El juez del caso Tándem da por concluida la investigación alrededor del espionaje que encargó una de las hijas del promotor inmobiliario Luis García-Cereceda al comisario José Manuel Villarejo para que averiguara datos privados de su hermana, Yolanda García-Cereceda, y la situación en que quedaba la herencia familiar en la inmobiliaria Procisa tras el fallecimiento del padre.

El instructor Manuel García-Castellón ve motivos para sentar en el banquillo al comisario Villarejo; a su esposa Gemma Alcalá; a su socio Rafael Redondo; al comisario jubilado Enrique García-Castaño; a Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, promotores de la urbanización madrileña de lujo 'La Finca', y al responsable de Seguridad de ésta, David Fernández Aumente, por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

El juez da 10 días a la Fiscalía Anticorrupción para presentar su escrito de acusación y encuentra indicios de que Susana García-Cereceda, Peñalver y Aumente contrataron los servicios de Villarejo a sabiendas de que estaba en activo en la Policía y le encargaron trabajos "a fin de reclamar una herencia sobre la inmobiliaria Procisa y averiguar también datos sobre la situación en la que quedaba el resto de los herederos". Unos servicios que, según relata el juez en su escrito, "excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa".

Seguimientos a una jueza y tráficos de llamadas

Los promotores de La Finca habrían recurrido a Villarejo para averiguar en qué situación se encontraban los procedimientos judiciales en torno a la promotora Procisa. Para ello, según los indicios que arroja la investigación, el comisario y su red en la empresa privada Cenyt habrían hecho "seguimientos a la juez de Pozuelo (Madrid) encargada del procedimiento de división de la herencia, Mónica Gómez Ferrer".

El comisario, que entonces se encontraba en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, cobró hasta 340.252 euros entre 2013 y 2014 "con procedimientos opacos pactados" con los contratantes por el denominado Proyecto Land. Paralelamente a esta pieza y por la irregularidad de los contratos, también se investiga a Villarejo por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra Hacienda.

Éste habría ofrecido a sus clientes de la familia Cereceda "servicios de Inteligencia, análisis de información e intoxicación informativa en medios". Unos trabajos que, según el instructor, iban "mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives", puesto que para "solventar una situación de crisis, incluía obtención de datos de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado, tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc...". Para ello, se habría valido (como para otros contratos investigados en la Audiencia Nacional) de sus contactos en la Policía. El juez sitúa en su auto a subordinados del comisario García-Castaño como quienes habrían proporcionado información confidencial a la red de Villarejo. Así justifica ponerle a un paso del banquillo.

En los despachos de Susana García-Cereceda y Peñalver se habrían encontrado informes de seguimiento a los perjudicados Yolanda García-Cereceda, Jaime Ostos (su marido), Silvia Gómez-Cuétara, viuda de Luis García-Cereceda y el arquitecto Joaquín Torres.

Según el auto del juez, Villarejo también se habría hecho de manera ilegal con un informe de la agencia de detectives Método 3 sobre la situación de Procisa que encargó Yolanda García-Cereceda a dicha empresa.

Origen de la investigación

La investigación de este contrato parte de los hallazgos de documentos y grabaciones por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en la vivienda de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 a raíz de la denuncia en Anticorrupción presentada por un abogado que fue su ex socio en el denominado Proyecto King.

Entre dicho material, los investigadores encontraron los audios de las entrevistas mantenidas entre Villarejo, su socio Rafael Redondo, Susana García-Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández Aumente. Durante una de ellas, el comisario se "reconoce como policía", según los informes policiales que el juez recopila como indicios del delito continuado de cohecho presuntamente cometido por los investigados.