El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado ete jueves que la equiparación salarial es un "compromiso" suyo pero ha supeditado el pago del tercer y último tramo a los "acuerdos de reconstrucción social y económica" que tendrán que adoptarse cuando se haya controlado la pandemia del coronavirus.

Así se ha expresado Grande-Marlaska durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha explicado las medidas que su departamento ha puesto en marcha para la gestión de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. Él es uno de las cuatro autoridades delegadas competentes nombradas por Pedro Sánchez cuando se declaró el estado de alarma.

El Ministerio del Interior tendría que desembolsar este año los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial, pactado en 2018 y que ha conllevado ya el desembolso de 560 millones en los dos últimos ejercicios.

Los primeros pasos se habían dado antes de que se declara la emergencia sanitaria con las reuniones que sindicatos policiales y guardias civiles habían mantenido por separado para fijar posturas acerca de qué porcentaje debería corresponderle a cada Cuerpo. La decisión final la tendrá que tomar el ministro o el secretario de Estado de Seguridad cuando se reúna la comisión de seguimiento del acuerdo, ya con la presencia de representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

El diputado del grupo confederal de Unidas Podemos Enrique Fernando Santiago Romero había instado al ministro a aclarar "rápidamente el falso rumor" sobre un hipotético problema para pagar el último tramo de la equiparación salarial. En su turno de réplica, Grande-Marlaska ha vinculado el abono de ese dinero y las convocatorias de plazas previstas para ingresar en la Policía Nacional y la Guardia Civil a los acuerdos que las fuerzas políticas adopten para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales que deje la covid-19.

Interior tiene pendiente el abono de 247 millones entre policías y guardias civiles para completar el acuerdo firmado en marzo de 2018

Antes de que estallara la crisis sanitaria, Interior aseguraba que los 247 millones se pagarían bien porque el Gobierno hubiera sido capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 o bien aprobando un real decreto ley. El bipartito PSOE-Unidas Podemos ha renunciado ya a negociar unas cuentas para este año, con lo que esa vía está descartada.

Entre los representantes de los policías nacionales y guardias civiles cundía la sensación de que el departamento que dirige Grande-Marlaska daría por cumplido el compromiso firmado por su antecesor en el cargo en marzo de 2018 sin tener en cuenta dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado con Juan Ignacio Zoido (PP): ni habrá correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» (la primera) ni se atisba por ahora el impulso a las "medidas legislativas que sean necesarias" a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan "una disfunción salarial" entre policías, como detalla el documento en su punto octavo.

De momento, el Gobierno impidió el pasado 3 de marzo la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la asociación Jusapol y respaldada con más de medio millón de firmas con el argumento de que es «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. También ha aducido que la aprobación de la iniciativa en los términos planteados conllevaría un desembolso "mínimo" de más de 1.878 millones de euros.

Reivindicación de hace 30 años

En un comunicado emitido el pasado viernes, Jusapol, que siempre ha sido muy crítica con el acuerdo firmado por el resto de organizaciones al considerar insuficiente el dinero comprometido por el Estado, ha exigido al Gobierno que cumpla la promesa del tercer pago mediante la vía del real decreto.

"Somos conscientes del momento que atravesamos, y queremos dejar bien claro que lo que reclamamos es el dinero que debería haberse abonado hace más de cuatro meses con la inclusión del tercer tramo en nuestras nóminas y que llevamos reclamando la igualdad que nos llevan negando durante más de 30 años. Pedimos lo que se nos debe y no un permiso a nuestro trabajo por la actual situación", defendió Jusapol.