El ámbito judicial se removió estos días a cuenta de una manifestación pública del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ésta, de la Sala Civil y Penal, condenó a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a 19 meses de prisión e inhabilitación por los delitos de atentado, lesiones leves y daños contra policías durante una manifestación contra un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés en el año 2014.

Tras conocer el fallo, afirmó Iglesias en su perfil de Twitter, "me invade una enorme sensación de injusticia". Consideró que Serra fue condenada por "protestar contra un desahucio vergonzoso" mientras "mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos". Las palabras del vicepresidente provocaron "profundo malestar" en el Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente emitió un comunicado contra lo que entendió como una injerencia entre poderes del Estado.

La mayoría de asociaciones judiciales tampoco vieron con buenos ojos el mensaje del vicepresidente del Gobierno. Una treintena de juristas, en contrapunto, salieron en su defensa al entender que existe una "presión corporativa contra una opinión libre". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se vio obligado a hablar del asunto en rueda de prensa y encuadró las palabras de su socio de Gobierno como secretario general de Unidas Podemos, no como miembro del Ejecutivo.

En este contexto, El Independiente recoge la voz de una de las opiniones del ámbito judicial, la de la decana de los Juzgados de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, sobre la crítica de Pablo Iglesias y sus consencuencias:

-¿Cree que el vicepresidente Pablo Iglesias debió abstenerse de opinar sobre la sentencia contra Serra?

Sólo hace falta repasar la hemeroteca para saber que hay muchos ricos poderosos que han sido condenados

-Pablo Iglesias, igual que todos los ciudadanos de este país, está amparado por la libertad de expresión. Pero cuando uno ostenta una representación institucional tan importante como la vicepresidencia del Gobierno, creo que debe abstenerse de hacer críticas descarnadas y en esos términos. Habla de injusticia de una sentencia, dice que el ciudadano percibe que los poderosos corruptos se quedan sin condena cuando, francamente, esto no se corresponde con la realidad. Sólo hace falta repasar la hemeroteca para saber que hay muchos ricos poderosos que han sido condenados. Por tanto, que un vicepresidente del Gobierno siembre esa desconfianza hacia la labor de los jueces creo que no favorece la convivencia democrática en un país ni el ajuste que le dio la separación de poderes que controla nuestra Constitución.

-¿Por qué merecieron sus palabras tanto reproche entre los jueces?

-Los jueces -en la inmensa mayoría, no te voy a decir que no haya jueces que a veces vayan más allá del comentario estrictamente jurídico sin ser portavoces de nada- sabemos la importancia que tiene el respeto al resto de poderes. A mi tampoco me gustan muchas leyes, por su contenido o por la redacción técnica de las mismas. Pero, como miembro de una asociación, cuando nos llaman desde el Ministerio de Justicia para hacer nuestras propuestas o a través de la comisión de Justicia, las solemos hacer desde posiciones constructivas, no desde el descrédito personal.

Las manifestaciones de Pablo Iglesias han derivado en ataques e insultos de otros miembros de Podemos o personas cercanas al partido a uno de los magistrados que dictó la sentencia

Las manifestaciones de Pablo Iglesias han derivado en ataques e insultos descarnados de otros miembros de Podemos o personas cercanas al partido a uno de los magistrados del Tribunal que dictó la sentencia, Celso Rodríguez Padrón. Es un profesional con tal conciencia de su trabajo que leer lo que leí sobre él me duele a nivel personal.

-¿Se refiere a un artículo que difundió Juan Carlos Monedero en su Twitter sobre el magistrado?

-Si, con su fotografía, poniéndole en la diana. En ese artículo, o en ese panfleto, no se cómo llamarlo, se hablaba de Rodríguez Padrón como un juez antifeminista. He trabajado con él y no le conozco un solo acto que pueda tachar de machista. Conoce el derecho penal al dedillo y es tan trabajador que en una situación concreta por lo que estamos viviendo por el coronavirus, he llegado a tener que pedirle que pare de trabajar ya porque si no va a acabar enfermando. No me parece justo poner a los jueces en la diana como están haciéndolo.

-¿Es la primera vez que una sentencia judicial recibe críticas tan directas desde la política?

-No, podemos recordar los comentarios del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el magistrado que hizo un voto particular en la sentencia de 'La Manada', del que dijo que tenía un "problema singular". Recuerdo a parlamentarios del Partido Popular calificando al magistrado José Ricardo de Prada de "estar en sintonía con proetarras" o a Santiago Pedraz de "pijo ácrata".

En la sesión de investidura ya nos marcaron el camino de cuál sería la posición de los socios de Gobierno respecto de los jueces. Se habló de "fascismo con toga"

No es la primera vez que sufrimos estos ataques, pero es verdad que en los últimos meses, será porque ahora la comunicación a través de las redes sociales llega más, estamos en el punto de mira. En la sesión de investidura ya nos marcaron el camino de cómo iba a ser la posición de los socios de Gobierno respecto de los jueces. Se habló de "fascismo con toga". El propio presidente del Gobierno habló de la "deriva judicial del procés". Pero ahí están las sentencias de los ERE, de Gürtel, está en prisión Rodrigo Rato, el yerno del Rey emérito… Los jueces no hacemos política con nuestras sentencias ni tomamos ninguna "deriva". Simplemente, cuando conocemos hechos que son constitutivos de delito instruimos las diligencias oportunas y cuando llega al órgano judicial de la sentencia decide si procede la absolución o la condena después de valorar los hechos y la prueba que se ha practicado, nada más.

-En Unidas Podemos sostienen que la sentencia contra Serra da más valor a los testimonios policiales que a cualquier otro para condenarla. ¿El fallo es reprochable en este sentido?

-La sentencia es recurrible y ellos han avanzado que la recurrirán. La sentencia hace una valoración exhaustiva de todas las declaraciones testificales, tanto de testigos a favor del testimonio de Serra como de las policías que resultaron insultadas y agentes que fueron golpeados. Además, existe un soporte fotográfico y hemos visto vídeos sobre lo que ocurrió aquél día. No se ha condenado a Isabel Serra por ir a una manifestación para tratar de impedir un desahucio.

Desde el decanato asisto cada día (bueno, asistía antes de la crisis por el coronavirus) a estos desahucios que en algunas ocasiones se paralizan porque manifestantes antidesahucios no dejan practicarlos a la comisión judicial. Pero es evidente que no en todas las manifestaciones de este tipo se agrede a la Policía. Quiero decir que muchas veces vemos a las personas manifetarse en contra de un desahucio y no deriva en delitos de lesiones, ni daños, ni atentados a la autoridad. Por lo tanto, en esta sentencia no condena el derecho de reunión o por manifestarse. Pablo Iglesias califica el desahucio de vergonzoso, pero era un desahucio que se iba a practicar conforme a una sentencia judicial tras un proceso con todas las garantías. Por tanto, la base falla. A Serra no se le ha condenado por impedir un desahucio, se le ha condenado por proferir insultos a los agentes y por agredir a los agentes. Por lo tanto, se miente desde el principio que se han hecho estas manifestaciones.

-¿Ha echado en falta un mensaje de apoyo a los jueces del ministro de Justicia?

-Me consta que Juan Carlos Campo conoce la independencia de los jueces y respeta las resoluciones judiciales. Las manifestaciones o no que quiera hacer el ministro le corresponden solo a él. Sí he escuchado a la ministra portavoz, María Jesús Montero, en defensa de la libertad de expresión. Bueno. En los últimos días escuchamos al general Santiago de la Guardia Civil afirmar que tratarán de evitar los bulos que creen estrés social. No se si esto crea estrés social o no, pero creo que aquí no estamos hablando de libertad de expresión. Hay una responsabilidad institucional del respeto a la independencia judicial. Las manifestaciones de María Jesús Montero nos hablan de cuál es la posición del Gobierno a este respecto. Pues nada más que decir, señoría.

-¿Cree que la crítica de Iglesias incidirá en la resolución del Tribunal Supremo cuando aborde el recurso a la sentencia?

Si con esto trata de amedrentar al Poder Judicial o pretender que se dicten las resoluciones en un sentido u otro dependiendo del político para evitar su crítica, creo que no conoce a los jueces

-Confío rotunda, total y absolutamente en que el Tribunal Supremo, cuando dicte su sentencia, lo hará en los mismos términos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No me refiero a que vayan a confirmar la sentencia, sino que lo harán desde la absoluta independencia y la valoración de todas las pruebas que se hayan practicado en el acto del juicio. Confío en su independencia, igual que en la del TSJM y creo que no le afectará ni positiva ni negativamente. Del mismo modo que ha dictado la sentencia en el caso paradigmático del procés y no le ha afectado concentraciones en las puertas, manifestaciones de políticos independentistas o sus declaraciones de ninguna manera.

Si con esto trata de amedrentar al Poder Judicial o pretender que se dicten las resoluciones en un sentido u otro dependiendo del político para evitar su crítica, creo que no conoce a los jueces. Estamos claramente comprometidos con el Estado de Derecho, con la aplicación de la ley y con el amparo de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, y así trabajamos desde el día que entramos en el juzgado.

-¿Qué ha conseguido Pablo Iglesias con su manifestación?

-Pues a lo mejor que mientras estamos hablando de esto, no lo estamos haciendo sobre el problema esencial que tiene este país ahora mismo, que es salir de esta tremenda crisis. A mí me gustaría que Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno se preocupara de cuáles serán las medidas que se adopten en la Administración de Justicia para que cuando la crisis sanitaria acabe, existan los medios suficientes para poder salir de la social y económica que se nos viene encima con la cantidad de despidos, concursos de acreedores e impagados que se van a producir. Crisis que vamos a tener que resolver en los tribunales y que necesitará medidas presupuestarias, legislativas de carácter urgente y ponerse manos a la obra. Preocuparse por la Justicia es eso, no criticar las sentencias, de esta manera, cuando condenan a uno de mi partido y si es al adversario político entendemos que está bien. Los jueces tenemos que ser imparciales, independientes, y lo somos. Pero al político se le debe exigir un respeto a esa independencia judicial y a todo el sistema constitucional. No podemos utilizar el sistema para tratar, desde dentro, de desvirtuar las instituciones.