La Comunidad de Madrid ya ha entregado al Ministerio de Sanidad los informes técnicos que avalan la nueva petición de entrar a partir del 18 de mayo en la fase uno de la desescalada, que incidirán en el refuerzo de personal (sobre todo en Atención Primaria) y en la estrategia de seguimiento y control de posibles casos de coronavirus.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han apuntado a Europa Press que el envío de la documentación ya se ha formalizado y, por tanto, la propuesta de Madrid puede ser evaluada por los expertos designados por la administración estatal.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que la Comunidad de Madrid "está preparada" para escalar a ese nivel y que otro rechazo por parte de la administración estatal no se entendería porque se ha cumplido con las directrices marcadas por el Ministerio.

"No entenderíamos que no se produjese ese paso a Fase 1 puesto lo que el Ministerio nos planteó en su momento Madrid lo ha cumplido y además lo ha cumplido con creces", ha sentenciado en una entrevista a RNE para insistir en que la capacidad del sistema sanitario madrileño está demostrada.

15.000 PCR al día

Entre los datos aportados figuran el incremento de la capacidad para hacer pruebas diagnósticas PCR, que suben de 11.000 a 15.000 diarias, con el objetivo de tener poder diagnosticar todos los casos sospechosos de Covid y a su entorno.

En su primer intento, Madrid presentó sobre todos los datos de bajada de incidencia hospitalaria de la pandemia y la capacidad asistencial de su red sanitaria, con un descenso del 83 por ciento en camas de hospitalización y del 64 por ciento en UCI, algo en lo que se vuelve a incidir.

Aparte, comunicó también esta estrategia de control y detección, aunque el Ministerio optó por pedir a la comunidad más detalle de su planificación en este campo y consolidar este factor en la Atención Primaria.

Este planteamiento implica diversas medidas como la puesta en marcha de equipos multidisciplinares de "rastreadores", liderados por epidemiólogos, toma de muestras en domicilios, reporte de pruebas PCR en menos de 24 horas y la puesta en marcha de un servicio de llamadas diarias en el ámbito de la Atención Primaria.

También este plan contempla un refuerzo "suficiente" de personal en el área de vigilancia epidemiológica de cara a la "identificación y contención precoz" de fuentes de contagio, así como el "diagnóstico y aislamiento" de los casos, que incorporará a residentes para esta función.

A ello se suma un refuerzo de personal en área de vigilancia, con 16 residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, 66 efectivos de enfermería con formación específica en este campo y 40 operadores para tareas de seguimiento en centros de Atención Primaria, que se suma a un aumento de plantilla ya previsto de 650 a este nivel asistencial, precisamente uno de los requisitos planteados por el Ministerio.

La Consejería de Sanidad detalló la semana pasada que el Ministerio de Sanidad valora la capacidad de Madrid de "flexibilizar" tanto sus camas de UCI, que llegaron a estar por encima de las 1.900, y las convencionales, que alcanzaron una cantidad superior a las 24.000 camas. A ello se podrían sumar las instalaciones de Ifema y los hoteles medicalizados.

Aparte, la Comunidad de Madrid ha comenzado a repartir siete millones de mascarillas FFP2 de forma gratuita a la población para reforzar los niveles de protección de la ciudadanía con vistas a asumir con más garantías esa desescalada.

Reunión el jueves

Fue el pasado lunes, durante el Consejo Interterritorial semanal, cuando la Consejería de Sanidad avanzó al Ministerio que volverían a intentar escalar en la fase uno de la estrategia de transición diseñada por el Gobierno central.

El Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid mantendrán una reunión bilateral este jueves para analizar la propuesta técnica regional, según ha especificado el propio ministro, Salvador Illa. Su previsión es que el viernes se dé contestación a la petición del Ejecutivo autonómico.

La negativa de la semana pasada se produjo un día después de la dimisión de la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que no estaba de acuerdo con pedir ya esta medida por no tener garantizado, como exponía en un informe, el suministro de EPIs, falta de personal principalmente en la Dirección General de Salud Pública para la vigilancia epidemiológica y en Atención Primaria y tener más pacientes ingresados en UCI que la capacidad habitual de este recurso.

Por su parte, el consejero de Sanidad detalló que la Comunidad pidió entrar en esta fase al concluir que había "seguridad asistencial" del sistema sanitario para escalar en esta primera fase de transición.