La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que José Manuel Villarejo repatrió a España desde Panamá y Uruguay un millón de euros procedentes de los pagos recibidos como contraprestación por el informe privado de inteligencia que elaboró siendo aún policía para unos clientes guineanos (conocido como Informe King) y que ese dinero lo invirtió en la compra de acciones de una sociedad que explotaba una clínica privada en Estepona (Málaga) de la que él ya era socio.

Los datos obtenidos en respuesta a las comisiones rogatorias emitidas por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional a diversos países en el marco del caso Tándem están permitiendo a los investigadores conocer dónde ocultó presuntamente el comisario retirado los fondos que recibieron sus empresas por los trabajos de información privados que prestó a decenas de clientes mientras aún se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional.

Panamá ocupa un lugar preferente en el rastreo del dinero, después de las evidencias documentales que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional encontraron en los registros practicados en las viviendas madrileñas del policía ya jubilado tras su detención a principios de noviembre de 2017. Desde entonces permanece en prisión preventiva.

Entre el 27 de febrero y el 8 de mayo de 2012, las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (hoy Microspermum SA) y Stanstead Advisors Corp -ambas vinculadas a Villarejo- recibieron ingresos bancarios por al menos 990.203,80 euros desde una cuenta abierta en la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Suiza de la que era titular la sociedad Boway Holdings Limited, con sede en Hong Kong.

En un informe fechado el 12 de abril de 2019, conocido ahora tras levantarse el secreto de la pieza separada de las comisiones rogatorias del sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Anticorrupción detalla que una parte de esos fondos -exactamente 773.924,52 euros- fueron "retornados" a España en 2014. El dinero se ingresó en la cuenta que Cenyt Consultoría Organizacional SL -una de las compañías que integraban el entramado societario controlado por Villarejo- tenía en la sucursal de Ibercaja en la madrileña calle de Caballeros.

De Suiza a Panamá y Uruguay

En esa misma cuenta confluyeron otros 230.262,56 euros "repatriados desde Uruguay", adonde los clientes guineanos habían enviado previamente otros 920.136 euros fraccionados para no levantar sospechas. Ese importe era la suma resultante de los ingresos recibidos en una cuenta de la que era beneficiaria la sociedad Financiera Uruplán SA -también vinculada a Villarejo- en el HSBC Bank London (435.068 euros) y en otra de Participaciones Marvila en el Banco Bilbao Vizcaya Uruguay (485.068 euros) los días 30 de abril y 8 de mayo de 2012, respectivamente. El dinero procedía de la misma entidad suiza.

Con ese 1.004.187,08 euros que se repatrió a España "se articuló una compleja operativa" con la que habría tratado de diluir el rastro del dinero procedente de las actividades presuntamente delictivas. Según detalla en su escrito el Ministerio Público, esos fondos se destinaron a la compra de las acciones que Gestión Andaluza de Servicios Hospitalarios SL (ya extinguida) tenía en Premium Salud, sociedad propietaria de una clínica privada en Estepona (Málaga).

El comisario hoy preso destinó el millón de euros repatriado en 2014 a ampliar su participación accionarial en una clínica privada

En concreto, la operación consistió en la concesión de un crédito por parte de Cenyt Consultoría Organizacional -una de las filiales del grupo Cenyt- a una sociedad administrada por el hijo de Villarejo denominada Spimaco Spain SL. Ello permitió al policía tomar el control de la sociedad, en la que también figuraba como accionista Juan Carlos Escribano (imputado en el caso Tándem), antes de que un inversor ruso se convirtiera en el socio de referencia.

"Con abuso" de su cargo policial, la prestación de servicios privados de información e inteligencia para los ciudadanos guineanos Cándido Nsue Okomo y Crispín Edu Tomo Maye -vinculados a la petrolera estatal Gepetrol- fue el hilo del que empezó a tirar Anticorrupción para investigar a José Manuel Villarejo en el procedimiento que instruye el juez Manuel García-Castellón. Concretamente, el trabajo que el policía bautizó como Informe King consistió en la investigación y seguimiento de Gabriel Mbega Obiang Lima, ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial y enfrentado a su hermano Teodorín para suceder a su padre al frente de la jefatura del Estado de dicho país africano.

La Fiscalía cifra en 5,3 millones de euros los ingresos que obtuvo la empresa del comisario de sus clientes guineanos y sostiene que el policía se valía de un "complejo entramado societario" que le permitía "oscurecer" el origen de los fondos "para integrarlo en el circuito económico legal tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Panamá".

Cinco empresas panameñas, bajo la lupa

El instructor y los fiscales Anticorrupción estrechan el cerco sobre los movimientos económicos de Villarejo en el pequeño país centroamericano, lo que ha motivado que se hayan enviado ya sendas solicitudes de asistencia judicial a sus autoridades a fin de localizar y bloquear bienes que el policía pueda mantener allí.

En concreto, los investigadores han puesto el foco sobre cinco sociedades panameñas que asocian al policía ya retirado: Microspermum SA (antes Participaciones Marvila), Eucalyptus Forest SA (constituida inicialmente como Valle Luna Consultores SA), Stab International (antes Cadkey SA), Dry Town SA (antes Ashbury Consulting Inc.) y Stanstead Advisors Corp.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el juez García-Castellón ha pedido a las autoridades panameñas que le remitan toda la información sobre estas sociedades y sobre las cuentas, productos y activos financieros que tengan o hayan tenido a su nombre estas sociedades en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) o en cualquier otra entidad financiera del país.

Bloqueo de bienes

La petición de auxilio incluía el bloqueo de todos los bienes muebles e inmueble que figuren inscritos a nombre de dichas empresas o de las personas físicas José Manuel Villarejo; José Manuel Villarejo Gil, hijo y administrador único y apoderado de sociedades creadas por el policía; Rafael Redondo, socio del comisario ya retirado e investigado también en el caso Tándem, y Gemma Isabel Alcalá Garcés, mujer del comisario jubilado y quien también ha figurado en cargos societarios.

Las indagaciones judiciales tratan de averiguar si ‘Francisco Javier Hidalgo Estévez’ y ‘José Javier Esteban Alonso’ -dos de las identidades utilizadas por Villarejo durante su etapa como agente operativo en la Policía Nacional- figuran en algunas de las sociedades controladas en la sombra por Villarejo y radicadas en Panamá.