Las organizaciones Asaja, COAG y UPA han criticado duramente este martes la campaña de inspección que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de "esclavitud o prácticas similares" en explotaciones agrícolas al entender que la sombra de duda que se proyecta no tiene nada que ver con la realidad actual del campo español.

Como ha desvelado El Independiente, la dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado a las jefaturas provinciales que lleven a cabo visitas entre mayo y junio a instalaciones agrarias a fin de realizar comprobaciones en materia de economía irregular y de seguridad y salud en el trabajo. Esas salidas, que se harán de manera conjunta con la Guardia Civil, deben servir también para identificar posibles casos de explotación laboral y de trata de seres humanos.

"No tiene ni pies ni cabeza. España está en Europa, esto no es África ni ningún país con dictadura donde la gente esté en plan esclavo. ¿Es que estamos locos?", declara Eduardo López, responsable de Relaciones Laborales de COAG a nivel nacional. Y añade: "Nos parece inaudito e insólito".

López dice que la organización que representa no cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, pero lamenta que desde la Administración se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato físico al trabajador cuando los casos son "muy aislados".

"Estamos hartos de que, cuando llegan estas fechas y en otros países competidores empiezan a sacar sus producciones, nos hagan la guerra con este tipo de afirmaciones. La institución no puede entrar en ese juego, porque da pie a que haya medios de comunicación pagados por cadenas, industrias y otros lobbys agrarios europeos para que nos desplacen en los lineales con campañas inventadas", defiende Eduardo López.

Asaja, COAG y UPA rechazan que exista "esclavitud" en el campo español y avisan de que la sombra de duda puede beneficiar a países competidores

Pedro Barato, presidente de Asaja, considera que mensajes sobre la posible existencia de trabajadores en situación de "esclavitud" no ayudan a la "convivencia pacífica" y, por el contrario, "hacen mucho daño" a un país como España en el que la agricultura es un "sector estratégico".

"Debe de ser por el gran desconocimiento que tienen del sector agrario estas personas [en alusión a la dirección de Trabajo y Economía Social, uno de los cuatro ministerios controlados por Unidas Podemos] y si no es desconocimiento debe ser mala fe. Y si no es mala fe... Nos vienen acostumbrando a que son unos profesionales de crear odio en la sociedad española", opina Barato, que recuerda que el sector agrario se regula por convenios colectivos y con disposiciones del propio Gobierno en materia de mano de obra extranjera.

"Podían mirárselo bien y empezar por sus compañeros de partido, que son los que no pagan la Seguridad Social", indica el presidente de Asaja en alusión a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos y multado en 2017 por no cotizar por su asistente personal.

Pedro Barato asegura que podría llevar a la ministra de Trabajo y Economía Social a cualquier explotación de los socios de Asaja para que comprobara que "se cumple la ley" y asegura que le consta que el ministro de Agricultura -Luis Planas (PSOE)- "no comparte" los términos del documento y el cuestionario que se ha enviado a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social para las visitas conjuntas con la Guardia Civil. 

"En el campo español no hay esclavitud, lo que hay es una lacerante falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector primario. Y eso es lo que se debe perseguir. El trabajo en el campo está fuertemente regulado y sujeto a convenio. Además, la relación de trabajadores y empleadores es de trabajo conjunto, de trabajo codo con codo, y en absoluto de esclavitud", declara Lorenzo Ramos, secretario general de UPA.

"Acusaciones infundadas"

Ramos comparte que el Ministerio de Trabajo "luche contra la opresión", pero rechaza que señale al agrario como un sector "en peor situación laboral que otros" porque -dice- eso "no es cierto". "Este tipo de acusaciones infundadas son utilizadas luego para generar falsas noticias en países con intereses comerciales contrapuestos a los de España, por lo que es un asunto que debe tratarse con el máximo cuidado para evitar daños al sector", agrega.

Las críticas han llegado también desde algunas comunidades autónomas. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP), lamenta que el Gobierno de España "prejuzgue" al campo y transmita "una imagen desacertada de nuestra agricultura", un sector que se ha convertido en "colchón de la crisis" desde la declaración del estado de alarma y que "está demostrando día tras día un enorme grado de responsabilidad".

Crespo censura el "ataque gratuito" del Ministerio de Trabajo y Economía Social y pide que el ministro Luis Planas salga "en defensa del campo andaluz". "Si hay casos puntuales, que actúen. Lejos de actitudes persecutorias, el Gobierno debería apoyar a un sector que durante la pandemia ha apoyado el abastecimiento de las personas de medio mundo, cultivando con sostenibilidad  desde el punto de vista medioambiental y social, pues dan empleo de calidad a muchas personas", ha expresado.

La consejera andaluza de Agricultura pide al ministro Luis Planas que salga en defensa del campo tras el "ataque gratuito" de Trabajo

El documento enviado a los inspectores de Trabajo que participarán en la inminente campaña agrícola reconoce que el objetivo es la "detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, en especial casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre".

Dicha nota ampliatoria incluye un cuestionario que permite al inspector y al subinspector actuantes "ampliar su visión sobre la trata de seres humanos (y, en su caso, la explotación laboral)". Se trata de una quincena de preguntas incluidas en un epígrafe titulado 'Cuestiones generales' en la que se trata de conocer si se han apreciado indicios de "malos tratos" al trabajador o si hay evidencias que permitan pensar que el jornalero no puede abandonar el lugar de trabajo "como alambradas o la presencia de guardianes".

El informe precisa que dichas cuestiones "suelen ser abordadas" por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participan en las visitas -la Guardia Civil al estar las explotaciones en los núcleos rurales-, si bien recomienda a los inspectores que se coordinen con los agentes "al objeto de que las entrevistas no sean tan repetitivas".