Una sociedad panameña vinculada a José Manuel Villarejo está a un paso de recuperar la propiedad de un hotel en Punta del Este tras ganar el pleito que libraba en Uruguay desde hace cerca de cinco años: no hubo dolo en la operación de venta y se le adeuda un millón de dólares, montante que el comprador se había comprometido a pagarle con la explotación del establecimiento y que no ha abonado al sentirse "engañado".

Los hechos que han motivado el litigio se remontan al 11 de septiembre de 2013, cuando el matrimonio formado por el arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker y la madrileña Raquel Serna adquirieron el 100 % de las acciones de la empresa propietaria del antiguo hotel Don Pepe (Topy SA) y de la explotadora del complejo (Pierre SRL). Como garantía de pago, los compradores hipotecaron el inmueble en favor de Cenyt Consultoría Organizacional SL, una de las sociedades del entramado controlado por el comisario retirado investigadas en el procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional (caso Tándem).

Beloso-Baker y Serna acordaron con Villarejo entregarle sus propiedades en España -una vivienda en Las Rozas (Madrid), una oficina en el barrio de Chamartín y un edificio de apartamentos en Arroyo de la Miel (Benalmádena, Málaga)- y pagarle 1.051.367 dólares estadounidenses con los ingresos que teóricamente generaría la explotación del establecimiento. Ello totalizaba 2,5 millones de dólares, algo menos de 2,3 millones de euros al cambio actual.

Los compradores cerraron el trato en España fiándose de la palabra del hijo de Villarejo -imputado en la causa y administrador de diversas sociedades constituidas por su padre- y sin haber visitado previamente las instalaciones. Ya en Uruguay descubrieron que el complejo estaba en estado ruinoso y que la información económico-financiera que le habían proporcionado era falsa porque el hotel daba pérdidas desde hacía años, lo que hacía imposible generar los recursos que les tendría que permitir pagarle el canon anual de 150.000 dólares (130.000 euros) convenido hasta completar el montante.

Una compra "a ojos cerrado"

Durante el pleito, los demandados han mantenido que firmaron el contrato "a ojos cerrados" por la confianza "cuasi familiar" existente con Villarejo, a quien consideraban un "íntimo amigo". El vínculo se inició en Buenos Aires a finales de los 80 con Pedro Villarejo, el hermano cura del policía hoy en prisión preventiva. El sacerdote era el provincial de la orden de los carmelitas en la capital argentina y Adrián Beloso-Baker era un estudiante de Arquitectura que trabajaba en la empresa que se encargaba de realizar las obras de mantenimiento a dicha orden religiosa.

La relación se estrechó a raíz de que Beloso-Baker decidiera venir a España a cursar sus estudios de posgrado. "Pedro no dudó en presentarme a toda su familia y hacerme sentir como en casa. Entre otros miembros estaba su hermano Pepe", contó hace un año a El Independiente.

A la vista de que los compradores no pagaron la renta acordada por la explotación del Parque Hotel Saint-Pierre (antes Don Pepe), Eucalyptus Forest SA -sociedad panameña vinculada a Villarejo a la que Cenyt Consultoría Organizacional cedió el crédito el 9 de octubre de 2014- promovió un procedimiento de ejecución que ha terminado ganando tras perder en primera instancia y darle la razón los jueces en apelación.

Una de las empresas panameñas vinculadas a Villarejo está a un paso de recuperar la propiedad de un hotel en Punta del Este tras ganar el pleito que libraba en Uruguay

En una sentencia fechada el pasado 3 de abril, a la que ha tenido acceso El Independiente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay desestima por unanimidad el recurso de casación que habían interpuesto los compradores después de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno hubiera revocado el 15 de mayo de 2019 la sentencia por la que el juez letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno había declarado la nulidad de la venta once meses antes.

Adrián Beloso-Baker y Raquel Serna han tratado de defender que el contrato de compraventa y la hipoteca eran nulos por "vicio de consentimiento por existencia de dolo", al aprovecharse Villarejo presuntamente de la confianza existente para venderle el hotel sobre la base de una información económica falsa y sin decirles que las instalaciones se encontraban en un estado "ruinoso".

En el fallo, ya irrecurrible y del que ha sido ponente el magistrado Eduardo Turell, el tribunal rechaza el dolo invocado por los recurrentes al no concurrir el elemento material que exige el Código Civil uruguayo en su artículo 1.275: "Tendrá ese carácter cuando con palabras, o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contrayentes, fuese inducido el otro a celebrar un contrato que en otro caso no hubiera otorgado". Expresado en otros términos, la mera mentira no es suficiente para que se pueda imputar una actuación dolosa. "Se requiere un plus", apostilla la sentencia.

"Extrema candidez" del comprador

Los magistrados consideran probado en autos que el hotel presentaba "patologías constructivas" y que la empresa explotadora había saldado ejercicios "con pérdidas", si bien entienden que los compradores podrían haber conocido esta realidad adoptando "cautelas medias" e "involucrándose" en el negocio que estaban cerrando.

"Procedieron con sorprendente desdén de sus propios intereses, con tan extrema candidez que más que confiados fueron incautos y apáticos con su patrimonio", detalla el fallo. Y añade: "No puede razonablemente entenderse que el Sr. Beloso, arquitecto de renombre, pudo haber sido tan ingenuo de comprar las acciones de un hotel motivado únicamente por el hecho de haberle asegurado el vendedor que el negocio era próspero".

Por todo ello, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay concluye que la operación de compraventa es "válida y eficaz" y no existe el dolo esgrimido, por lo que también lo es el otorgamiento de la hipoteca que se suscribió como garantía del pago del dinero pactado.

La Corte Suprema de Uruguay considera probado que el hotel que vendió Villarejo tenía "patologías constructivas" y daba pérdidas, pero no aprecia que actuara con dolo

Los recurrentes también intentaron que el tribunal declarara de oficio la nulidad absoluta de la cesión de crédito con garantía hipotecaria realizada por Cenyt Consultoría Organizacional en favor de Eucalyptus Forest por "ser manifiesta". Los compradores se basaban en que dicha sociedad panameña había sido usada por José Manuel Villarejo "en maniobras que lo han llevado a la cárcel en España" -en alusión a la macrocausa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón- y que el traspaso de los derechos de cobro era una mera simulación.

Tampoco acogió esta pretensión el tribunal. "No existe ningún elemento que permita sostener que el negocio de cesión de crédito haya sido simulado, siendo Eucalyptus Forest titular del crédito hipotecario que se ejecuta en autos", concluye.

Constituida inicialmente como Valle Luna Consultores SA, Eucalyptus Forest -denominación que adquirió el 21 de febrero de 2011- es una de las cinco sociedades panameñas vinculadas a Villarejo por las que la Audiencia Nacional ha pedido información a las autoridades del país centroamericano dentro de las pesquisas con las que trata de localizar el patrimonio que el comisario ya jubilado esconde presuntamente en el extranjero. Las otras sociedades son Microspermum SA (antes Participaciones Marvila), Stanstead Advisors Corp., Dry Town SA (antes Ashbury Consulting Inc.) y Stab International (antes Cadkey SA).

Los investigadores han detectado que Eucalyptus Forest ordenó el 7 de octubre de 2014 dos abonos por importe conjunto de 977.690 dólares (773.924 euros) a una cuenta abierta por Cenyt Consultoría Organizacional en la sucursal de Ibercaja en la madrileña calle de Caballeros. Con intermediación del Deutsche Bank Trust Company Americas (Nueva York, EEUU), el dinero procedía de una cuenta que Eucalyptus Forest tenía en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda).

Un estadillo intervenido en el registro, la pista

Cuando agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registraron la vivienda de Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid) a principios de noviembre de 2017 intervinieron un estadillo con saldos bancarios de varias cuentas asociadas a sus empresas en Panamá. A fecha de 24 de febrero de 2014, en la de Banvivienda aparecían reflejados 489.745,58 euros, de los que 148.750,25 correspondían a una imposición a plazo fijo.

Ésta es una de las evidencias que llevó al juez García-Castellón a pedir a las autoridades panameñas que agentes especializados de ese país recabaran toda la documentación existente sobre la cuenta y los productos financieros que Eucalyptus Forest pudiera tener en Banvivienda, a fin de conocer si mantenía fondos en dicha entidad y poder bloquearlos. El error en la numeración de la cuenta ha obligado a hacer un segundo requerimiento.

La victoria judicial de Eucalyptus Forest en Uruguay se produce meses después de que las autoridades de Panamá suspendieran a esta empresa al haber transcurrido más de tres meses desde que el agente residente -Ballard&Ballard- renunció a seguir prestándole servicio y no haber nombrado a otro despacho de abogados para que le represente. En el Registro Público no consta en la actualidad la inscripción de ninguna nueva designación, según ha podido constatar este diario.

Desde la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas de 1927, los interesados en constituir una compañía en Panamá deben suscribir previamente un pacto social que contiene -junto al objeto y capital sociales, entre otros detalles- el nombre y el domicilio de su agente en el país centroamericano, ya sea una persona física o jurídica. Su función básicamente es la de ejercer de enlace entre el cliente y las autoridades y debe asegurarse de que la empresa mantiene en todo momento la información sobre actividades y accionistas que la ley exige.

A la espera de que las autoridades panameñas aporten más información sobre las sociedades y cuentas bancarias asociadas a las empresas de Villarejo en dicho país, éste ha superado ya los 916 días como preso preventivo en Estremera (Madrid). El juez García-Castellón ha rechazado las reiteradas peticiones de excarcelación presentadas por la defensa del antiguo agente encubierto, al sospechar que los fondos que presuntamente oculta aquél en el extranjero y su "red internacional de contactos" podrían facilitar su posible fuga antes de que empiece a ser enjuiciado en las distintas piezas en las que está acusado.