El proceso independentista, el referéndum del 1-O y todas sus derivadas judiciales han absorbido durante los últimos años todo el debate político catalán, hasta el punto de que las únicas comisiones de investigación creadas en los últims años en el Parlament se han centrado en la gestión del almacén de gas Castor -autorizado por el Gobierno-, sobre la Monarquía y sobre la aplicación de artículo 155.

Ahora, sin embargo, dos casos de corrupción han devuelto a la primera plana la pesada herencia de corrupción política de Convergencia Democrática, con la confirmación de la sentencia del Caso Palau y nuevos indicios en contra de la gestión de Laura Borràs al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Y esta vez sus herederos, JxCat, pueden quedarse solos intentando impedir que Artur Mas y Laura Borràs tengan que dar cuenta de su gestión del dinero público ante el Parlament.

En dos semanas, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Barcelona contra CDC y los gestores del Palau de la Música por el saqueo de la entidad cultural y su uso como tapadera para la financiación ilegal de Convergencia en un tiempo en el que Artur Mas ya dirigía las riendas del partido. Y la Sindicatura de Cuentas -tribunal de cuentas catalán- ha confirmado que la actual líder de JxCat en el Congreso fraccionó contratos para esquivar los concursos públicos, una operación fraudulenta, en su etapa al frente del Instituto de las Letras Catalanas (ILC).

Dos motivos más que suficientes para que los principales partidos de la oposición: Cs, PSC y comunes, hayan solicitado ya que ambos dirigentes independentistas acudan al Parlament a dar explicaciones. Socialistas y naranjas han registrado ya la petición para que Mas comparezca ante la Comisión de Asuntos Institucionales, que contará con el apoyo de los comunes. Los de Ada Colau fueron los primeros, además, en solicitar la comparecencia de Borràs, petición a la que después se sumaron las de PSC y Cs.

Desde el PP apuntan con ironía que "no hemos pedido más explicaciones por que ya nos han mentido mucho, pero si alguien quiere que nos mientan más, por nosotros no será" para avanzar su apoyo a la petición. La CUP -históricamente tan combativa contra la corrupción y contra Artur Mas- no se ha pronunciado todavía en el caso de Borràs, con la que los antisistema tienen especial sintonía. Pero la novedad podría venir esta vez de Esquerra, cuya dirección de grupo en el Parlament está muy hastiada de la relación con sus socios de gobierno.

El último incidente protagonizado por el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha vuelto a poner al descubierto la guerra cada vez menos soterrada entre ambos partidos. Costa olvidó el micro abierto en una reunión de la Mesa por videoconferencia, tras la cual todos pudieron oir como llamaba al representante de Cs para pedirle apoyo en contra del republicano Roger Torrent.

"Estamos muy a favor de que Artur Mas vuelva al Parlament" apuntaba con ironía un diputado republicano en este contexto al ser preguntado sobre la comparecencia del ex president. Sería la ruptura definitiva entre republicanos y neoconvergentes, tanto si fuerzan la comparecencia de Mas como la de Borràs, pero en plena batalla interna por definir el calendario electoral, que Quim Torra ha decidido postergar ahora con el argumento de la lucha contra el coronavirus, la opción está sobre la mesa.

Fuentes parlamentarias reconocen que el calendario no está nada claro, porque ni la Comisión de Asuntos Institucionales ni la de Cultura se están reuniendo desde que se decretó el estado de alarma. Pero la oposición aseguran que no dejarán morir estas iniciativas con el previsible fin de la legislatura. En el caso de Artur Mas, la comparecencia viene avalada por los beneficios de los que disfruta como ex president de la Generalitat, en los que la oposición ha puesto el objetivo.

Prerrogativas de ex president

Artur Mas disfruta de un sueldo, despacho en el Paseo de Gracia de Barcelona, personal a su disposición, escolta y coche oficial en su condición de ex presidente de la Generalitat. Unas prerrogativas que los partidos nacionalistas han defendido pese a su condena por prevaricación como responsable de la consulta ilegal del 9-N, pero que ahora están en cuestión, una vez confirmada judicialmente la condena por la financiación ilegal de CDC.

En cuanto a Borràs, está en cuestión su gestión frente a una institución de la Generalitat, en un momento en que todavía aspira a liderar JxCat. El Tribunal Supremo acordó abrir un procedimiento a Borràs por presuntas irregularidades en la adjudicación a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía ILC, entre 2013 y 2017. Ahora, la Sindicatura confirma que "del análisis de los contratos menores del período 2016-2018 de un importe de 1,32 millones de euros se desprende que a siete adjudicatarios se les adjudicaron diversos contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido para el contrato menor".

Borràs alega, sin embargo, que en su etapa en la ILC "no ha habido fraccionamiento" de contratos y expresa su extrañeza por el hecho de que en el informe de 2018 la Sindicatura "tire hacia atrás" y revise contratos de 2016, máxime cuando ella dejó la dirección del ILC en enero de 2018 para convertirse en consellera de Cultura.