La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido al ministro del Interior que emule a su colega francés y conceda a los agentes una productividad extraordinaria de hasta 1.000 euros por el trabajo que están realizando en la crisis del coronavirus y el riesgo de contagio al que se están enfrentando.

Así lo ha solicitado el sindicato en una carta enviada este lunes a Grande-Marlaska, al que insta a avalar "con hechos" el reconocimiento al servicio que están prestando los funcionarios del Cuerpo en primera línea desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para el cumplimiento de las medidas restrictivas de movimientos de personas y vehículos.

"Le proponemos que adopte una medida como la del Gobierno de Francia y apruebe una productividad extraordinaria de policías nacionales, a cobrar en una nómina de incidencias, de hasta 1.000 euros netos y sin que esa medida afecte a cualquiera de los pagos mensuales y/o anuales que ya se perciben o al tercer tramo de la equiparación salarial pendiente de pago", detalla la misiva.

La CEP insta a Grande-Marlaska a avalar "con hechos" el "esfuerzo extraordinario" que están realizando los policías y el "elevado riesgo" de contagio al que se enfrentan

En declaraciones al canal de televisión BFMTV, el ministro galo del Interior confirmó el pasado 23 de abril que el Ejecutivo estudia reconocer el trabajo de todos los funcionarios públicos implicados en la lucha contra la covid-19 -unos 400.000 entre personal sanitario, policías, gendarmes y bomberos, entre otros- con el abono de una prima variable de hasta 1.000 euros exenta de impuestos.

Christophe Castaner ratificaba así la idea que días antes ya había expresado el ministro de Hacienda, Gérald Darmanin. Éste dijo que la cuantía dependería de la "sobrecarga de trabajo del agente y la duración de su movilización durante la crisis sanitaria" y cifró en unos 300 millones el coste que tendría para las arcas públicas.

Interior cuenta con unos 170.000 funcionarios entre guardias civiles, policías nacionales y personal de prisiones. Si Grande-Marlaska accediera a la petición, el desembolso sería de unos 170 millones de euros en el caso de que se concediera un abono lineal de 1.000 euros a todos los empleados públicos que dependen de este departamento.

La CEP sustenta su petición en el "esfuerzo extraordinario y el sometimiento de los derechos profesionales a las necesidades operativas" derivados del dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior tras la declaración del estado de alarma. Junto con la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales, el Cuerpo Nacional se está encargando de que se cumpla el confinamiento acordado por el Gobierno para tratar de que se expanda el virus.

"Elevado riesgo" de contagio

La organización sindical también llama la atención sobre el "elevado riesgo" de contagio al que se están enfrentando los agentes, como demuestra el hecho de que al menos cinco funcionarios en activo han fallecido ya. Según ha podido conocer este diario, el número de policías infectados ascendía este lunes a 715, a los que se sumaban otros 1.115 aislados por presentar síntomas compatibles con coronavirus o haber estado en contacto con positivos.

La incidencia es mucho mayor en el caso de la Guardia Civil, donde se contabilizan al menos 2.120 contagiados y 1.670 aislados. Grande-Marlaska ha anunciado que ha pedido ya al Servicio de Inspección y Seguridad del Ministerio del Interior que haga un estudio para conocer las causas y por qué en un Cuerpo está teniendo más incidencia.

La Confederación Española de Policía reclama el pago de esta productividad extraordinaria cuando Interior debe abonar aún el tercer y último tramo del acuerdo alcanzado en marzo de 2018 para equiparar las nóminas de policías y guardias civiles con los Mossos d'Esquadra. Se trata de un abono de 247 millones con el que se completarían los 807 millones comprometidos hace dos años.

Durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, Grande-Marlaska reiteró su "compromiso" con este pago, si bien lo condicionó a los "acuerdos de reconstrucción social y económica" que tendrán que adoptarse cuando se haya controlado la pandemia.