La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este lunes a JxCat consensuar "un calendario para los próximos meses". Esto es, fijar juntos la fecha de las próximas elecciones autonómicas, que Quim Torra anunció como inminentes justo antes de que estallara la crisis del coronavirus. Ahora, sin embargo, Torra parece más cómodo que nunca en la gestión telemática de la Generalitat, mientras entre Esquerra asume el coste de la gestión de la sanidad y las residencias, y los neoconvergentes se indignan cuando sus socios reclaman un calendario electoral. Petición a la que ayer se sumó el líder del PSC, Miquel Iceta, poniendo como ejemplo el País Vasco para celebrar los comicios en julio, antes de eventuales nuevos brotes de la pandemia, y de que el Tribunal Supremo inhabilite definitivamente a Torra.

"La prioridad sigue siendo salir de la crisis sanitaria, aseguraba ayer Vilalta, pero hay que ir hablando entre los socios del Govern para planificar los escenarios que vendrán 'a posteriori'". La portavoz republicana insistía así en la vía abierta la semana pasada por el líder del partido, Oriol Junqueras, quien también apremió a Torra desde la prisión de Lledoners.

Los republicanos insisten en que es preferible fijar el calendario desde el gobierno catalán a que lo fije el Tribunal Supremo, que tiene que decidir sobre el recurso de Torra contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia. La suspensión de la actividad en la justicia ha dado un margen mayor del esperado a Torra, que inicialmente confiaba en no ser inhabilitado antes de otoño, pero la ratificación de la sentencia del Caso Palau la semana pasada dejó claro que el Supremo vuelve a trabajar a pleno rendimiento en las causas catalanas.

Según Vilalta, JxCat y ERC deben garantizar que la reconstrucción la pueda liderar el Govern "sin interferencias de los tribunales". "Esto es imprescindible", aseguró la republicana, dejando claro, eso sí, que su partido no cuestiona la potestad que tiene el presidente de la Generalitat de convocar las elecciones. Pero dado que hay un gobierno de coalición, entiende que "sería bueno consensuar los escenarios de futuro" entre las dos formaciones que sustentan dicho gobierno.

El PSC, a punto

Otro de los supuestos beneficiarios de un adelanto electoral, el socialista Miquel Iceta, se sumaba ayer a la presión. "Quien se comprometió a dar una fecha electoral tras aprobar los presupuestos fue el president, le pedimos que sea coherente con lo que anuncio, sobre todo desde el momento en que su socio de gobierno se lo plantea públicamente" argumentó Iceta, aunque asegura que los socialistas están centrados ahora en propuestas para salir de la crisis, no en elecciones.

El socialista fue un paso más allá, apuntando además a una posible fecha. "Cuesta decir una fecha, los socialistas lo que queremos es que el president honre su compromiso y estamos aun en Fase 0. Pero mucha gente cree que es posible que en otoño haya un rebrote, y viendo que en el País Vasco quieren hacer elecciones en verano, son elemento de reflexión para que Torra nos diga" una fecha.

Una reflexión que rechazan desde el PDeCat, cuyo portavoz, Marc Solsona, recordó que se trata de una potestad exclusiva de Torra. Cuando el presidente catalán anunció el adelanto electoral tras los presupuestos lo anuncio "no estábamos en la crisis del coronavirus" argumentan desde la ex convergencia. "Entendemos que lo que pide la gente es que solucionemos los problemas y minimizar el impacto de la crisis, no entrar en una ruleta electoral que no ayuda a que la gente pase mejor la crisis".

División en el seno de JxCat

Claro que los postconvergentes tienen motivos para ver como una ventaja que se pospongan las elecciones, habida cuenta de las dificultades para cerrar el "reordenamiento del espacio de JxCat", como ellos llaman a la negociación con Jordi Sánchez y el entorno más próximo de Carles Puigdemont para estructurar el nuevo partido y definir el reparto de poder. En juego esta la supervivencia de la estructura convergente que lideran Solsona y David Bonvehí frente a los intentos de Puigdemont y Sánchez de hacerse con todo el poder de este espacio, en una opa iniciada con la expulsión de Marta Pascal y el lanzamiento de la Crida que no han podido completar todavía.

La negociación se encuentra "en los mismos términos" que tras la última reunión entre Bonvehí y Jordi Sánchez, el 12 de marzo, justo antes de decretarse el estado de alarma, reconoció ayer Solsona. Lo que significa que no hay acuerdo sobre el reparto de poder para decidir a próxima candidatura a la presidencia de la Generalitat, la lista para el Parlament o como se gestionarán los recursos.

Las subvenciones electorales corresponden al PDeCat, dueño de las siglas, que en las últimas elecciones cedió integramente esos recursos a la campaña de Puigdemont, gestionada por Elsa Artadi. Pero la dirección del grupo parlamentario, controlada por los "independientes" de Puigdemont, se ha quedado después con buena parte de los recursos del grupo que en circunstancias normales habría gestionado el partido. Una indefinición que no alienta a la convocatoria de elecciones.