Es cierto que la realidad es compleja y con una enorme casuística, pero el plan por fases diseñado por el Gobierno para llegar a finales de junio a lo que han calificado de "nueva normalidad", adolece de lagunas e incoherencias en muy buena medida porque no se ha profundizado todavía en muchas de las cuestiones y porque otras dependen de una orden ministerial de Sanidad que desarrolle los detalles de esa desescalada. Pero lo más reseñable es que a pesar del continuo discurso de la mano tendida ni los partidos de la oposición -incluidos los que le sostienen parlamentariamente como el PNV- ni los presidentes autonómicos conocían el proyecto gubernamental.

Para empezar los marcadores sanitarios, que deben permitir la evolución de las fases de la desescalada, no pasan de meros enunciados sin cuantificar. Es más se pide a cada Comunidad autónoma que prepare "un plan de reacción rápida que aborde cómo se afrontaría el incremento de necesidades de camas de agudos y UCIs, de recursos humanos especializados, de equipos y materiales necesarios (EPIs, pruebas diagnósticas, medicamentos, etc.) en el caso de un hipotético rebrote intenso", pero no se especifica en función a qué baremos ni en qué porcentajes.

No hay plan previsto para hacer test masivos a la población

Además, deberán adoptarse aquellas medidas que aseguren que los hospitales y los centros socio-sanitarios implementan las medidas de control de la infección correctas, tanto para trabajadores como para pacientes admitidos por otras causas. Otro elemento clave de este capítulo lo constituye el control epidemiológico en que el presidente del Gobierno ha insistido no pocas veces durante su intervención. "Monitorizar la transición de forma efectiva y segura exige configurar un sistema de información epidemiológica basado en series de datos de máxima fiabilidad, elaboradas con criterios homogéneos para todo el territorio nacional, con un nivel de desagregación por área de salud (para permitir unos niveles de granularidad territorial más avanzados), con responsables identificados y actualización diaria", dice el documento "Plan para la transición hacia una nueva normalidad" repartido por Moncloa.

Defiende el texto que la "agilidad a la hora de identificar y contener las fuentes de contagio, a través del adecuado diagnóstico y el aislamiento, es otra condición indispensable para levantar el confinamiento". Nada se dice, en cambio de test masivos a la población. Sí hablan de "la disponibilidad y uso de material de protección entre la población general, así como la difusión e implementación de prácticas higiénicas y de distanciamiento social, es una capacidad estratégica que ya se encuentra en avanzado estado de desarrollo", como otras de las condiciones a cumplir para ir recuperando cierta normalidad.

"No están determinados los marcadores sanitarios"

Hasta Moncloa admite que "no están determinados los marcadores". Todo depende de una orden ministerial, pero no sólo, porque algunos aspectos de las distintas fases se irán concretando conforme se avance en los mismos. Por ejemplo, las visitas a los mayores en las residencias de ancianos sólo serán posibles en la fase 3, pero están abiertas a unas condiciones "todavía por especificar para no poner en riesgo a nuestros mayores". El uso de piscinas este verano depende "de un nivel de detalle" que tampoco que se conoce y hay un auténtico galimatías en torno a las visitas a familiares y amigos incluso dentro de la misma población. Sánchez contribuyó al pasmo general cuando vino a decir que sería posible irse a tomar una cerveza a una terraza, pero no visitar a los tuyos.

Pueden abrir los comercios pequeños y no los centros comerciales, a pesar de disponer de mayor espacio, Ceuta y Melilla quedan en una especie de limbo y también está pendiente que el departamento de Salvador Illa estudie y apruebe, llegado el caso, que todas estas medidas estén sujetas a unos turnos horarios para que el paseo de los niños con sus tutores no coincida con el de los adultos -incluidos los ancianos- ni éstos con los deportistas.

El Consejo de Ministros de ayer duró más de cuatro horas y media debido a que cada ministro debía presentar el plan de cada una de sus carteras, unido, además a que no todos parecían tener muy bien aprendidas las medidas de la desescalada, entre ellas la responsable directa de la misma, la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera. Se alargó tanto esta cita que hubo de suspenderse el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde precisamente, Illa iba a explicar a los consejeros autonómicos la desescalada en cuatro fases.

A cambio, cosechó las críticas de la oposición, como el PP y Ciudadanos, pero también el PNV y de no pocos presidentes autonómicos. Todos han pedido concreción respecto de unas medidas que deberán administrarse en las distintas provincias y necesitan, por tanto, de la colaboración de las Comunidades. Es previsible que en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, le afeen a Sánchez el haber actuado, otra vez, de manera unilateral. Son los mismos partidos que el jefe del Ejecutivo necesitará para que le aprueben su cuarta prórroga.