Tras el acuerdo de la Mesa del Congreso, los distintos Grupos Parlamentarios deberán presentar hoy quiénes componen la comisión para la Reconstrucción social y económica del país, que muy probablemente eche a andar la semana que viene. En la misma estará el PP, con nueve representantes, y peleará por la presidencia. Otra cosa serán los acuerdos que alcance, pero en el Ejecutivo los hay quienes están convencidos de que Pablo Casado no tendrá más remedio que entrar en el pacto aunque sólo sea porque la CEOE "le arrastrará al mismo".

"Va a haber acuerdo", dicen fuentes gubernamentales a pesar de que el tono del enfrentamiento de este martes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno no parece apuntar en ese sentido. Aducen los mismos medios, tras dejar sentado que "los vínculos de la CEOE con el PP existen", en que si llegan fondos europeos para afrontar la crisis post-coronavirus "las empresas pondrán la mano". Así, la capacidad de presión que puedan ejercer para recibir unos fondos, "que administrará el Gobierno", dependerá en muy buena medida "de que estén dentro del acuerdo".

La organización de los empresarios españoles se sienta en la mesa de diálogo social junto a los sindicatos, con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se reunió por videoconferencia el jueves de la semana pasada. Al término de la misma, Moncloa se felicitó de que los agentes sociales apoyaran "la creación de un espacio de diálogo para la reconstrucción". "Han secundado la propuesta de promover grandes acuerdos" al mismo tiempo que mostraban su apoyo, siempre según la versión del Gobierno, a Sánchez ante el Consejo Europeo que se reunía ese mismo día.

Al margen de sus discrepancias con el Ejecutivo socialista, -a cuenta de desescalada, sin ir más lejos-, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha venido defendiendo en las últimas semanas la necesidad de que la clase política llegue a grandes consensos, al menos, en las cuestiones nucleares. Pone por ejemplo la política pactista de la patronal y de los sindicatos de los últimos cuarenta años "por el bien del país", bajo el principio de que "cuando te sientas en una mesa a pactar te das cuenta de que tienes más cosas en común que en contra".

Casado y Garmendi se reunieron el pasado día 2

La voluntad de la CEOE es estar "en el sitio donde se nos invite a estar y trabajaremos aportando" y eso que no ahorró en críticas al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. A esas afirmaciones se aferran en el Ejecutivo para argumentar que "Casado no va a tener más remedio que entrar a la negociación y alcanzar acuerdos". Confían en las presiones que pueda ejercer la CEOE sobre el primer partido de la oposición, sin el cual será muy difícil alcanzar ningún compromiso con una mínima voluntad de pervivencia.

Casado y Aramendi se reunieron el pasado 2 de abril, aunque mantienen una interlocución frecuente. En ese momento coincidieron en pedir al Ejecutivo liquidez inmediata, no sólo crédito, "que necesitan miles de empresas para no cerrar”. La CEOE quiere estar en el pacto de reconstrucción, pero también necesita que lo esté el PP para reforzar su posición.

Tampoco tiene dudas Moncloa de que el PNV contribuirá al debate y a los acuerdos en la comisión parlamentaria, a pesar de la posición crítica que lleva manteniendo en las últimas semanas a cuenta del estado de alarma y del mando único. Más dudas hay respecto a ERC, a quien ven más fuera que dentro, sobre todo si quiere condicionar los consensos en materia económico-social a la mesa bilateral con el gobierno de la Generalitat para debatir sobre la secesión de Cataluña.

No es descartable que la comisión de reconstrucción la presida Ciudadanos

La comisión parlamentaria de Reconstrucción estará formada por un total de 46 miembros, con representación de todos y cada uno de los partidos que se sientan en el Congreso de los Diputados. Trece serán del PSOE; nueve, del PP; cinco, de Vox; cuatro, de Unidas Podemos; ERC, Ciudadanos, PNV y Bildu, tendrán uno cada uno; cuatro el Grupo Parlamentario Plural y siete el Mixto.

La primera batalla que se librará será por la presidencia de la misma. En el Gobierno defienden que es "demasiado importante" para dejarla en manos de un diputado "minoritario", como se hizo, por ejemplo, con la que investigó la corrupción del PP, que presidió el canario Pedro Quevedo.

El PP ha lanzado el órdago de que quiere a la ex ministra y ex presidenta del Congreso, Ana Pastor, con un perfil moderado, bien valorada por el conjunto de la Cámara, pero el PSOE reclama esa posición para ellos mismos. También hay otra opción intermedia, que sea un representante de Ciudadanos, bien Edmundo Bal, que ejerce de primer portavoz en ausencia de Inés Arrimadas, que no puede acudir al Congreso por su avanzado estado de gestación, o José María Espejo, secretario general del grupo naranja. A fin de cuentas, fue Arrimadas la primera en defender un pacto de reconstrucción y de hecho, la propuesta que remitió a Moncloa fue clonada en muchos de sus puntos por el Gobierno.