El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este jueves en unos 5.000 el número de test para el diagnóstico del coronavirus a policías nacionales, guardias civiles y personal de Instituciones Penitenciarias, lo que representa el 2,94 % del total de sus funcionarios en caso de que no se hubiera repetido la prueba a una misma persona.

El titular de Interior ha ofrecido este dato durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, adonde ha acudido para dar cuenta de las medidas que ha puesto en marcha su departamento en relación con la crisis sanitaria de la covid-19.

Grande-Marlaska ha indicado que ya se han hecho unos 5.000 test entre los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil y personal de Instituciones Penitenciarias y que, "en los próximos días", se ampliarán a 30.000. Estos datos no han convencido a los grupos de la oposición, que consideran claramente insuficiente ese número y exigen pruebas masivas.

La realización de pruebas diagnósticas ha sido una de las principales reivindicaciones realizadas por sindicatos policiales y asociaciones profesionales en las últimas semanas para tratar de conocer qué agentes que habían estado en contacto con otros funcionarios que habían dado positivo o con síntomas estaban realmente contagiados.

"Además de contribuir a aplanar la curva de contagios en la sociedad, ha logrado aplanar y reducirla entre las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha destacado el ministro. Para ilustrar esta afirmación ha recordado que, si bien en la última semana de marzo se registraron 667 contagios entre los agentes, la cifra cayó a 128 en la semana que va del 15 al 22 de abril.

Más de 2.550 policías nacionales y guardias civiles están contagiados y otros 3.000 aislados por síntomas o haber estado en contacto con positivos

Según ha podido conocer El Independiente, en la actualidad hay 756 policías nacionales y 1.796 contagiados, mientras que el número de agentes aislados es de 1.224 (Policía) y 1.786 (Guardia Civil). Siete agentes del Instituto Armado, dos funcionarios del Cuerpo Nacional y un policía local han fallecido, junto a tres funcionarios de prisiones y cerca de una decena de vigilantes de seguridad.

El titular de Interior ha indicado que, a pesar del carácter positivo que ofrece esta tendencia, su departamento va a "continuar trabajando en reforzar la protección" de su personal para evitar que resulten infectados y causen baja en el servicio.

En este sentido, Grande-Marlaska ha cifrado en 6,3 millones el número de mascarillas (quirúrgicas y de los tipos FFP2 y FPP3) que se han distribuido entre sus funcionarios, entre los que se han repartido 1,5 millones de pares de guantes, 30.450 batas y 12.000 gafas protectoras.

Con estos datos, el ministro combate las continuas críticas de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que desde el inicio de la crisis vienen demandando medios de protección para los agentes y que han llegado a pedir a los tribunales de justicia que obligara a Interior a facilitarlos.

Críticas de la oposición

Fuentes policiales consultadas por este periódico reconocen que el material "sí está llegando ya", con independencia de que en determinadas unidades o servicios pueda haber puntualmente un déficit de material.

Los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con la gestión que de la crisis está haciendo el Ministerio del Interior, al que han acusado de "abandonar" a los colectivos profesionales que dependen funcionalmente de él por no haberle facilitado los medios de protección necesarios para trabajar con seguridad en primera línea.

Frente a estos reproches, Grande-Marlaska ha defendido que "desde el 24 de enero" se adoptaron medidas tras las recomendaciones formuladas por los servicios de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional y Guardia Civil. "Nuestros hombres y mujeres han sido protegidos desde el principio", ha mantenido.

Las aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en las sanciones a personas que saltan las limitaciones de movimientos durante el estado de alarma y la monitorización de redes sociales sobre episodios de desinformación tras las declaraciones del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago el pasado domingo han centrado también las exposiciones de los diputados de la oposición.

Grande-Marlaska defiende la persecución de los bulos: "No es libertad de expresión"

Como este miércoles en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior ha justificado que se vigile los bulos que lanzan "desaprensivos" poniendo en riesgo la salud pública. "Pretenden justificarlos como ejercicio de la libertad de expresión. No es libertad de expresión, son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos".

Según los datos facilitados por el ministro, hasta la fecha las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado 274 eventos de desinformación conocidos y bloqueado 45.773 dominios por actividades ilegales aprovechando la pandemia de la covid-19 o campañas de phishing usurpando la identidad de organismos oficiales, empresas públicas o bancos.

"La ciudadanía tenemos derecho a recibir información veraz y la recibimos. Lo que no tienen derecho, y en esto seré muy claro y muy contundente, son los desaprensivos a poner en riesgo nuestra salud aprovechándose de una situación de vulnerabilidad. Los bulos y la desinformación son los grandes aliados de esta enfermedad", ha apostillado.