El Ministerio de Educación y las consejerías del área de las distintas comunidades autónomas no han conseguido llegar a un acuerdo durante esta semana de negociaciones. El miércoles, mantuvieron una reunión para establecer una hoja de ruta, de cara al final del curso 2019/2020, que permita solucionar las deficiencias formativas provocadas por el abandono de las aulas hace ya más de un mes.

Entre las medidas con las que el Ministerio de Educación y los consejeros autonómicos han llegado a un acuerdo -al menos de manera parcial- se encuentran la posibilidad de abrir de colegios en julio para ofrecer a los alumnos clases de refuerzo y actividades; adaptar el temario del curso 2020/2021 para recuperar las lecciones que no se han podido dar en el último trimestre de este año; y no evaluar los contenidos explicados durante el confinamiento. Pero también se estableció que se limitaría al máximo el número de repetidores. Es este punto el que ha centralizado la polémica.

Save The Children y alrededor de 40 organizaciones y especialistas "de distinta posición ideológica" habían pedido previamente a la ministra Isabel Celaá que se tomasen estas medidas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, tal y como explica el experto en el área de esta organización, Álvaro Ferrer, a El Independiente. Sin embargo, "las normas legales necesarias para ejecutar" estas medidas no se habían concretado al término de este encuentro y, desde Save The Children, muestran una especial preocupación por "el aspecto de la repetición" del curso.

"Ningún alumno perderá el curso escolar por el Covid-19", dijo el miércoles tras la reunión la ministra de Educación y Formación Profesional, que ratificó además que la promoción este año será "la normal general", "con mayor motivo" tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia, especialmente para los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y FP.

Pero la titular de la cartera de Educación no ha fijado cuáles serán los criterios específicos que deben seguir los colegios e institutos para permitir que los alumnos avancen en su carrera educativa. Lo que sí dijo en una comparecencia ante los medios en el Palacio de la Moncloa es que "la repetición este curso", en el que no habrá un aprobado general, como se malinterpretó en un principio, "será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente justificada".

Este viernes, en la rueda de prensa conjunta con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, la ministra de Educación llegó a afirmar que sólo repetirán curso los estudiantes que no hayan hecho "nada" en ninguno de los tres trimestres escolares. Asimismo, señaló que "no corresponde al Ministerio fijar el número de suspensos" máximos con los que un alumno puede pasar al siguiente curso, ya que "este acuerdo no altera la legislación básica" en vigor, es decir, la Lomce, a la espera de que evolucione el proyecto de ley educativa de Celaá, que ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros.

Esa falta de concreción es la que ha llevado a varias comunidades autónomas a desmarcarse de la senda del Ministerio. Este jueves, los gobiernos de Andalucía, Castilla y León, País Vasco y la Comunidad de Madrid, anunciaron que no aplicarán este acuerdo de "carácter vinculante".

"Queremos que  haya un marco que garantice que se reduzca al máximo la repetición de curso", indica Álvaro Ferrer, ya que la no superación del año escolar, "sumada a la carga psicológica que ya va a tener" el alumno por esta crisis del coronavirus, podría suponer un desarrollo de "nefasto del próximo curso, en términos de su trayectoria educativa".

A las cuatro regiones, que suman 2,7 millones de alumnos entre primaria, secundaria, bachillerato y FP, se une Murcia, que tampoco suscribirá el documento, aunque aseguran que acatará la decisión del Ministerio de Educación de reducir todo lo posible la repetición del año escolar. Por su parte, Cataluña, que el miércoles mostró su sintonía con las medidas del Gobierno, no aceptó este jueves el documento, aunque tampoco lo rechazó, y señaló que está ultimando su propio decreto.

La ministra reconoció este viernes que, aunque "la inmensa mayoría de las comunidades se han adherido al acuerdo en su integridad", hay "otras, las menos, [que] han mostrado su disconformidad con alguno de los puntos". Primero fueron Madrid y Murcia los que, en un tono beligerante, mostraron su rechazo, y les siguieron Andalucía y Castilla y León, con un discurso más moderado.

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, exigió al Ministerio unos criterios "homogéneos" para todo el territorio nacional que den "uniformidad" y que, a su vez, ofrezcan "igualdad" al alumnado en lo relativo a la promoción de curso y a la obtención del título. Además, Galicia, gobernada también por el Partido Popular, señaló que, aunque la solución elegida respecto a la promoción no le gusta, la aceptaría por "responsabilidad institucional".

Por su parte, País Vasco expresó sus discrepancias con el texto "por una cuestión de competencias". La ministra indicó el viernes que se tratará de "flexibilizar los criterios de evaluación" para que "nadie quede atrás". "Sería una pena que, compartiendo el concepto, no pudiésemos ir todos juntos", dijo Celaá.

Final del curso en junio

El Ministerio y los consejeros se mostraron favorables a abrir los centros educativos durante el mes de junio, aunque las comunidades han solicitado recursos económicos al Gobierno para poder hacerse cargo de los "pagos adicionales al personal docente". Este mecanismo recuerda al formato del programa PROA, que se extinguió en 2012 y que Andalucía, Castilla y León y Cataluña reproducían en julio para apoyar a los alumnos más rezagados.

Hay que poner "recursos encima de la mesa para que se pueda hacer una oferta de ocio y también de refuerzo durante el verano, y sobre todo el próximo curso", indica Álvaro Ferrer.  Ya de cara al año que viene, "vamos a necesitar un refuerzo si queremos que esos chavales no se desconecten del sistema y que esto no conduzca a un aumento del fracaso y del abandono escolar", a través de las clases extraexcolares de refuerzo, opina el experto de Save The Children.

Para que se lleve a cabo esta medida, se necesita "profesorado extra y más orientadores, ya que van a ser muy necesarios por las consecuencias psicológicas que van a producirse por el confinamiento", resalta Ferrer. 

Los alumnos que van a hacer la Selectividad son los que tienen un camino más incierto, ya que lo único que se ha anunciado es la fecha de estos exámenes, que se celebrarán entre el 22 de junio y el 10 de julio, aunque no se sabe con certeza si podrá ser así.

"Estamos en una circunstancia en la que es difícil asegurar la igualdad de oportunidades. Hay familias que comparten un espacio más pequeño o que pueden tener más tensiones, y todo esto se arrastra, por lo que creemos que va a ser una prueba más desigual la que se haga este año por las condiciones actuales", destaca Ferrer.

Además, Celaá señaló que el Ministerio y las comunidades no tienen "un plan B" para la Selectividad en el caso de que la evolución de la pandemia desaconseje su celebración presencial. Díaz Ayuso ya ha asegurado que adaptará espacios de Ifema para que los estudiantes de la Comunidad de Madrid puedan realizar allí estas pruebas.