Un presidente, cuatro vicepresidencias, 18 ministerios, 29 secretarías de Estado, 48 subsecretarías o cargos con dicho rango, 130 direcciones generales o asimilados, 21 secretarías generales técnicas, más de 200 asesores... La mayor crisis sanitaria y social del último siglo la gestiona el gobierno con más altos cargos en su estructura y más caro de la historia de España, quebrándose así la tendencia de contención del gasto público que la recesión económica había impuesto a la fuerza.

Cuando el pasado 13 de enero prometieron su cargos ante el Rey los 22 ministros que integran el gabinete de Pedro Sánchez, hacía tan sólo seis días que las autoridades chinas habían identificado el agente causante del brote de coronavirus localizado en la ciudad de Wuhan. En aquellas fechas, el 2019-nCoV se había cobrado una sola víctima mortal en todo el mundo y no se había informado de ningún caso fuera de Asia.

Casi cuatro meses después de aquella visita a La Zarzuela, la gestión de la pandemia -con 26.299 fallecidos en España hasta este viernes- y de sus consecuencias sociales y económicas centra casi en exclusiva la actuación del bipartito que PSOE y Unidas Podemos formaron tras el acuerdo sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 31 de diciembre de 2019. Fue el mismo día que la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan informó de la existencia de 27 casos de neumonía con posible foco en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos de esta ciudad, capital de la provincia china de Huabei.

Para dar entrada a sus socios y diluir el peso de éstos, Sánchez diseñó un gabinete formado por 22 ministerios, frente a los 17 existentes en el mandato anterior y a los 13 del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. El líder socialista ha dado entidad ministerial a competencias que hasta entonces se gestionaban desde una secretaría general. Es el caso de Consumo, ya fuera de la estructura de Sanidad y dirigida por el líder de Izquierda Unida: Alberto Garzón.

En la etapa democrática, tan sólo el tercer gabinete de Adolfo Suárez (1979-1981) contó con más ministros que los que integran el segundo gobierno de Sánchez: 23 frente a 22. Ninguno ha tenido cuatro vicepresidencias como el actual, después de que el líder socialista tuviera que abrirle hueco en el organigrama a Pablo Iglesias (Vicepresidencia segunda) y decidiera promocionar a Nadia Calviño (Asuntos Económicos y Transferencia Digital) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España). Carmen Calvo se ha mantenido como vicepresidenta primera.

Consumo, el paradigma

Si la estructura orgánica básica de los ministerios de la que dio cuenta el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de enero ya era extensa, el Consejo de Ministros ha aprobado varios reales decretos en sus últimas reuniones ampliando el número de altos puestos en varios departamentos.

El caso paradigmático lo representa Consumo, que ha modificado la disposición inicial para crear cuatro subdirecciones generales (Gestión Económica, Oficina Presupuestaria y Asuntos Generales; Personal, Inspección de Servicios y Coordinación; Recursos, Reclamaciones y Publicaciones y la Vicesecretaría General Técnica), dos jefaturas de gabinete y una división (de Tecnologías y Servicios de la Información). De esta forma, las funciones que hasta el inicio de esta legislatura realizaba una dirección general dentro de Sanidad se articulan a partir de ahora mediante una subsecretaría, una secretaría general, dos direcciones generales, dos gabinetes técnicos y una división.

La aprobación tuvo lugar el pasado 28 de abril, en la misma sesión en la que se dio luz verde al plan para la desescalada y se tomó razón de diversos expedientes de compras de emergencia (mascarillas de protección, guantes de nitrilo, monos desechables y respiradores, otros otros) para hacer frente al coronavirus por importe superior a los 144 millones de euros.

Pedro Sánchez alimenta el debate sobre el coste de la estructura de los departamentos ministeriales al crear nuevos puestos para altos cargos en plena crisis sanitaria

En esa misma reunión se autorizó que otros tres departamentos engordaran también sus estructuras. Así, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha incorporado un jefe de gabinete técnico y ha creado dos nuevas subdirecciones generales (concretamente las de Objetivos e Indicadores de Inclusión y la de Políticas de Inclusión); el Ministerio de Educación y Formación Profesional pasa a contar con la subdirección de Planificación y Gestión de la Formación Profesional, y el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico crea dos subdirecciones y una dirección general.

El reverso de esta moneda lo representa Trabajo y Economía Social. Yolanda Díaz llevó a esa misma reunión del Consejo de Ministros un adelgazamiento del organigrama de su departamento -Trabajo se ha desgajado de Seguridad Social y Migraciones, área ésta dirigida por José Luis Escrivá- al suprimirse seis subdirecciones en el ámbito de la Subsecretaría.

Desde que echó a andar esta legislatura se han creado 13 subdirecciones -11 desde que el Gobierno decretó el estado de alarma- y se han eliminado seis. En este tiempo se han incorporado dos direcciones generales (una en Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otra en Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) y se ha prescindido de tres: una en Hacienda tras pasar las competencias de Juego al Ministerio de Consumo y dos en Asuntos Exteriores. También se ha creado la citada división de Tecnologías y Servicios de la Información en el departamento a cuyo frente se encuentra Alberto Garzón.

Pablo Iglesias crea dos subdirecciones

Entre los nuevos puestos se encuentran los dos creados en Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento que dirige Pablo Iglesias: la subdirección general de Análisis y Estudios para la Agenda 2030 y el gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Esta nueva estructura se acordó en la sesión del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, cuatro días antes de que se declarara el estado de alarma.

El pasado martes, el grupo del Partido Popular registró en el Congreso una pregunta escrita en la que pide al Gobierno que explique por qué ha aumentado el número de altos cargos "en plena crisis sanitaria, económica y social de la covid-19" y por qué aumenta el "despilfarro económico" en lugar de "reducir estructuras".

La iniciativa parlamentaria de los populares también incide en otro aspecto no exento de polémica: por qué el Ejecutivo ha modificado el real decreto por el que el pasado 28 de enero se estableció la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales para eximir a muchos de los nuevos altos cargos de la obligatoriedad de ostentar la condición de funcionario para poder ocupar los puestos.

El PP critica que el Ejecutivo aumente el "despilfarro económico" en lugar de eliminar puestos y pregunta cuál es el "coste total" de los departamentos ministeriales

"En una situación de calamidad nacional y con situaciones particulares de extrema necesidad, es una provocación mantener una estructura de altos cargos y personal exorbitante e innecesaria. Pero lo más grave es que, en plena crisis, hayan aprobado normas para incrementar todavía más el tamaño de los puestos directivos de la Administración del Estado. Si en condiciones normales ya constituía un despropósito injustificado, en tiempos de emergencia extrema es un verdadero insulto. La conducta arbitrista y clientelar de Sánchez y sus socios representa la culminación de una forma irresponsable y nepotista de Gobierno que se hace todavía más intolerable en estos momentos. Lo cabal, lo justo y lo necesario era reducir la estructura y, en cambio, a sabiendas de cómo lo están pasando los españoles, hacen crecer sus altos cargos", critica el diputado Mario Garcés, portavoz adjunto del PP en el Congreso y coordinador de Asuntos Económicos.

Frente a las críticas de la oposición, la ministra portavoz del Gobierno ha enmarcado este viernes la designación de los nuevos altos cargos en la "normalidad" de las decisiones que tiene que adoptar una institución pública y en la "eficacia" que se le exige, al tiempo que ha advertido del riesgo que -a su juicio- supone abrir ese debate.

"Siempre que se habla del volumen de altos cargos o del número de personas que participa de la vida política hay que tener mucho cuidado porque desde los sectores populistas, desde los sectores de ultraderecha, para poner en cuestión la utilidad de la política se recurre permanentemente a una cuestión que es incierta: el gasto en relación con el funcionamiento de los ministerios, las consejerías, las concejalías o de los altos cargos. Eso lo hacen aquellos que cuestionan la propia utilidad de las instituciones que son imprescindibles para el funcionamiento democrático", ha defendido María Jesús Montero.

En su pregunta parlamentaria, el PP busca respuestas a otras preguntas: cuál es el "coste total" que supone para el erario mantener la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez y en cuánto se ha incrementado con los nuevos cargos aprobados el pasado 28 de abril, en plena pandemia. Curiosamente, ninguna de las designaciones han tenido lugar en el ámbito del Ministerio de Sanidad, el más concernido por la gestión de la crisis.

Cuando se formó el macrogobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el PP hizo una proyección económica de los sueldos de ministros, secretarios de Estado, asesores... y calculó que costaría unos seis millones de euros más al año más que el último de Mariano Rajoy, lo que importaría 24 millones en caso de que la legislatura dure cuatro años. A la vista de las últimas decisiones, los populares no tienen dudas de que aquella estimación se ha quedado corta.

83.000 euros: el sueldo de Pedro Sánchez

Según detalla el Portal de la Transparencia, Pedro Sánchez ganó el pasado año 82.978,56 euros, menos que tres de sus ministros (Margarita Robles, Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska) y que decenas de secretarios de Estado, subsecretarios, directores de gabinete, secretarios generales y directivos de organismo públicos. En función de los trienios que acumulen, los sueldos de todos estos altos cargos oscilan entre los 85.000 y los 135.000 euros anuales.

El incremento de las estructuras de varios departamentos ministeriales ha reabierto el debate en una coyuntura que tal vez obligue a España a recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar el déficit público que generará el colosal gasto que tendrá que soportar para poder hacer frente a las consecuencias que la covid-19 está provocando en la economía española. La Comisión Europea calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) se desplomará este año un 9,4 % y el déficit público alcanzará el 10,1 %.

Fuentes del sector económico consultadas por este periódico no tienen dudas de que, en caso de que Pedro Sánchez termine solicitando el soporte de los mecanismos europeos, se tendrá en cuenta la estructura de su Administración. En esta clasificación, desde luego, pocos países ganan a España.