El Gobierno de coalición sacará adelante el decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia gracias al voto de los parlamentarios independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la abstención de Bildu, así como del voto favorable del grupo minoritario Mas País o el Partido Regionalista de Cantabria.

Tanto Partido Popular como Vox y Junts per Catalunya ya anunciaron que votarían en contra del plan presentado por el ministro Juan Carlos Campo para devolver la actividad a la Justicia paulatinamente y hacer frente al colapso generado por el parón tras la pandemia. Ciudadanos tampoco apoyará el plan finalmente.

Este miércoles, Campo pidió el apoyo de los grupos políticos en la Sesión de Control al Gobierno para un decreto con "actuaciones quirúrgicas" para afrontar los "estragos sociales" que traiga consigo la crisis por la Covid-19.

Presume de "cogobernanza"

El ministro de Justicia afirmó durante su comparecencia que "el proceso de cogobernanza ha sido meritorio en este ámbito. Pactamos con las Comunidades Autónomas la presencia de servicios mínimos", afirmó, así como pidió que no se tomen decisiones "con la mirada estrecha en pérdidas o ganancias de resultados electorales".

A pesar de que el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, estuvo de acuerdo con el plan de Justicia e incluso propuso que se habilitara el mes de agosto para la Justicia, la medida más polémica del plan, el Partido Popular al que pertenece finalmente ha votado en contra.

Esta habilitación de las tres últimas semanas de agosto han recibido muchas críticas desde el ámbito de la Abogacía, la Procura y el Judicial. Aunque el Consejo General del Poder Judicial lo apoyó, finalmente trasladó a los jueces la recomendación de no señalar juicios para esas fechas.

Las medidas

El decreto de Justicia -que los grupos favorables exigen tramitar como proyecto de ley para poder introducir enmiendas- también apuesta por generalizar el sistema de videoconferencia para los juicios como medida principal.

Da prioridad a los asuntos generados por la crisis del coronavirus, como la tramitación de los concursos de acreedores en los juzgados mercantiles o de los ERTE y EREs.

El plan apuesta por el teletrabajo, pero no incluye ninguna dotación económica para implementarlo, como han afeado las asociaciones judiciales. También recomienda que se dejen de utilizar las togas para evitar contagios y establece la reanudación de los plazos procesales a partir del 24 de mayo.