España se dirige sin freno hacia una tercera prórroga del estado de alarma al menos hasta el 10 de mayo, si bien, tal y como notifican los expertos y diversos estudios internacionales, la normalidad que conocíamos antes de la pandemia tardará aún mucho en llegar.

Y el Gobierno trabaja ahora en el plan de desescalada progresiva aún por definir, con la pelota encima de su tejado para abordar de forma generalizada medidas como que los niños puedan salir acompañados de un adulto, aunque con la presión cada vez mayor por parte de diversas plataformas, ayuntamientos y autonomías para que apueste por un proceso de desconfinamiento por territorios, relajando las medidas primero en la conocida como España rural, más vulnerable de cara a la crisis económica que las grandes urbes y, en muchos casos, con una escasa incidencia del virus.

"¿Es más seguro ir a un gran supermercado que pasear solo por una calle de cualquier aldea donde difícilmente te vas a encontrar con vecindario?", son algunas de las preguntas que plantean algunos formularios en Change.org que han comenzado a circular en los últimos días por las redes sociales.

En este sentido, son los archipiélagos los que más se están movilizando para reclamar al Gobierno que el comité de desescalada que dirige la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no homogenice los criterios de desconfinamiento y tenga en cuenta las particulares características insulares. Se trata de un guante que, por el momento, no ha recogido el Ejecutivo. "El confinamiento asimétrico de todo el país está dando resultados para combatir la pandemia", explicaba la ministra portavoz, María Jesús Montero, el pasado viernes, en una interpelación relacionada con la caída del PIB de las islas por la paralización del sector turístico, justificando el rechazo a que levanten antes las restricciones. "El turismo es una industria fundamental en toda España", argumentaba.

En el caso de las Islas Baleares, el ejecutivo liderado por Francina Armengol (PSOE) solicita esa flexibilización del confinamiento exponiendo que la infección se ha superado sin llegar al colapso de los hospitales y con la mitad de las camas UCI libres, ya que el archipiélago, con una economía basada casi únicamente en el turismo, "necesita más tiempo para recomponerse" que regiones donde tiene más peso el sector primario o el industrial. El Govern ha sido uno de los primeros ejecutivos autonómicos en calcular el impacto que tendrá el coronavirus en la economía regional, con una caída del 31,6% del PIB y del 29,2% de la ocupación.

"Debemos trabajar para que esta previsión no se cumpla", declaraba el conseller de Turismo, Iago Negueruela, a principios de semana. El total de casos acumulados en las islas es de 1.748, de los cuales sólo 642 siguen activos.

Al Ejecutivo balear se suman las reivindicaciones del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien entiende que "Canarias no tiene que esperar" a lo que se acuerde en otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña e incide en que si los puertos y aeropuertos se mantienen cerrados, se pueden ir recuperando determinadas actividades económicas y abrir algunos espacios. "Teniendo seguridad no tenemos que esperar a otros territorios", aseveraba este viernes tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El archipiélago acumula 2.035 casos confirmados, de los que se han recuperado 785. En 24 horas y de acuerdo con el último balance oficial facilitado por el Ministerio de Sanidad, el número de positivos aumentó en 26 casos frente a las 55 altas.

Y un dato más que se suma al argumentario de las reivindicaciones del Gobierno canario: seis de las ocho islas llevan al menos una semana sin presentar nuevos casos. En El Hierro, por ejemplo, se cumplen cuatro semanas sin positivos, mientras que La Gomera acumula 19 días sin contagios y Fuerteventura y Lanzarote suman una semana libres de nuevos casos. Pero el caso más significativo es el de la pequeña isla de La Graciosa que, con algo más de 700 habitantes y sin conexión aérea, no ha conocido ningún caso de Covid-19, aunque se aplican del mismo modo que en el resto del territorio nacional las estrictas medidas de confinamiento.

Arguyen además que el Gobierno se ha gastado seis millones de euros en material de protección que podría servir para ocho semanas e, incluso, para 18 semanas en el caos de las mascarillas. "Estamos en buenas condiciones de responder ante un repunte si fuera necesario", explicaba el consejero de Sanidad canario, Julio Pérez, con una ocupación hospitalaria actualmente de la mitad de su capacidad.

La España rural, con "acento diferenciado"

En la última conferencia entre el presidente del Gobierno y los líderes autonómicos, presidentes como el socialista Javier Lambán trasladaron a Pedro Sánchez la necesidad de que la España rural salga antes del confinamiento dentro de una salida escalonada, reactivando actividades que, "sin ser peligrosas", suponen un incentivo para las economías más vulnerables, como la caza o "ir con normalidad al huerto". "La España rural, por su naturaleza demográfica y económica, ofrece ventajas para la normalización de la vida social y económica", abogaba Lambán.

Se trata de una reivindicación que defienden también los jefes de los ejecutivos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Sin ir más lejos, Ximo Puig reclamaba al Gobierno una desescalada con "acento diferenciado" porque "la pandemia no actúa igual en todos los territorios", analizando caso por caso y relajando las medidas salvo en focos poblacionales de esta España vacía donde el virus se haya cebado.

Las voces disonantes respecto a la estrategia homogeneizadora del Gobierno llegan también desde Teruel Existe, la plataforma mayoritaria de la España vacía, desde donde alegan que la despoblación y las malas conexiones en tren o autovía han servido por una vez como "escudo" para frenar el avance de la pandemia y que, por ese mismo motivo y salvo casos concretos e identificados, se debe atender a una fase de desescalada particular para estos territorios.

Advierten que el golpe económico puede venir en dos vertientes: sobre las cosechas, por la ausencia de mano de obra, impactando sobre un sector primordial en estos territorios; y en el ámbito de la restauración y el turismo. Tal y como publicó este medio, alcaldes de diferentes comarcas de la España vaciada advierten que la crisis económica derivada del coronavirus puede agravar el problema de la despoblación si el Gobierno no presenta un plan concreto para, por ejemplo, poblaciones con menos de 5.000 habitantes.

En redes sociales, uno de los políticos que han levantado el debate sobre este movimiento reivindicativo, retuiteado por otros regidores de la España rural, ha sido el alcalde de Alcañiz (Teruel), el socialista Ignacio Urquizu, quien insiste en que "nuestra forma de vida limita el contagio social" y resulta "injusto tratar igual al que es desigual" en el marco de una España que siempre se ha movido "a dos velocidades".