La Fiscalía Anticorrupción ha recibido ya al menos una denuncia por las compras millonarias de material de protección que el Ministerio de Sanidad ha realizado de emergencia para luchar contra el coronavirus para que se investigue el "sobrecoste escandaloso" de más de 50 millones de euros que se habría abonado por diversos productos, quiénes son los intermediarios beneficiados y dónde ha ido "el dinero malgastado".

Firmado por un militar jubilado residente en Madrid cuya identidad se corresponde con las iniciales F. J. C. A., el escrito está fechado el 30 de abril y quedó registrado en la sede de Anticorrupción el pasado jueves, según han confirmado a El Independiente fuentes del Ministerio Público. Éstas dijeron que ahora pasarán a estudiarla antes de decidir si se abren diligencias de investigación.

Los asuntos no calificados como esenciales -consideración que sí tienen los relativos a la violencia de género y las residencias de ancianos- están paralizados en este momento. Hasta que la actividad no vuelva a las dependencias fiscales y judiciales no se comenzará a dar trámite a los asuntos y a decidir, por tanto, si conviene abrir diligencias de investigación. Habrá, además, un aluvión de denuncias que los fiscales tendrán que estudiar.

Así lo ha confirmado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en declaraciones publicadas este lunes por el diario El Mundo. "Debemos esperar a tener una perspectiva temporal suficiente para afrontar algunas investigaciones. No puedo adelantar lo que va a ocurrir. Lo que puedo decir es que cuando se ponen determinados hechos en conocimiento de la Fiscalía precisan de una investigación".

El denunciante pide a Anticorrupción que investigue las compras de mascarillas, batas desechables, gel desinfectante, guantes de nitrilo y respiradores realizadas por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) -dependiente de Sanidad- a empresas chinas, al entender que se ha pagado un precio muy superior al que se habría abonado a fabricantes nacionales. A su juicio, los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

El denunciante cifra en al menos 50 millones la malversación tras pagarse un "sobreprecio escandaloso"

Como responsables de dicha actuación "presuntamente delictiva", el escrito señala al director del INGESA, Alfonso María Jiménez; al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Éste afirmó el pasado 29 de abril en el Congreso de los Diputados que asumía "en primera persona los errores que haya cometido el Ejecutivo central en la gestión de la crisis del coronavirus".

Tras analizar el coste de todas las contrataciones adjudicadas, el escrito llama la atención sobre las diferencias en los precios de tres tipos de productos, dependiendo de si el proveedor era español o chino. En concreto, analiza las adquisiciones de batas desechables, solución hidroalcohólica y guantes de nitrilo.

Batas a precio de "Louis Vuitton"

En el caso de las batas, el denunciante expone que, mientras las empresas españolas las han vendido al INGESA a precios que oscilan entre los 0,27 y 1,86 euros (dependiendo de si son desechables o impermeables), el coste unitario del producto servido por empresas chinas va desde los 15,58 a los 22,07 euros. "Las diferencias en los precios de compra son tan señaladas que nos hace preguntarnos si detrás de alguna de las adquisiciones está la marca Louis Vuitton", plantea sarcásticamente.

En cuanto a los guantes, la denuncia calcula en más de un 200 % el sobreprecio abonado por el material suministrado por la china Hong Jin Medical Science&Technology Service Ltd. en relación al presupuesto que Sanidad cerró con tres proveedores españoles: Medline International Iberia (277 %), Sanicen (244,10 %) y Suministros Hospitalarios (211,76 %).

Mayor es la diferencia en términos relativos que el denunciante ha calculado al analizar los contratos referidos a las compras de geles desinfectantes. Mientras a la española Mixer&Pack SL le ha comprado la mercancía a 3,058 euros el litro, a la asiática Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd le ha a pagado el litro a 10,83 euros.

La eventual investigación de los hechos denunciados tendría que elevarse al Supremo al dirigirse contra los aforados Sánchez e Illa

"No se entiende demasiado que una solución desinfectante, que hasta casi todos somos capaces de fabricarla en nuestra casa, el Ministerio de Sanidad haya optado por comprarla en China incrementando su precio en un 354 %", señala la denuncia, que invoca también un incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Gobierno al no publicarse todos los detalles de los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción puede estudiar si hubo alguna irregularidad en la compra del material mencionado, así como si el director de INGESA tuvo alguna responsabilidad al respecto, pero tendría que ser la Fiscalía del Supremo quien elevara los presuntos hechos delictivos ante el alto tribunal en caso de existir indicios contra el ministro Illa o el presidente Sánchez, pues gozan de aforamiento por su condición de miembros del Gobierno.

Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo tendrá que manifestarse también sobre denuncias contra el presidente Sánchez y el ministro Illa por la gestión de la crisis del coronavirus. Tendrá que presentar informes a favor o en contra de que el alto tribunal investigue distintas denuncias.

Una de las primeras es la presentada por un abogado contra Sánchez por permitir las manifestaciones feministas del 8 de marzo y otras concentraciones por las mismas fechas, a pesar de las advertencias sanitarias internacionales por la rápida propagación del virus 2019-nCoV. Ve presuntos delitos de prevaricación y lesiones en su actuación.

El partido político Vox también presentó una querella contra Pedro Sánchez ante el Supremo por presuntos delitos de imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores por omisión de medidas de seguridad contra el coronavirus. La formación que lidera Santiago Abascal también se querelló hace una semana contra el Gobierno por presunto "fraude en las compras sanitarias". Denunció que los contratos se acordaron con "comisionistas sin experiencia previa, sin empleados y con sobrecostes extraordinarios".

Delgado: "Necesitamos tiempo"

Por otro lado, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) presentó una denuncia contra Salvador Illa por el reparto de mascarillas defectuosas y demás material de protección sanitario por presunto delito contra los trabajadores. El sindicato CSIF también anunció una querella contra Sanidad por este motivo e incluyó el incremento de contagios entre sanitarios.

El Consejo General de Enfermería, por su parte, denunció a Illa y a Sánchez también por el reparto de material defectuoso por presunto delito contra la seguridad de los trabajadores e imprudencia. 

En la entrevista concedida a El Mundo, Dolores Delgado afirmó tras ser preguntada por las denuncias por compra y reparto de material defectuoso entre los sanitarios que "en las posibles estafas tenemos que ver las condiciones del contrato, cómo se compró, los certificados, y necesitamos peritajes. Necesitamos tiempo y, sobre todo, que acabe la pandemia para poder desarrollar esta investigación. Eso sí, hay que investigarlo y hay que investigarlo todo, evidentemente. Vamos a comprobar qué realidad se produjo y si el contenido de las denuncias se ajusta a la realidad”, trasladó.