El Gobierno ha enviado a Bruselas el Programa de Estabilidad 2020-2023 junto al Plan Nacional de Reformas. En el primero de los documentos, el Ejecutivo mantiene su compromiso de pagar el tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial, pactado en 2018 y que ha conllevado ya el desembolso de 560 millones en los dos últimos ejercicios.

Se trata de 247 millones de euros que el Ejecutivo planeaba pagar cuando sacara adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o, en caso de no lograrlo, mediante un decreto-ley. Ésa era la intención antes de que estallase la crisis sanitaria. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dio por descartados los PGE para este ejercicio, por lo que la partida para la equiparación se aprobará previsiblemente mediante decreto-ley.

La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró el compromiso de su cartera con la equiparación salarial, pero supeditó el pago del tercer y último tramo a los "acuerdos de reconstrucción social y económica" que se adopten una vez se haya controlado la crisis sanitaria.

Tal como contó este periódico, los primeros pasos se habían dado antes de que se declara la emergencia sanitaria con las reuniones que sindicatos policiales y guardias civiles habían mantenido por separado para fijar posturas acerca de qué porcentaje debería corresponderle a cada Cuerpo. La decisión final la tendrá que tomar el ministro o el secretario de Estado de Seguridad cuando se reúna la comisión de seguimiento del acuerdo, ya con la presencia de representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Entre los representantes de los policías nacionales y guardias civiles cundía la sensación de que el departamento que dirige Grande-Marlaska daría por cumplido el compromiso firmado por su antecesor en el cargo en marzo de 2018 sin tener en cuenta dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado con Juan Ignacio Zoido (PP): ni habrá correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» (la primera) ni se atisba por ahora el impulso a las «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan «una disfunción salarial» entre policías, como detalla el documento en su punto octavo.

De momento, el Gobierno impidió el pasado 3 de marzo la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la asociación Jusapol y respaldada con más de medio millón de firmas con el argumento de que es «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. También ha aducido que la aprobación de la iniciativa en los términos planteados conllevaría un desembolso «mínimo» de más de 1.878 millones de euros.