El PP ha registrado este jueves una petición para que el número dos de Interior, Rafael Pérez, acuda al Congreso de los Diputados y dé explicaciones por los contratos que ha firmado para la compra de material de prevención y diagnóstico de la covid-19 por un importe superior a los cuatro millones de euros.

La solicitud de comparecencia se produce después de que El Independiente haya publicado en los últimos días que una de las empresas a las que el Ministerio del Interior ha adjudicado el suministro de un lote de mascarillas tenga como objeto social el comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y que no disponga de instalaciones propias en España, así como que haya encargado el suministro de 50.000 test que no cuentan aún con la acreditación de la Unión Europea.

El grupo popular en el Congreso considera que el departamento que dirige Grande-Marlaska tiene que dar muchas explicaciones sobre todas las contrataciones que ha formalizado, adjudicadas de forma directa al estar amparadas por la tramitación de emergencia ante la pandemia de la covid-19. Junto a la petición de comparecencia, el principal partido de la oposición ha presentado también varias preguntas escritas sobre estas compras.

El PP entiende que Rafael Pérez tiene que acudir a la Comisión de Interior para aclarar por qué encargó el suministro de dos millones de mascarillas a un mayorista de electrodomésticos -Innjoo Technology SL- que carece de instalaciones propias en España: su sede fiscal es una oficina virtual ubicada en el centro de negocios y coworking Urban Lab de Madrid, en las inmediaciones de la estación de tren de Chamartín y del Hospital Ramón y Cajal. El montante de este encargo asciende a 2.999.000 euros.

El PP quiere que Rafael Pérez aclare por qué compró mascarillas a un mayorista de electrodomésticos y test sin el marcado CE

A preguntas de este diario, el Ministerio del Interior explicó que en un momento en el que tenían que asegurar reservas estratégicas optaron por esta empresa porque tenía "acceso al mercado internacional" -en concreto al chino, principal productor mundial de equipos de protección- y porque garantizaba el traslado de la mercancía y una "oferta suficiente". A ello se sumaba que ya había trabajado "con otras administraciones", justificaron.

Los populares demandan explicaciones también acerca de la adquisición de 50.000 test que no cuentan con la acreditación de la Unión Europea, como ha desvelado este medio. La adjudicataria de este encargo ha sido el Instituto de Ginecología y Medicina de la Reproducción Doctores Ordas y Palomo SL, que ejerce de intermediaria ante la empresa china que los fabrica: VivaChek. El importe asciende a 600.000 euros (impuestos incluidos).

Pruebas a funcionarios

Estos kits diagnósticos no sólo no cuentan todavía con el sello CE sino que el primer lote ha llegado con varias semanas de retraso, lo que ha impedido a Interior extender el número de test diagnóstico a policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones para tratar de aislar eventuales casos positivos que hayan cursado de forma asintomática.

"¿Cuáles son los motivos por los que el Ministerio del Interior adquiere test de covid-19 para sus funcionarios sin homologación de la Unión Europea? ¿Va a realizar la prueba a los funcionarios sin dicha homologación?", son algunas de las preguntas que plantea el PP en una de las iniciativas parlamentarias que ha registrado esta semana.

Los populares también quieren conocer por qué el departamento que dirige Grande-Marlaska hizo un segundo pedido de 20.000 test a la misma empresa sin tener aún la certificación de la UE y si piensa adoptar alguna medida respecto a dicha remesa, que aún permanece en China.

Igualmente, el partido que lidera Pablo Casado exige saber cuántas pruebas diagnósticas ha realizado Interior a sus 170.000 funcionarios, después de que el ministro afirmara el pasado 23 de abril durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso que se habían realizado ya 5.000 y que en los próximos días se ampliarían a 30.000.

Indultado por Zapatero

Entre los motivos que esgrime el PP para exigir la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad también se encuentra la negociación que mantuvo la Dirección General de la Policía con una empresa administrada por un abogado que fue indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la actualidad mantiene la condición procesal de investigado en una causa que instruye la Audiencia Nacional (caso Emperador).

En concreto, el Cuerpo Nacional mantuvo abiertas negociaciones con la empresa intermediaria Orchards Investment SL para el suministro de 100.000 mascarillas de tipo FFP2 por 235.950 euros (IVA incluido), según se detalla en un informe de la División Económica y Técnica fechado el pasado 2 de abril. La operación no se concretó porque el fabricante chino exigió que la mitad del dinero se le abonara por adelantado.