La experiencia profesional de su día a día como letrado de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana desde hace dos décadas y la peripecia personal que vivió para conseguir un documento oficial cuando un proyecto urbanístico en Alicante amenazaba con expropiarle la casa le llevaron a elegir la transparencia como tema sobre el que giró su tesis doctoral, defendida meses antes de que se aprobara la ley que regula el acceso a la información pública (diciembre de 2013).

Miguel Ángel Blanes Climent (Alcoy, Alicante, 1972) ha demostrado ser un corredor de fondo, no sólo por haber corrido una veintena de maratones. También lo acredita su lucha por conseguir que las administraciones públicas sean menos opacas. Desde su confinamiento, el especialista critica que el Portal de Transparencia haya dejado de funcionar y que el Gobierno no esté dando publicidad a todos los contratos que ha adjudicado en la lucha contra el coronavirus. "La transparencia se alimenta de los hechos, no de las palabras. Hay que predicar con el ejemplo", proclama.

Pregunta.-¿El estado de alarma justifica que el Gobierno haya suspendido en la práctica el Portal de Transparencia?
Respuesta.-No, en absoluto. No está amparada por la normativa vigente. La ministra portavoz del Gobierno ha dicho que el Portal de Transparencia en sí no está suspendido, sino los plazos para publicar la información. Es lo mismo. A efectos reales y prácticos, el Portal de Transparencia ha dejado de funcionar y, por ejemplo, no publica los contratos adjudicados de emergencia por el Ministerio de Sanidad, cuando la propia Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado -en una nota informativa publicada en la página web del Ministerio de Hacienda- indica que todos los contratos de emergencia adjudicados con motivo de la covid-19 deben publicarse en el Perfil del Contratante y en el Portal de Transparencia. 

P.-El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública, ha difundido una nota en la que dice que el Portal de Transparencia "está funcionando con normalidad" y que continúa ofreciendo información "relevante y actualizada". Pero los contratos de compra de material para luchar contra el coronavirus que han adjudicado Sanidad o Transportes siguen sin aparecer...
R.-En efecto. Los contratos adjudicados por los Ministerios de Sanidad y Transportes por el procedimiento de emergencia siguen ocultos. La nota informativa confirma que durante el estado de alarma no se resuelven las solicitudes presentadas por los ciudadanos sobre la gestión de la covid-19. Es imposible acceder a esta información. La nota informativa traslada la responsabilidad al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: "Se le comunicó el 18 de marzo, sin indicaciones en contra, por su parte, como órgano supervisor de la materia".

El Gobierno debe mostrar también una transparencia excepcional. Si el ciudadano no sabe lo que pasa se genera un ambiente propicio para la proliferación de bulos"

P.-Si el acceso a la información pública está regulado por una ley y ésta no se ha derogado ni se ha suspendido, ¿cómo se explica esta situación de opacidad en las contrataciones?
R.-El real decreto del Gobierno por el que se declaró el estado de alarma, posteriormente convalidado por el Parlamento y por tanto con valor de ley, contiene una suspensión general de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (disposición adicional tercera) y, entre dichos procedimientos, el Ejecutivo considera -indebidamente en mi opinión- que también están incluidas todas las solicitudes de acceso a la información pública, así como los plazos para publicar la información en el Portal de Transparencia, se refieran o no a los hechos justificativos del estado de alarma.

P.-¿Qué razón ve detrás de la decisión de que, en la práctica, no puedan tramitarse peticiones de información desde hace semanas?
R.-Desconozco las razones que puedan existir. El estado de alarma no debe alarmar. Se trata de una situación en la que el Ejecutivo tiene poderes excepcionales. Como justa contrapartida, el Gobierno debe mostrar también una transparencia excepcional. Si la ciudadanía no está informada, no sabe lo que está pasando y es normal que se alarme y se genere un ambiente propicio para la proliferación de bulos y noticias falsas. 

P.-¿Deberían al menos tramitarse las peticiones relacionadas con la covid-19?
R.-Por supuesto. Así venía previsto en la primera versión del real decreto por el que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo. Se decía que los plazos y procedimientos referidos a "situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma" no quedaban suspendidos. Sin embargo, sin explicación alguna, tan solo cuatro días después, se modificó dicho real decreto para permitir que cada entidad pública pueda decidir libremente si continúa o no con la tramitación de los procedimientos vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma, por ejemplo las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con la covid-19. En la práctica, dichas solicitudes están paradas, no se están tramitando. La web del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado advierte de que los plazos para tramitar dichas solicitudes están suspendidos. 

El estado de alarma no justifica que el Gobierno haya suspendido en la práctica el Portal de Transparencia. No está amparado por la normativa"

P.-¿Se busca el apagón informativo?
R.-No sé si se busca de forma deliberada pero lo que está claro es que, una vez detectada esta falta de transparencia, el Gobierno podría fácilmente cambiar su decisión y tramitar al menos las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con la covid-19 y publicar los contratos de emergencia en el Portal de Transparencia. La primera versión del real decreto por el que se declaró el estado de alarma fue modificada a los cuatro días. Es muy sencillo volver a cambiarlo para demostrar una voluntad decidida de ser transparente y evitar el apagón informativo durante el estado de alarma. La transparencia se alimenta de los hechos, no de las palabras. Hay que predicar con el ejemplo.

P.-Usted mantiene que, en el caso de las peticiones que formulen periodistas sobre la covid-19, no sólo no deberían suspenderse los plazos sino que tendrían que recortarse por razones de urgencia para favorecer un acceso de la ciudadanía más rápido a la información. Explíquese…
R.- Los periodistas son una pieza esencial en una democracia. Contribuyen a mantener una opinión pública libre e informada. Sin periodismo libre no hay democracia. Es así de sencillo. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Si los periodistas tienen que esperar, como mínimo, el plazo general de un mes para recibir una respuesta y luego desesperar con posibles reclamaciones y recursos que retrasan meses o años el acceso a la información pública, ¿cómo pueden desempeñar su trabajo con rapidez y eficacia? No pueden. Cuando acceden a la información, lo hacen tan tarde que el asunto ha perdido interés público. Siempre he defendido que los periodistas, en asuntos de evidente interés público, deberían poder acceder a la información en un plazo máximo de cinco días. De lo contrario, la Ley de Transparencia no les sirve. Retrasar el acceso a la información es una forma injusta de denegarla.

P.-Es llamativo que la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) haya tenido que difundir una declaración -suscrita, entre otros, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España- para que los gobernantes sean sensibles con el derecho de acceso a la información de la ciudadanía en el marco de la pandemia global del coronavirus.
R.-La declaración fue adoptada el 14 de abril y apenas se ha difundido. Salvo error por mi parte, esta declaración no está publicada en la página del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. No solo debería estar en un lugar destacado de la web, sino también debería ser difundida de forma activa.

P.-¿La suspensión de un derecho como el acceso a la información pública no es más propio de un estado de excepción que de alarma?
R.-Efectivamente. Es más, ni siquiera en un estado de excepción podría tener cabida una suspensión absoluta y generalizada del derecho de acceso a la información pública. Me refiero, sobre todo, a la suspensión de los plazos para tramitar las solicitudes de acceso y publicar la información en el Portal de Transparencia relacionados con la gestión de la covid-19.  

El Ejecutivo tiene que publicar todos los contratos de emergencia adjudicados por la covid-19, como le ha dicho la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado"

P.-¿Entiende la obstinación del Gobierno por no revelar el nombre del intermediario que suministró los test fallidos que hubo que devolver?
R.-La opacidad genera desconfianza. Es normal que las personas puedan pensar que hay algo que ocultar. Al no conocer el objeto de los contratos de emergencia adjudicados, ni su precio, ni la identidad de los adjudicatarios, nadie sabe nada y es lógico que surjan especulaciones de todo tipo. La transparencia es el mejor desinfectante, y no solo en tiempo de virus.

P.-La disposición adicional tercera del decreto por el que se regula el estado de alarma establece la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, pero no dice que no se dé publicidad a las adjudicaciones como ha recordado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado…
R.-Exacto. El tema es muy claro. El Ejecutivo solo tiene que hacer lo que su propio organismo especializado en materia de contratación pública le está diciendo que haga: publicar todos los contratos de emergencia adjudicados con motivo de la covid-19. 

P.-Muchos hospitales sí están publicando en la Plataforma de Contratación las compras de material médico. ¿Por qué lo que pueden hacer unos no lo hace quien debería dar ejemplo de transparencia?
R.-Por falta de voluntad. Si no se publica esa información, acceder a ella será complicado: llevará, como mínimo, muchos meses, incluso años. Se pretende retrasar la información para que cuando se acceda a la misma ya no tenga valor, el asunto ya no tenga interés público. La publicación de esos contratos por parte de algunas entidades públicas deja en evidencia a las entidades que no los publican, pudiendo y debiendo hacerlo. 

P.-¿La experiencia de esta crisis sanitaria no es el argumento definitivo para que, cuando se recupere la normalidad, se acometa la reforma de la Ley de Transparencia a fin de que no se pueda bloquear el acceso a la información ni en tiempos de pandemia?
R.-Sin lugar a dudas. En esa reforma habría que regular el ejercicio de este derecho y el funcionamiento del Portal de Transparencia para evitar su bloqueo durante la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. De lo contrario, la Ley de Transparencia será una convidada de piedra con poca utilidad real.