El que llegara a ser vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, además de padrino político de Pablo Casado, Alfredo Prada, sopesa ejercer acciones legales contra Cristina Cifuentes, por promover la denuncia que llevó a su imputación en marzo del año pasado por presuntas irregularidades en la construcción de la ambiciosa la Ciudad de la Justicia.

Prada, que ha pedido el sobreseimiento del caso después de que el Tribunal de Cuentas no haya visto indicios de delito contable, recuerda que fue la ex presidenta autonómica la que "ordenó el traslado, a modo de denuncia, a la Fiscalía General del Estado del Informe de Fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que dio origen a las diligencias en la Audiencia Nacional".

Además, Prada, a quien Casado había puesto al frente de la oficina anti-corrupción del PP cuando llegó al liderazgo del partido en julio de 2018, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional solicitando el archivo de las diligencias incoadas por el Juez José de la Mata.

El informe de 136 páginas del Tribunal de Cuentas determina "después de 16 meses de análisis y estudio y de haber examinado 250.000 folios, que toda la actuación (en el Campus de la Justicia) fue ajustada a derecho y conforme a la legalidad", señala una nota emitida por el propio Prada. En definitiva, que no hay indicios para la
concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos.

El Campus de la Justicia está abandonado, salvo la morgue

El Tribunal que fiscaliza la gestión económico-financiera del sector público, colige que la ausencia de certeza de que haya podido producirse daño material por la inexistencia de prestaciones en correspondencia con los pagos (...) Por ello no caber apreciar a los efectos provisionales y cautelares propios de la presentes actuaciones previas, indicios suficientes para la concurrencia del elemento material de daño a los caudales públicos que exige el concepto legal y jurisprudencial ".

En cambio, la Cámara de Cuentas de Madrid, sí detecto ausencia de control en la construcción del ambicioso Campus de la Justicia, medio levantado en la época de Esperanza Aguirre y hoy prácticamente abandonado, salvo la morgue, que se habilitó estas semanas para fallecidos por el coronavirus. Todo arrancó por una denuncia de la hoy dimisionaria Cifuentes en plena polémica por su máster universitario, bajo la sospecha de que se habían malversado más de 130 millones de euros en esa obra pública.