El exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas, y el subdirector de la misma publicación, Luis Rendueles, han solicitado al juez del caso Tándem o caso Villarejo, Manuel García-Castellón, que sobresea las actuaciones contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos en la pieza Dina de la causa.

En ésta, el instructor investiga el robo del móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, con todo su contenido de fotos y conversaciones íntimas, parte del cual acabó publicado en el digital Okdiario en julio de 2016.

Un pendrive con el volcado del terminal habría llegado a la revista Interviú presuntamente en un sobre anónimo, sostienen Pozas y Rendueles, y también el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, según su declaración como testigo en la causa. Tras analizar su contenido, la revista decidió no publicar ninguna información al respecto y Asensio citó al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para avisarle de lo que habían recibido, mostrarle el contenido e indicarle que no publicarían nada, como también confirmó Iglesias durante su declaración como perjudicado en sede judicial.

Fue un "requerimiento policial"

Pozas y Rendueles hicieron llegar una copia de dicho dispositivo electrónico al comisario ahora en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, porque entendieron que se trataba de "un requerimiento policial de información que debía ser cumplido" puesto que éste pidió los datos como policía en activo.

Según el escrito de la defensa de ambos periodistas presentado el pasado viernes ante el juez para solicitar el sobreseimiento de la causa y al que ha tenido acceso El Independiente, "después de la entrega del dispositivo a Pablo Iglesias se recibió en la revista, en la persona de Luis Rendueles, un requerimiento policial verbal procedente del comisario José Manuel Villarejo mediante el que éste requería la entrega de una copia de la información contenida en aquella tarjeta que había llegado a la revista. Cómo sabía el Sr. Villarejo que aquella tarjeta había llegado a la revista es algo que esta parte desconoce absolutamente, pero manejando el referido comisario la inmensa información que manejaba, son múltiples y variadas las posibles vías por las que el referido Comisario pudo tener conocimiento de que aquella información había llegado a la revista", se puede leer en el escrito de la defensa de los investigados.

"En cualquier caso, lo cierto es que aquella petición de información por parte del Sr. Villarejo se entendió en la revista, como no podía ser de otro modo, como un requerimiento policial de información que debía ser cumplido. En este sentido, el propio Alberto Pozas explicó en su declaración, y con mayor detalle corroboró Luis Rendueles, que no resultaba extraño que en la revista se recibieran requerimientos policiales de entrega de información. Así, expuso Luis Rendueles de forma amplia y detallada en su declaración diversos ejemplos en que tanto Policía Nacional como Guardia Civil le habían efectuado requerimientos verbales de entrega de información, citando, entre otros, el caso de un pederasta fugado de España que, gracias a la información facilitada por la revista a la policía, fue detenido en Guatemala", sostienen en el escrito.

Se le entregó en un bar

El abogado Sergi Mercé basa en estas argumentaciones la solicitud del archivo de la investigación contra ambos. "La entrega de una información a un alto cargo policial, que la solicita 'bajo la cobertura de su condición (de) alto cargo policial' en absoluto puede completar el tipo de la revelación de secretos del art. 197.3 CP, máxime si la entrega se efectúa en cumplimiento de una petición y en la absoluta confianza de que la información se requiere para una investigación policial", afirma. Igualmente, sostiene que sus defendidos no pudieron pensar que la actuación fuera delictiva cuando entregaron el dispositivo en un lugar público, un bar, a Villarejo.

Acusación de Anticorrupción y Podemos

En esta pieza del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Villarejo y la presunta organización «mafiosa policial» que éste lideraba estuvo detrás del robo del móvil y su filtración a la prensa, versión que también sostuvo el secretario general de Unidas Podemos, partido que ejerce la acusación popular en la causa, ante el juez instructor.

Durante su comparecencia como testigo, Iglesias fue un paso más allá y encuadró tal episodio en la estrategia organizada de una presunta trama criminal en el seno del Ministerio de Interior durante el Ejecutivo de Rajoy que buscó desestabilizar a su partido en el momento en que estaba subiendo en las encuestas. Ésta habría filtrado, según Iglesias, el falso informe policial PISA [acrónimo de Pablo Iglesias SA] en el que se hablaba de sociedades mercantiles suyas y de una supuesta cuenta abierta en el paraíso fiscal de Granadinas donde habría cobrado dinero del Gobierno de Venezuela que también se publicó en la prensa.