El Ministerio de Sanidad tuvo que desembolsar por adelantado el 35 % del precio que pactó con la empresa que le vendió el lote de 659.000 test de diagnóstico del coronavirus y que ha tenido que devolver por no ofrecer la sensibilidad mínima que exige la Unión Europea. Ello supuso un desembolso de algo más de seis millones de euros, según se detalla en la memoria justificativa de la contratación.

El departamento que dirige Salvador Illa ha reclamado los casi siete millones de euros que en total ha abonado ya a Inter Pharma por la parte del pedido recibido, después de que haya renunciado definitivamente al suministro al resultar también fallida la remesa con que sustituyeron la primera entrega. Se desvela así el enigma de la empresa que intermedió en esta operación, toda vez que tan sólo había trascendido la identidad del fabricante: Shenzhen Bioeasy Technology.

El pasado 8 de abril, la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia envió un burofax a la empresa por el que le reclama la devolución de los 6.998.035 euros que le había abonado tras presentarle al cobro tres facturas. Sanidad renuncia a seguir adelante con el contrato al considerar que la calidad del producto entregado por el adjudicatario no es satisfactoria.

El Ministerio basaba su renuncia en los resultados de los estudios de fiabilidad realizados por el Instituto de Salud Carlos III, que, en sendos informes fechados los días 24 y 30 de marzo, concluyó que la sensibilidad de los test estaba muy alejada de los niveles que se exigen para que el producto pueda llevar el 'marcado CE'.

"En consecuencia, no siendo los bienes suministrados aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables a Inter Pharma y existiendo la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin", Sanidad ha optado por rechazar la mercancía que le ha entregado el suministrador y requerirle la devolución del dinero que ya le ha pagado.

En un comunicado, el laboratorio español ha confirmado que devolvió el dinero el pasado 17 de abril y ha explicado que cuando se cerró el acuerdo disponía de "licencia para exportar sus productos y los test cuentan con el Marcado CE y el certificado TÜV que permiten su comercialización y venta en la Unión Europea". También ha añadido que el fabricante aportó "la documentación requerida sobre las certificaciones, estudios clínicos y protocolos de uso" para su presentación ante las autoridades españolas, que la "analizaron y validaron".

Sanidad reclama ahora a Inter Pharma la devolución de los siete millones que ya había desembolsado por los kits de diagnóstico

Inter Pharma es la empresa que cerró el contrato con el Ministerio para el suministro de dicho pedido de 659.000 test para el diagnóstico de la covid-19, pero no es el fabricante. El producto lo elabora la firma china Shenzhen Bioeasy Technology.

El acuerdo se cerró en 17.143.885 euros, por lo que Sanidad ha abonado ya el 40,8 % del precio acordado. Según detalla la memoria justificativa, Inter Pharma exigió cobrar por anticipado 6.000.359,75 euros, cantidad que representa el 75 % del montante en el que se presupuestó el pedido. Ello arroja un precio unitario de 26,015 euros.

La sobredemanda derivada de la expansión del virus por todo el mundo y la limitación de la producción ha provocado que la mayor parte de los fabricantes de material sanitario exija al menos una parte por adelantado para empezar a servir los encargos, lo que impide tener certeza de la calidad del producto que se está contratando.

Las vicisitudes de esta contratación se reflejan en el expediente que la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha publicado este martes por la tarde en la Plataforma de Contratación del Estado. Junto al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente también del Ministerio de Sanidad, se ha dado publicidad a 50 contratos que se habían adjudicado con carácter de emergencia y cuyo detalle se desconocía pese a las reiteradas peticiones que los medios de comunicación habían hecho al Gobierno y al tiempo transcurrido: algunas adjudicaciones están fechadas el 10 de marzo.

Publicidad a las contrataciones

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado -adscrito al Ministerio de Hacienda- había llegado a emitir una nota informativa en la que recordaba a las administraciones la obligación que tienen de publicar las contrataciones, incluso en las de emergencia como las tramitadas por Sanidad para hacer frente a la crisis de la covid-19.

Los citados expedientes corresponden a los contratos que Sanidad ha firmado con una treintena de proveedores para la compra de mascarillas, guantes de nitrilo, gafas protectoras, kits de diagnóstico, hisopos, batas desechables y respiradores, entre otros productos. También figuran dos contratos con sendas empresas de aviación que son las que se han encargado de volar a China para recoger la mercancía y transportarla hasta España.