Para afrontar un tiempo de penuria económica como el que ya estamos padeciendo, y esto no es más que el tímido principio de una tempestad que va a arrasar con la economía de nuestro país y en consecuencia con la vida de millones de españoles que se van a quedar al raso y con el cielo y la tierra como todo cobijo, esta sobreabundancia de ministros, directores generales, subdirectores, jefes de gabinete y asesores es todo un insulto a los españoles. Ni más ni menos.

Ahora resulta que este Gobierno, "progresista" dicen ellos, se comporta como si tuviera que dirigir un país al que los billetes se le salen de los bolsillos como al Tío Gilito, aquel personaje de Disney que amontonaba con una pala las montañas de dólares en el sótano de su casa. En esto se parecen a los célebres millonarios de papada, bigote y puro en mano con los que los humoristas de mi generación caracterizaban habitualmente al malvado empresario, representante genuino, en la concepción popular, de lo que se entendía como alguien poderoso.

Y ahora resulta que quienes gastan el dinero público a espuertas sin importarles la cuantía son los miembros de este Gobierno "de progreso", que se parecen mucho más a las caricaturas de los poderosos de Chumi Chúmez, Forges o Serafín que a cualquiera de esos empresarios pequeños y medianos que ahora mismo están ahogados por los efectos de la crisis y atormentados por su futuro, muchos de los cuales se van a ver empujados a la ruina.

No es de recibo que éste, precisamente éste, el Gobierno que tiene que ocuparse de la escasez, de la angustia, del déficit y la deuda desbocados, del cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, de los millones de españoles que ya están yendo al paro y de los otros millones que van a ingresar las filas de los sin trabajo en cuanto se levante la prohibición de hacer despidos, no es de recibo que sea el Gobierno más caro de la historia de la democracia.

Y lo escandaloso es que tal aglomeración de vicepresidentes, ministros y altos cargos, muchos de ellos nombrados a dedo, no responde a una necesidad objetiva del país. No señores, a lo que responde es a una necesidad subjetiva del presidente Pedro Sánchez que, para contentar a su socio necesario, Pablo Iglesias, ha tenido que hacer hueco a unos cuantos de los suyos, incluido el socio particular de Iglesias, Alberto Garzón y su secretaría general de Consumo recién ascendida para su exclusivo disfrute, a cartera ministerial con sus subdirecciones generales, sus jefaturas de gabinete y su todo lo que guste mandar.

Tenemos un gabinete con hidrocefalia por razones estrictamente políticas, es decir, para contentar a su gente

Tenemos un gabinete con hidrocefalia por razones estrictamente políticas, es decir, para contentar a su gente. En eso este Ejecutivo del año 2020 padece la misma patología que alguno de los gobiernos de Adolfo Suárez quien, efectivamente, y dada su debilidad política dentro de su propio partido, se vio más de una vez y más de dos en la necesidad de contentar los suyos dándoles unas carteras que era evidente para cualquier observador imparcial que no servían para nada más que para callar la boca a quienes desafiaban su poder y le amenazaban una y otra vez con retirarle el apoyo.

El único gobierno que tuvo más ministros que éste de ahora fue el que se constituyó el 15 de abril de 1979 bajo la presidencia de Adolfo Suárez y en él hay tres carteras cuya sola mención dan idea cabal de que respondían a necesidades completamente ajenas a la pura gestión del ejecutivo de entonces, y que eran directamente inútiles: Ministro de Presidencia -había también dos vicepresidentes-, Adjunto de Coordinación Legislativa y Adjunto al Presidente. Con eso está todo dicho.

En el Ejecutivo de hoy pasa algo parecido. No se cubren los puestos necesarios para un correcto gobierno de las necesidades del país, se crean los puestos necesarios para una correcta cubrición de las necesidades de los clientes políticos del señor Sánchez.

Insisto en que eso resultaría ridículo además de inmoral si España estuviera ahora mismo nadando en la abundancia. Pero en estas circunstancias resulta escandaloso además de inadmisible. Porque tampoco hemos oído a los miembros del Gobierno anunciar que renunciaban a parte de su sueldo en un gesto de solidaridad con los que están padeciendo los efectos del parón económico del país. Todo lo contrario, el organigrama de los distintos departamentos, con su correspondiente dotación económica, ha ido engordando a base de decretos amparándose irregularmente en ese recurso que permite tomar decisiones urgentes como consecuencia del coronavirus.

De modo que aquí nadie en el Gobierno, de ministros para abajo, incluida la numerosísima legión de asesores, va a sufrir en modo alguno el menor perjuicio ocasionada por la crisis. Y no sólo eso. Resulta que todos los funcionarios público van a tener garantizado su salario como si los demás españoles estuvieran destinados por las leyes de la naturaleza a padecer en exclusiva los efectos económicos y laborales del coronavirus. Ole ahí.

No se cubren los puestos necesarios para un correcto gobierno de las necesidades del país, se crean los puestos necesarios para una correcta cubrición de las necesidades de los clientes políticos de Sánchez

Lo dijo hace 15 días la ministra de Hacienda María Jesús Montero: el salario de los funcionarios no se va a tocar. Cierto que hay sectores dentro del servicio público que merecen no sólo que no se les toque el sueldo sino que reciban una gratificación en reconocimiento a su esfuerzo y a los servicios impagables que están proporcionando a la ciudadanía.

Pero no todos los funcionarios públicos pertenecen a esos sectores. Ni mucho menos. Y por eso el mensaje de la portavoz y ministra de Hacienda es tan claro como crudo: aquí los efectos de la crisis van a machacar exclusivamente a los trabajadores del sector privado.

Y esa es una discriminación ofensiva que supone un maltrato evidente y es además la demostración de una cruel insolidaridad a cargo de este Gobierno tan, tan, tan "progresista", que se compromete a proteger a unos mientras está dispuesto a que la elevadísima factura de esta fiesta, más bien de este funeral, la paguen otros.

Un gabinete que garantiza en definitiva la separación incuestionable entre unos ciudadanos, los de "primera", funcionarios públicos, y los otros, los de "segunda", los trabajadores del sector privado que van a cargar sobre sus exclusivos hombros, por decisión del Gobierno, el insoportable peso del hundimiento económico de nuestro país. Y esto no se puede admitir.

Así que menos "progresismo", menos inflación de cargos, más gestos solidarios reales y efectivos por parte de los miembros del Gobierno y más reparto de las cargas con quienes han sido condenados a pagar mayoritariamente los platos rotos.