"No se está valorando". El Ministerio del Interior no se plantea en este momento el pago de una gratificación extraordinaria a policías nacionales y guardias civiles por el trabajo que están realizando en la crisis del coronavirus y el riesgo de contagio al que se están enfrentando.

A principios de la pasada semana, la Confederación Española de Policía (CEP) pidió por carta al ministro Grande-Marlaska que avalara "con hechos" el reconocimiento al servicio que están prestando los funcionarios del Cuerpo en primera línea desde que se declaró el estado de alarma y acordara una productividad de hasta 1.000 euros netos, como estudia hacer el Gobierno francés.

Ahora, Aprogc ha sido la primera asociación profesional de la Guardia Civil que reclama a Interior una "compensación" económica, no sólo por la labor que los agentes que están realizando a fin de velar por el cumplimiento de las medidas restrictivas de movimientos de personas y vehículos establecidas en el decreto que regula al estado de alarma sino también por las limitaciones que se les han impuesto mientras dure esta situación excepcional.

La petición de Aprogc se produce tras trascender que la Generalitat de Cataluña está barajando conceder una paga de 666 euros a todos los empleados públicos -como sanitarios, bomberos y trabajadores de cuerpos de emergencias- que están desempeñando labores en la gestión de la crisis derivada de la covid-19.

"Estamos cumpliendo. Excepcionalmente asumimos limitaciones por el bien de todos, pero no renunciamos a lo que nos corresponde. Hemos sido muy castigados por la covid-19. Esperemos no serlo por quien nos gobierna: tercer tramo y compensación por estado de alarma", ha lanzado Aprogc en un tuit, en el que desmienten al ministro del Interior: los guardias civiles no han renunciado a sus permisos, se ha "impuesto" su revocación debido a la pandemia.

A preguntas de El Independiente, un portavoz oficial del Ministerio del Interior ha dicho sucintamente que "no se está valorando" la posibilidad de realizar un pago extraordinario, sin aclarar si dicha opción puede activarse en el futuro o ya está descartada totalmente.

Aprogc no ha cifrado a cuánto debería ascender dicha compensación económica. Sí lo ha hecho la CEP, que reclama un pago de hasta 1.000 euros netos. Interior cuenta con unos 170.000 funcionarios entre guardias civiles, policías nacionales y personal de prisiones. Si Grande-Marlaska accediera a la petición, el desembolso sería de unos 170 millones de euros en el caso de que se concediera un abono lineal de 1.000 euros a todos los empleados públicos que dependen de este departamento.

Equiparación salarial

Policías y guardias civiles reclaman el pago de esta productividad extraordinaria cuando Interior debe abonar aún el tercer y último tramo del acuerdo alcanzado en marzo de 2018 para equiparar las nóminas de policías y guardias civiles con los Mossos d’Esquadra. Se trata de un abono de 247 millones con el que se completarían los 807 millones comprometidos hace dos años.

Como informó este diario, el Programa de Estabilidad 2020-2023 que el Gobierno de Pedro Sánchez envió la pasada semana a Bruselas incluye el compromiso de pagar el tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial, pactado en 2018 y que ha conllevado ya el desembolso de 560 millones en los dos últimos ejercicios.

Los primeros pasos se habían dado antes de que se declara la emergencia sanitaria con las reuniones que sindicatos policiales y guardias civiles habían mantenido por separado para fijar posturas acerca de qué porcentaje debería corresponderle a cada Cuerpo. La decisión final la tendrá que tomar el ministro o el secretario de Estado de Seguridad cuando se reúna la comisión de seguimiento del acuerdo, ya con la presencia de representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil en la misma mesa. En este momento, la lucha contra el coronavirus es la prioridad.