Durante décadas fue parte de la red social, económica y de difusión de su mensaje político. La justicia sentenció en 2014 que además operaba como canal de financiación del entorno de ETA e incluso como “base para el depósito de material y propaganda” destinado a la ‘kale borroka’. Seis años más tarde, la mayor parte de las ‘Herriko tabernas’ de la izquierda abertzale están a punto de cambiar de manos. El Estado ha activado el proceso para hacer cumplir la sentencia que obligaba a confiscar 107 de estos locales, distribuidos en municipios vascos y navarros, afines al entorno abertzale radical y que en muchos casos se encontraban desde hace más de tres lustros bajo administración judicial.

Sortu denunció ayer que la Audiencia Nacional ha comenzado a embargar las cuentas bancarias de las Herriko tabernas y de las sociedades que las gestionan. Es la primera fase de ejecución de la sentencia y que debería culminar con el decomiso de los locales, tal y como ratificó el Tribunal Supremo en junio de 2015. Es cuestión de tiempo que se pueda ver cómo agentes de la Guardia Civil acceden a algunas de las Herriko Tabernas para hacer cumplir la medida que supondrá que el Estado sea el nuevo propietario de los locales que tiempo atrás se emplearon para socializar el discurso político de la izquierda abertzale y en los que aún hoy se recibe a los presos de la banda a su salida de prisión. Una de las acciones más comunes es que un preso de ETA proceda a la retirada de su imagen de la pared de la Herriko Taberna de su pueblo una vez recuperada la libertad.

El último informe policial elaborado por la Ertzaintza, que data de 2017, revelaba que al menos 68 Herriko Tabernas continuaban operativas, algo más de una veintena habían cerrado y en cuatro casos el local había cambiado de actividad. La información policial también detallaba que en casi medio centenar de casos la actividad la regentaban los propietarios de los locales y en una docena se trataba de una actividad llevada a cabo por un tercero.

Han pasado casi cinco años desde que el Tribunal Supremo dictó la última palabra en este caso. Lo hizo condenando a una veintena de personas. En cinco casos, los más graves, con penas de 1 año y tres meses –reduciendo la condena impuesta inicialmente por la Audiencia nacional de tres años- por un delito de pertenencia a banda armada. Se trataba de altos representantes de la izquierda abertzale: Rufi Etxebarria, Joseba Permach, Joseba Álvarez, Karmelo Landa y Juan Cruz Aldasoro. Ninguno de ellos volvió a entrar en la cárcel, ya que la pena la habían cumplido en prisión preventiva poco después de que el juez Baltasar Garzón iniciara este proceso. A los otros 15 condenados se les impusieron también se les rebajaron –por dilaciones indebidas- las penas situándolas en un año y 10 meses. Ninguno ingresó en la cárcel. Además, se absolvió a 14 imputados.

"No podían ignorarlo"

La sentencia concluyó que se había podido probar que las Herriko Tabernas se habían convertido en “un servicio financiero al servicio del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, controlado por ETA, constituyendo una infraestructura logística para las actividades de organizaciones satélites como KAS/EKIN, Jarrai/Haika, Herri Batasuna y Gestoras Pro Amnistía que estaban controladas por el frente militar de ETA”. En la sentencia se apunta además que quienes figuraban como titulares de las ‘herrikos’ no podían ignorar, por ser “de común aceptación que HB y ETA eran lo mismo”, que la formación de la izquierda abertzale “gestionaba las herrikos”. Tampoco que los recursos que llegasen a la formación política procedente de estos locales “se ponía a disposición de la banda armada”.

En los últimos cinco años la ejecución del embargo dictado se ha demorado de modo importante. Hacer efectivo que las 107 Herriko Tabernas, tanto los locales como los bienes en su interior, pasen a ser propiedad de la dirección de Defensa del Patrimonio ha sido complicado. En noviembre del año pasado un auto determinó que no se podría completar loa liquidación del periodo bajo administración judicial y por tanto reflejarlo en un informe final de la actividad llevada a cabo durante 17 años por la administración judicial. De este modo, se daba por finalizada la administración y se podría proceder a hacer efectivo el embargo y confiscación de los locales.

A partir de ahora los establecimientos se deberían poner a nombre del Estado y posteriormente se abriría el camino para su subasta pública, si así se considera. Inicialmente en este caso no existe responsabilidad civil y por tanto lo recaudado no tendría por qué destinarse a fines relacionados con las consecuencias de la acción terrorista o de apoyo a las víctimas. En 2015 el Ministerio de Justicia señaló que se subastarían los locales y lo recaudado iría destinado al Tesoro Publico.

"Es un expolio"

En estos años muchas de ellas han continuado abiertas. Lo han hecho bajo una administración judicial, pero con cierta normalidad. Gran parte de estos locales están en manos de particulares y en otros casos pertenecen a entidades agrupadas como asociaciones culturales. También hubo quien decidió cesar en su actividad al tener que rendir cuentas ante un administrador judicial. En algunos casos la actividad ha cambiado, por lo que las Herriko Taberna como tal no existen. En estos años, este tipo de locales ha seguido abriéndose, si bien ante la desaparición de ETA y tratarse de establecimientos de nueva creación no se encuentran afectados por la sentencia del sumario 35/02.

La izquierda abertzale arremetió ayer contra la reactivación del proceso de confiscación. Sortu calificó de “ataque” que se comience a embargar cuentas bancarias y que en los próximos días se pueda proceder al embargo. En una nota afirmó que la sentencia “escandalosa” dictada contra las Herriko Tabernas ha sido el “mayor expolio político y económico desde la guerra de 1936”. Y añadía: “Es un enorme robo a la izquierda abertzale y a Euskal Herria”.

En su nota agradecía a las Herriko Tabernas que han seguido activas su “aportación política y cultural”: “Un esfuerzo que reconocemos y aplaudimos”. Sitúa esta nueva fase del caso dentro de un contexto que define como el “son de guerra por el coronavirus” iniciado por el Gobierno “al poner guardia civiles y militares en la primera línea de la propaganda”. Para Sortu, esta sentencia “debería pertenecer al pasado”: “El Reino español y sus aparatos estatales franquistas siguen empeñados en obstaculizar cualquier avance hacia la paz”.