento de las limitaciones establecidas.

De esta forma, para un desplazamiento no autorizado sin la existencia de circunstancias concurrentes se propone una sanción de 601 euros. Esa cuantía se duplicaría en el caso de que se constante una persistencia en la vulneración de la restricción.

La realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales se penalizaría con 2.000 euros, si bien ello dependería de la reiteración. Algo mayor podría ser el castigo en el caso de que se detecte la presencia de menores o personas con discapacidad en el interior de un vehículo sin causa justificada: 1.500 euros.

Cuadro con las propuestas de sanción formuladas por Interior para los incumplimientos más frecuentes.

En el caso de los desplazamientos no autorizados a las segundas residencias, se propone una sanción de 1.500 euros, al igual que si el infractor trata de forma deliberada de evitar o dificultar su identificación. Si el acta se levanta por la organización o participación en actividades en común como festejos y celebraciones, la propuesta es de 10.400 euros. Es el mismo importe que en el caso de que el infractor -sin llegar a constituir infracción penal- tiene una actitud violenta o amenazante hacia el agente de la autoridad.

Policías y guardias civiles han levantado ya más de 650.000 denuncias desde que se declaró el estado de alarma por incumplirse las medidas acordadas

Interior deja claro en el documento que esta docena de supuestos "no constituye una relación cerrada a modo de numerus clausus", pudiendo enriquecerse "con las prácticas que los propios agentes e instructores de los expedientes puedan transmitir".

"Para la proporcionada graduación de las sanciones" que se propongan por el incumplimiento de las medidas establecidas en el decreto que regula el estado de alarma "resulta trascendental que los boletines de denuncia reflejen lo más precisamente posible los hechos objeto de denuncia y las circunstancias concurrentes en cada caso a fin de que las mismas sean tenidas en cuenta por el instructor del expediente sancionador", detalla la comunicación.

En concreto, se propone a los agentes a la hora de valorar los hechos la actitud del denunciado hacia ellos, el nivel de riesgo que la infracción haya supuesto para la seguridad ciudadano o la salud pública, la reiteración en el incumplimiento, la dificultad en la identificación y el dolo de la conducta, como desplazamientos no permitidos a segundas residencias.

El ministro del Interior cifró este lunes en más de 650.000 las denuncias que los policías y guardias civiles han practicado desde que se declaró el estado de alarma por incumplir las limitaciones acordadas. Grande-Marlaska dijo que la actuación no tiene un "fin recaudatorio" y que el dinero se ingresará en el Tesoro cuando las sanciones sean firmes y se ejecuten.