El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la situación provocada por el coronavirus en la Administración de Justicia. Como medidas principales, éste contempla la celebración preferente de juicios telemáticos frente a los presenciales (salvo en casos penales por delitos graves), la habilitación de los días 11 a 31 de agosto cuando tradicionalmente los juzgados cerraban sus puertas, y la priorización de los procedimientos de derecho de familia y concursal para resolver los asuntos sociales y económicos más urgentes derivados de la pandemia.

El decreto, como explicó el lunes el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, tiene dos objetivos: garantizar el derecho a la salud tanto de los actores de la Justicia como de los ciudadanos que acudan a los tribunales y devolver la actividad judicial tras el parón provocado por el estado de alarma, que entre otras cosas suspendió los plazos procesales.

Con esos fines, y basándose en el derecho fundamental a procesos sin dilaciones indebidas del artículo 24.2 de la Constitución, Justicia ha adoptado unas medidas generales en tres bloques (medidas procesales urgentes; concursales y societarias; organizativas y tecnológicas) por el interés general teniendo en cuenta las circunstancias generadas como consecuencia de la pandemia. Medidas excepcionales que se mantendrán durante alrededor de tres meses, hasta que se supere la situación y se pueda volver a la normalidad, según fuentes del Ministerio.

Prioridad al derecho de familia y empresas

Para garantizar el derecho a la salud del personal de la Administración de Justicia, se adoptan medidas de seguridad y distanciamiento en las vistas y audiencias públicas.

Se habilitan las tres últimas semanas de agosto (del 11 al 31) para evitar acumulaciones en los juzgados. Las vistas se celebrarán tanto en horario de mañana como de tarde, por lo que se ha pedido a los funcionarios (que podrán reducir su jornada de 37,5 horas a 30) que se ofrezcan para cada uno de los turnos.

Los juicios se celebrarán preferentemente de manera telemática, salvo aquellos del orden jurisdiccional penal que requieran la presencia física del acusado. También se limitará el público a los plenarios para evitar contacto.

Para garantizar el acceso a la Justicia, en los asuntos cuyos plazos se suspendieron, se retoman los plazos desde el inicio y no desde el punto en que estaban cuando se declaró el estado de alarma. En cuanto a las sentencias o resoluciones que pongan fin a procedimiento que se hayan acordado en juzgados a pesar del estado de alarma o los 20 días posteriores a su levantamiento, se amplían los plazos procesales.

Se da prioridad a los asuntos de derecho de familia, sobre todo los relativos a custodia y pensiones de menores, y a los de empresas. Se adoptan normas sobre la disolución de sociedades de capital y declaración de concursos de acreedores con el fin de que los afectados ganen tiempo y puedan reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas ya sea por recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso a ayudas públicas.

Críticas de abogados y AJFV

El Gobierno ha explicado que su plan de desescalada para la Administración de Justicia ha sido consensuado con las asociaciones judiciales, los sindicatos y las Comunidades Autónomas, gobernadas por partidos de todos los colores políticos. De hecho, el consejero de Justicia madrileño, el popular Enrique López, dio su visto bueno al decreto que Pablo Casado anunció este lunes no apoyará.

Sin embargo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) afirma en un comunicado público este martes que no se ha contado con ellos para ponerlo en marcha. Los representantes de la asociación afirman que participaron en una reunión a la que también asistió la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y en la que se alertó al ministro de las "numerosas y evidentes deficiencias del plan de choque propuesto previamente por el Consejo General del Poder Judicial". "Sin embargo -afirman desde AJFV-, el Ministerio de Justicia no sólo ha ignorado todas esas propuestas, sino que incluso ayer se permitió anunciar públicamente que su real decreto aprobado hoy mismo se ha elaborado 'con la participación y el consenso de todos los operadores jurídicos', entre ellos las propias asociaciones de jueces, que en definitiva son uno de los principales actores para llevar a la práctica ese plan en el día a día de los juzgados".

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) insiste en su rechazo a la habilitación del mes de agosto, una medida que ve "ineficaz". Afirma que "el derecho al descanso y a la conciliación alcanza a todos y supondría una mayor distorsión en la actividad normal de los tribunales" y que "un refuerzo de jueces y fiscales y la concentración de las vacaciones estivales en el mes de agosto serviría notablemente para mejorar el rendimiento de los juzgados".