A las puertas de que el Gobierno deba solicitar de nuevo la confianza del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma y de que la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica del país con el concurso de todas las fuerzas -excepto Vox- eche a andar, la ruptura de puentes entre el Ejecutivo, la oposición, las autonomías e incluso sus propios socios de investidura es evidente, resultado de siete semanas de gestión de una crisis sin precedentes, en que no han dejado de reproducirse los "errores", las polémicas y, en última instancia, la rebelión contra el plan de desescalada de Sánchez.

Las debilidades en la gestión de la emergencia sanitaria, que actualmente deja en España un goteo de alrededor de 300 muertos diarios, la falta de test masivos; las lagunas del plan de desconfinamiento que seguirá la población en las próximas seis semanas; la imposibilidad de abastecimiento de mascarillas para ofrecer una desescalada garantista; o la presión por la fragilidad del entramado económico y empresarial son solo algunos de los reproches con que partidos, organizaciones y gobiernos autonómicos y locales martillean a Pedro Sánchez.

Y frente a la crítica, defensa de una gestión en que "se han cometido errores" -por el momento sólo ha pedido "disculpas" la ministra de Defensa, Margarita Robles- pero no menos que "ningún gobierno europeo" ni autonómico. En las últimas semanas, el Gobierno ha enarbolando informes y publicaciones y utilizando organizaciones como herramientas de autobombo. El problema de todo ello han sido las medias verdades que han puesto la credibilidad del Ejecutivo de nuevo en la diana de la oposición.

La OCDE y los datos inflados del Gobierno

La del ránking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha sido una historia de desmentidos y rectificaciones para todos salvo para los miembros del Gobierno. El citado organismo colocó inicialmente a España en el octavo puesto de potencias mundiales que han realizado más test de coronavirus por cada mil habitantes -por delante incluso de Alemania o Noruega-, con una media de 28,6 test.

Este dato sostenía el discurso que durante semanas había mantenido el Ejecutivo sobre la capacidad de España para realizar pruebas a la población, pese a no ofrecer datos claros sobre el número total de personas testadas. Durante semanas se mantuvo una horquilla de entre 15.000 y 20.000, que luego pasarían a entre 40.000 y 47.000 pruebas, si bien no se facilita el dato del total de personas testadas -a un mismo ciudadano se le pueden repetir las pruebas varias veces-.

Hasta aquí todo correcto si no fuese porque la OCDE se vio obligada a rectificar por los datos inflados que había aportado el Ejecutivo de coalición. En un comunicado, el organismo aclaraba que el Gobierno español había enviado cifras desglosadas por comunidades autónomas, diferenciando entre PCR y test serológicos, junto con la suma de ambos. El dato de todos los países venían de una misma fuente, una entidad de la Universidad de Oxford llamada OurWorldinData, salvo en el caso de España, que procedían directamente del Gobierno. El resto sólo contaba PCR, y el Gobierno español incluía en la métrica los serológicos, por lo que el resultado implicaba una caída hasta el puesto 17 del ránking.

Ranking de la OCDE.

Pese a la rectificación manifiesta de la OCDE, primero Pedro Sánchez y después el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han mantenido que España es el octavo país que más test de coronavirus realiza. "Les invito a consultar la información de la OCDE y ver qué país ha proporcionado datos con más detalle y claridad que España", apuntaba el titular de Sanidad el pasado jueves. "Los datos no los elaboró el ministro de Sanidad en su despacho con su equipo, fueron los que proporcionaron las comunidades autónomas", defendía.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha seguido aferrándose también a los datos erróneos que la OCDE ha corregido. Pero en la rueda de prensa del martes fue más allá y aseveró que España es el quinto país a nivel mundial en realización de test totales -1.345.560, según los datos oficiales- de acuerdo con un estudio de la Universidad Johns Hopkings, de Estados Unidos. Sin embargo, no hay rastro del citado informe que reivindicaba Sánchez y, según publica ABC, la prestigiosa universidad estadounidense no tiene constancia de la existencia de tal documento.

El CIS de Tezanos y la pregunta número 6

Dentro de la cuestionada credibilidad de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último de ellos, el publicado en el mes de abril que debía medir el impacto de la crisis del coronavirus en el escenario político, levantó un polvorín de críticas por la cantidad de preguntas "capciosas" con un "sesgo de partida", según los entendidos, para manipular la opinión pública. La más controvertida tenía que ver con la pregunta número 6, que sorprendía planteando que casi dos tercios de los españoles estarían a favor de restringir la libertad de información y sustituir a los medios por "sólo una fuente oficial de información", lo que dio munición a la oposición ya que para muchos fue entendido como un intento de legitimar la mordaza a la prensa.

Pregunta número 6 del CIS.

Una vez más, el CIS fue utilizado por el Ejecutivo como una herramienta de autobombo de la gestión de Sánchez, en este caso frente a la crisis del coronavirus, pese a la enorme polémica suscitada esta vez. Varios sociólogos consultados por este medio recordaban que la encuesta se había adelantado de forma sorpresiva 10 días respecto a la fecha de publicación original para utilizarla como balón de oxígeno frente a las críticas que le llovían al Gobierno. "Estamos ante una nueva demostración de que Tezanos ha perdido el rumbo y se ha convertido en una herramienta al servicio de la propaganda del Gobierno", declaraba el consultor político César Calderón.

Por ejemplo, ese mismo día el PSOE publicaba en su cuenta de Twitter que el 97,3% de la ciudadanía "respalda las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la crisis", si bien la pregunta del CIS no versaba sobre si el encuestado respaldaba o no las medidas, sino si las consideraba o no necesarias.

El 8-M y el reparto de responsabilidades

La de las manifestaciones multitudinarias del 8 de marzo y si se debieron o no prohibir por la destacada presencia del virus en España ya ese fin de semana se ha convertido en uno de los debates más intensos desde que comenzase la crisis y en arma arrojadiza de parte de la oposición, que sigue acusando al Gobierno de ocultar los datos reales para poder celebrar las concentraciones por el Día de la Mujer.

La polémica fue tal que se abrieron diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones, mientras el PSOE desde su cuenta de Twitter disparaba contra Isabel Díaz Ayuso por permitir ese mismo fin de semana competiciones deportivas, eventos políticos -el mitin de Vox reunió a 9.000 personas en Vistalegre- y abrir el Metro de Madrid, deslizando sobre la Comunidad de Madrid la responsabilidad de la expansión de los contagios y no sobre las manifestaciones feministas.

La retirada de la acusación sobre José Manuel Franco por parte del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid al considerar, en base a un informe forense, que no existe relación entre la manifestación del 8-M en Madrid -la más multitudinaria de España- y los contagios por coronavirus insufló el argumentario del PSOE sobre la ausencia de responsabilidad en la decisión, de lo que también se ha venido haciendo eco la formación para defender su gestión.

El dudoso estudio de Oxford

Durante la votación de la segunda prórroga del estado de alarma, a principios de abril, el presidente del Gobierno enarbolaba en la tribuna que España era el país occidental que había dado una mejor respuesta al impacto del Covid-19, y basaba su afirmación en un estudio de la Universidad de Oxford que, según el presidente, otorgaba a España una puntuación de 90 puntos sobre 100.

Tal y como publicó este medio, el informe desvelaba que, efectivamente, la calificación de España era correcta, pero los autores del documento otorgaban una puntuación mayor a países como Italia, Francia, Eslovenia, Rumanía, Israel, o Ucrania, y, en total, una treintena de países -tanto de Occidente como de otras zonas geográficas- por delante de España, pese a los cálculos del presidente.