Moncloa tenía diseñado y cerrado un exhaustivo calendario de la mesa por la reconstrucción social y económica, que culminaba en julio y que, aún reconvertida en comisión parlamentaria, podría cumplir los mismos plazos. En el documento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado a distintos interlocutores en la ronda de contactos que inició el pasado jueves, y al que ha tenido acceso El Independiente, se señala a julio como el mes de aplicación de dichos consensos, a través de un "acuerdo inter-institucional entre el Gobierno de España, las CCAA y las Entidades Locales para la implementación" de dichos pactos.
Julio venía precedido del siguiente calendario, a saber, entre los días 21 y 30 tendría lugar la primera reunión por videoconferencia de la mesa, ahora, si todos lo aceptan, de la comisión parlamentaria. Durante mayo se desarrollarán las reuniones de la misma. El 1 de junio se cumpliría el límite del plazo "para elevar las conclusiones y propuestas" para que en la primera quincena de julio se alcanzara ese acuerdo inter-institucional, antes citado.
Además, el modelo de Moncloa aseguraba el total protagonismo del Gobierno en la llamada mesa para la reconstrucción social y económica de España. La idea era que a dicha mesa asistieran, por parte del Gobierno, el presidente, que hubiera liderado la primera reunión "y aquellas que considere oportuno", y los cuatro vicepresidentes, que también hubieran asistido a la primera reunión y todas aquellas veces en que hubiera sido necesaria su presencia "en razón de los temas que se vayan a tratar". La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, iba a ser la coordinadora del trabajo de la mesa y dirigiría las reuniones en ausencia de Sánchez.
En los grupos de trabajo hubiera habido tres representantes del Gobierno además de los portavoces de las fuerzas políticas con representación parlamentaria en función de su fuerza en la Cámara. Los partidos con entre 1 y 5 diputados sentarían a 1 representante; entre 6 y 10, dos; entre 11 y 25, tres: entre 26 y 50, cuatro; entre 51 y 75, cinco; entre 76 y 100, seis, y, por último, el PSOE con 7. Y habría en cada uno de esos grupos un máximo de tres miembros el Gobierno.
La gran cuestión ahora es quién presidirá la nueva comisión parlamentaria
Con el cambio de formato, la gran cuestión que se plantea ahora es quién presidirá la nueva comisión parlamentaria por la reconstrucción y quiénes ejercerán de vicepresidentes y secretarios de la misma. Sólo acordar esta composición puede convertirse en "casus belli" entre los distintos Grupos, además de quitar una cuota importante de protagonismo al Gobierno, puesto que ni siquiera es obligado que un miembro del Ejecutivo ni un diputado socialista la presida.
La intención inicial era crear cuatro grupos de trabajo distintos, para abordar una serie de cuestiones que podrían servir a modo de guión para la tarea de la nueva comisión parlamentaria. La primero alude a la reactivación económica "con especial atención a los sectores más afectados de impulso de la economía". También se trataría en este capítulo los temas referidos a educación, ciencia e investigación y cualquier otra materia que se acuerde. La segunda se centraría en el estado del bienestar; la cuarta en Sanidad y salud pública "para el reforzamiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras", y la quinta abordaría los asuntos referidos a Europa.
Iván Redondo asumía el secretariado de todos los trabajos
Estos grupos de trabajo podían invitar "a expertos o representantes de entidades de la mayor relevancia en cada ámbito, para que realicen una exposición, estructurada en diagnóstico y recomendaciones, de no más de media hora de duración", cosa que también permiten las comisiones parlamentarias, según el formato que Casado ha exigido a Sánchez en su reunión de este lunes.
Además, el modelo monclovita inicial creaba una red de coordinadores del Gobierno y oposición mientras que el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General, iba a asumir "el secretariado de la Mesa para la reconstrucción social y económica y de los grupos de trabajo, así como cuantas cuestiones de coordinación operativa y logística resulten precisas", de modo que Iván Redondo hubiera controlado la marcha de todos los trabajos. No habrá grandes cambios en cuanto al escenario que iba a acoger estos encuentros, puesto que ya adelantaban en el documento que la sede física de los mismos iba a ser "preferentemente" el Congreso de los Diputados, aunque "los participantes podrán acordar su celebración telemática o en otro lugar diferente".
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