Desde que comenzase la crisis, el Defensor del Pueblo ha ido recibiendo un goteo incesante de quejas formuladas por los ciudadanos a tenor de las restricciones y medidas impuestas desde el Ejecutivo por la crisis del coronavirus. Una de las últimas peticiones fue la de un grupo de juristas que presentó una queja ante Francisco Fernández Marugán para que recurriese ante el Tribunal Constitucional el decreto del estado de alarma por constituir una "grave suspensión de derechos constitucionales" para la ciuadanía.
Por este y otros motivos, tanto Vox como PP registraron a principios de abril una petición por la que solicitaban la comparecencia de Marugán ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El objetivo era dar cuenta ante la Cámara de "las diferentes quejas recibidas por parte de los ciudadanos" con motivo de la gestión del Gobierno por la crisis del Covid-19 y de las "directrices" que la institución que dirige iba a realizar con motivo de la emergencia sanitaria.
El escrito de Vox iba más allá y solicitaba que la comparecencia sirviese para conocer "la naturaleza del futuro de la institución" a la vista de la crisis económica y social y el funcionamiento de la Administración con anterioridad a la emergencia de salud pública.
Según apuntan fuentes solventes, el PSOE se ha encargado de dejar en papel mojado las peticiones de comparecencia de PP y Vox, después de que los socialistas votasen en contra de la comparecencia de Marugán en la propia Comisión Mixta del Defensor del Pueblo en el Congreso.
Días antes del registro de sendas peticiones, Marugán dirigió a varios ministros los problemas que los ciudadanos habían planteado en un millar de quejas sobre la crisis sanitaria del Covid-19 y, según informó la institución, instó a dotar a sanitarios y otros trabajadores que desarrollasen actividades de riesgo el material necesario para garantizar su seguridad.
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