A cuatro días de la fecha fijada para el retorno a las clases de parte del alumnado, al Gobierno vasco se le ha complicado de modo importante poder llevar a cabo su propósito. En un primer momento, la consejería de Educación planteó que desde el día 18 todos los estudiantes de 4° de la ESO, Bachillerato y FP comenzarán su retorno paulativo a las aulas -algunos cursos de esos niveles lo harían el día 25- y de modo obligatorio. Sin embargo, ante las primeras críticas por parte de la comunidad educativa, el Gobierno de Iñigo Urkullu rectificó y propusó que el retorno físico a los colegios fuera voluntario y de acuerdo a la decisión de cada centro docente.

Sin embargo, a día de hoy la posibilidad de que desde este lunes pueda verse al alumnado afectado, cerca de 75.000 estudiantes, físicamente en las clases continúa lejos de producirse. Y lo es desde varios puntos de vista; el legal, el educativo y el sanitario. El propio Ejecutivo de Urkullu ha reconocido que, a pesar de que la medida se acordó con el ministerio, carece por el momento de "materializacion jurídica".

Hoy el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, se ha referido a esta cuestión y ha apuntado que más allá del amparo jurídico en esta cuestión debe primar "el sentido común". Se ha mostrado críticos con planteamientos que no cuenten con ese respapldo pero fundamentalmente que no garanticen la seguridad sanitaria suficiente, "hay que ir paso a paso". Precisamente mañana la ministra de Educación, Isabel Celaá, presidirá la Conferencia Sectorial telemática que celebrará con las Comunidades Autónomas para abordar el cierre del curso escolar.

Rechazo de AMPAS y docentes

La 'desescalada educativa' se ha topado también con el rechazo de gran parte del profesorado y de los centros educativos, que ven muchas dificultades para aplicar la medida y que denuncian que no se ha consensuado con ellos. Tampoco las Asociaciones de Padres y Padres (AMPAS) apoyan el regreso a las clases sin que previamente se les pueda garantizar suficientemente la seguridad sanitaria y medios para llevarla a cabo.

Las principales centrales sindicales, ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT se han manfiestado hoy ante la sede del Gobierno vasco en Bilbao para protestar por la medida. Por su parte, las AMPAS emitieron ayer un comunicado en el que aseguraban que hasta que no se garanticen las condiciones en las que se pudiera llevar a cabo el regreso, es precipitado plantearlo. Apuntan además que esta situación está provocando "incertidumbre y preocupación" en las familias y advierten de que dejar en manos de los centros la decisión puede generar situaciones de "desiguladad" entre el alumnado. Reclaman al departamento de Educación que centre sus esfuerzos en apuntalar la digitalizacion y en preparar el regreso de cara al próximo curso.

Por el momento sólo el Consejo Escolar de Euskadi ha apoyado abiertamente la decisión y considera que la vuelta a las clases es una buena medida pero que debe ser aprobada por los consejos escolares de cada centro educativo.

Desde el punto de vista sanitario, tanto las representación del profesorado como de las familias considera que no se les han trasladado garantías para un regreso con la protección necesaria ni los medios adecuados para los centros. El plan que propone Educación pasa por un regreso en el que sea obligatorio, tanto para docentes como alumnos, el uso de mascarillas durante toda la jornada lectiva, una separación de 1,5 metros entre pupitres, una concentración de las jornadas -se suprime el servicio de comedor-, recreos escalonados y habilitar entradas y salidas diferenciadas.