El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha pedido a la dirección del Cuerpo que ponga en marcha un "plan claro, serio y realista" ante el posible colapso que sufrirán las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte cuando vuelvan a abrir sus puertas el próximo 25 de mayo y retomen la actividad, interrumpida desde que se declaró el estado de alarma a mediados de marzo.

En un escrito enviado a Francisco Pardo Piqueras, el sindicato mayoritario en la escala de mandos de la Policía Nacional no sólo reclama que se dote a los funcionarios de los medios de protección necesarios que eviten su contagio por coronavirus y el de los ciudadanos que acudan a las instalaciones, sino que se cuente con el "número suficiente" de funcionarios de la Administración General del Estado para que el servicio esté "debidamente garantizado".

En este sentido, el SPP insta al director general a que "no caiga en la tentación" de destinar a policías en activo a la expedición de documentos para "paliar la escasez endémica de funcionarios de cuerpos generales", después de que "ningún gobierno" haya puesto remedio a la falta de cobertura de las vacantes. "Se deben poner en marcha medidas de todo tipo en materia de horarios, turnos de trabajo, pago de servicios extraordinarios, que permitan afrontar la situación que se avecina con las debidas garantías de que el trabajo lo harán quienes normalmente lo tienen encomendado: los funcionarios de cuerpos generales", expone.

El SPP pide al director general que "no caiga en la tentación" de detraer agentes del servicio operativo a expedir pasaportes y DNI

La organización alerta de que el reinicio del servicio puede provocar un colapso si no se adoptan las medidas necesarias al haber estado congelada la renovación del DNI y el pasaporte durante casi dos meses y medio. Según datos oficiales de la Policía, hay unos 45.000 documentos por expedir, que se suman a los 22.000 que de manera ordinaria se despachan de media cada mes en las oficinas de todo el país.

El real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 estableció una prórroga de un un año en la validez de los DNI que caducaran desde la entrada en vigor del estado de alarma, acordada el pasado 14 de marzo.

En el escrito, el SPP expresa abiertamente su rechazo a que la solución que eventualmente pueda arbitrar la Dirección General para reforzar el servicio ante el volumen de trabajo que se avecina sea detraer policías del servicio operativo, lo que no considerarían "ni justificable ni razonable". Con todo, exigen que, si en alguna dependencia policial y por un breve periodo de tiempo, los policías tienen que auxiliar en estas tareas administrativas "se les retribuya convenientemente para que no resulten discriminados con respecto a funcionarios de la Administración General del Estado".

Reapertura el 25 de mayo

Las oficinas de expedición del DNI, pasaporte y tarjetas de extranjería abrirán el próximo 25 de mayo, si bien ello estará condicionado a que se adopten las medidas que permitan que el servicio se preste de manera segura tanto para el funcionario como para el ciudadano. Ello requerirá la colocación de mamparas frontales y laterales, a fin de evitar contagios.

Según lo previsto, los jefes de las oficinas activarán la semana anterior el servicio de cita previa. La intención es no agotar la capacidad durante la primera semana para que los funcionarios se adapten a la nueva situación y que la prestación sea al 100 % desde el próximo 1 de junio, si bien el servicio de DNI rural se mantendrá suspendido hasta después del verano.

La instrucción es que no se atenderá a nadie sin cita previa, por lo que las urgencias tendrán que ser muy acreditadas para que las autorice el jefe de la oficina. En cada dependencia policial habrá un controlador de acceso, que tendrá el listado de citas e irá poniendo orden para que el servicio fluya permanentemente en condiciones de seguridad y se respeten las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

La intención es que en la oficina tan sólo se encuentre la persona que está siendo atendida en cada puesto y otra en espera, sin que pueda entrar el resto de las citadas ese día ni acompañantes (salvo menores y personas con movilidad reducida).