La reunión del presidente del Gobierno con la Junta Directiva de la FEMP no transcurrió por cauces muy pacíficos a decir de distintas fuentes consultadas por El Independiente. No faltaron las trifulcas entre alcaldes de un signo político y otro, tampoco cierta incomodidad de Pedro Sánchez ante algunas intervenciones y una sensación agridulce de que culminó sin acuerdos aparentes, aunque las versiones no son unívocas. El enfrentamiento más llamativo fue el protagonizado por el alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, y el regidor zaragozano, el popular Jorge Azcón.

Defendía Azcón ante el jefe del Ejecutivo y en nombre de todos los alcaldes del PP la declaración de luto oficial, puesta a media asta de las banderas y crespón negro en señal de duelo por los más de 20.000 fallecidos de coronavirus. Fue Puente el que le espetó como argumento que "para qué vamos a poner las banderas a media asta si nadie las ve" debido a las medidas de confinamiento ciudadano.

Los alcaldes del PP pidieron a Sánchez que decretara luto oficial

El argumento irritó a los ediles populares, que salieron de la cita sin conseguir de Sánchez que declare luto oficial en el país, y eso a pesar de que otros regidores socialistas, como el de Ciudad Real y Burgos, han puesto las banderas municipales a media asta por petición de sus respectivos plenos, contra la opinión del Gobierno y de Ferraz.

También se percibió cierta tensión entre la alcaldesa de Santander, Gema Igual, del PP, y el propio Sánchez. La regidora santanderina, crítica con la actuación del Gobierno, se quejaba de no saber cómo trasladar a sus vecinos "que no hay mascarillas" o "que el gobierno nos tiene abandonados", a lo que Sánchez recordó que él también había sido concejal, en su caso de Madrid, y sabía de las relaciones tan directas que se establecen entre la alcaldía y los ciudadanos de cada población,. De hecho, el objeto de la reunión no era otro que pedirles que se implicaran en la "desescalada", que se inicia el día 26 con la salida de los niños a la calle, por ser la administración más cercana a los administrados

En definitiva, la reunión de la FEMP ha permitido visualizar dos bloques enfrentados, aunque no todo hayan sido discrepancias. Porque en lo que sí han coincidido los alcaldes que forman parte de la junta directiva de este órgano ha sido apelar a sus remanentes de Tesorería para hacer frente a sus problemas de liquidez con la caída de la recaudación, pero no sólo, también que se inyecten fondos para mantener otros servicios públicos claramente deficitarios como el transporte público por el hundimiento del número de viajeros.

Pero una vez más, difieren en el alcance de lo allí hablado. Mientras que el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha felicitado de que el Gobierno permita a las corporaciones locales usar sus 3.830 millones de euros de su superávit del año pasado, así como más de 7.000 de esos remanentes para costear el proceso de "desescalada" y reconstrucción, el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, denuncia "la ausencia de medidas de apoyo económico por parte del presidente" así como la constatación, ha agregado en conversación con El Independiente, de que "han llegado tarde las mascarillas y las ayudas sociales a los ayuntamientos".

Unanimidad en la petición de poder usar los remanentes de tesorería de las corporaciones locales

Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, también del PP, considera que el Ejecutivo ha convocado una reunión "totalmente estéril en cuanto a contenido en la que hemos constatado, una vez más, que abandona a su suerte a los ayuntamientos y diputaciones, que son la primera línea de batalla social contra la pandemia".

Y es que los alcaldes y presidentes de Diputación del PP han pedido movilizar nada menos que 40.000 millones de euros para la reactivación económica "y evitar la quiebra social" de los ciudadanos. De esos 40.000 millones, 7.000 sería de entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado. De hecho, el Gobierno sí adelantará a las Comunidades autónomas 14.000 millones por ese mecanismo.

La petición se formuló no sólo ante Sánchez sino también en presencia de la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero -a la que el PP acusa de querer "incautar" esos remanentes municipales- , y la de Política Territorial, Carolina Darias. El compromiso del Ejecutivo es celebrar este tipo de reuniones cada quince días con el objetivo de ir organizando la llamada "desescalada", para que la que todavía no hay fechas.