Esquerra Republicana da la espalda al Gobierno de Pedro Sánchez. La Ejecutiva Nacional ha decidido en la tarde de este lunes que su grupo parlamentario votará no a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, en la sesión del próximo miércoles. La mayoría de la dirección republicana se inclinaba ya por esta opción para que la Generalitat recupere "todas sus competencias" y de nada ha servido que el Gobierno atendiera a la petición de un fondo de rescate autonómico como el solicitado la semana pasada por Pere Aragonés con el anuncio de una inyección directa de 16.000 millones para sufragar los gastos derivados de la crisis sanitaria.

"El estado de alarma no es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error", ha asegurado la formación independentista en un comunicado. "Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma", añade ERC.

Los republicanos se suman así al voto en contra que ya ejercieron en la última votación sus socios de JxCat, junto a Vox y la CUP y dejan en una posición aún más débil al Gobierno de Pedro Sánchez, después de que Pablo Casado advirtiera que no puede seguir amparando este estado de alarma. Se ha impuesto el criterio de la secretaria general del partido, Marta Rovira, quien ha defendido abiertamente el "no" de los republicanos. Sólo el ex portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha apostado por mantener la abstención, una medida que el máximo responsable de ERC, Pere Aragonés, había puesto en cuestión.

Reclamación de Torra

"Es necesario que la Generalitat participe en las decisiones que afectan a Cataluña. Si no, nosotros no podremos seguir absteniéndonos; tendremos que votar que no" ha advertido Aragonés horas antes de la reunión de la ejecutiva. Una posición que también ha defendido repetidamente el president Quim Torra en los últimos días, aunque como recordaba hoy la consellera Meritxell Budó, Torra no tiene poder para imponer ninguna decisión al Grupo Republicano en el Congreso.

La resistencia del Gobierno a definir los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías, del que Esquerra reclama una cuarta parte para Cataluña, mientras los Comunes apuntan a una inyección de entre 1.500 y 2.000 millones para esta comunidad, habría acabado de definir el voto en contra de ERC en el Congreso.

Eso, y la negativa a compartir las decisiones sobre el desconfinamiento, en una dinámica con la que la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, ha sido muy crítica. Este mismo lunes, Vergés ha insistido también en la comparecencia de balance diario sobre la crisis del coronavirus que en la necesidad de recuperar el poder de decisión desde la administración autonómica "para no duplicar trabajo". Vergés ha lamentado repetidamente que el Ministerio "nos obliga a remitir los datos para poder tomar unas decisiones que después debemos implementar nosotros".

"Esto no es una guerra"

Cataluña "debe poder decidir con las plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos", insiste el comunicado emitido esta tarde por la formación. ERC reclama además que acabe "la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma. Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa", añaden para concluir que "esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Se deben prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma".

La formación que preside Oriol Junqueras señala además que en la nueva fase de desconfinamiento "no podemos permitir que se vuelvan a repetir los errores que se han dado en la primera fase" y apunta que durante esta semanas el Govern "se ha anticipado y ha marcado el camino y los escenarios futuros, haciendo incluso rectificar a menudo al Gobierno español. No queremos que rectifiquen, queremos poder tomar las decisiones en función de la opinión de los expertos y conociendo plenamente la realidad social de nuestro país, no con decisiones tomadas a 600 km".