Primero fueron los aviones. Luego, los menús de Telepizza y Rodilla. Ahora, una estancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un apartahotel de lujo que se ha extendido durante casi dos meses y su relación con la adjudicación fantasma de contratos al dueño del alojamiento se han convertido en la punta de lanza de la oposición, tanto a nivel regional como nacional, contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Sobre su tejado empezaron a llover las acusaciones de "cohecho" y las comparaciones con Cristina Cifuentes y el caso Máster. En el Congreso, el vicepresidente Pablo Iglesias terminó hablando de "corrupción".
Los implicados lo reducen a una "chapuza administrativa". Así lo definió este miércoles Rafael Escudero, presidente de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, entidad responsable del funcionamiento de los hoteles cedidos por Kike Sarasola, que explica de televisión en televisión que no ha cobrado un euro de la Comunidad, ni de ninguna otra administración a la que ha cedido instalaciones durante la pandemia. Dice que sólo aspira a cobrar los 2.400 euros por mes que le deberá Ayuso cuando termine su estancia.
Pero, ¿cómo ha llegado Ayuso a estar de nuevo en el ojo del huracán político? Vayamos por partes. La presidenta se aloja desde el 16 de marzo en un hotel de la cadena Room Mate en la capital, compañía que dirige el empresario Kike Sarasola. Ayuso nunca ha ocultado que residía en un hotel prácticamente desde que comenzó el estado de alarma, pero su entorno no daba detalles de su ubicación con el objeto de proteger la privacidad de la líder regional. Los detalles se desconocían hasta este mismo lunes, cuando la revista Vanity Fair desvelaba que la suite privada de la presidenta se ubicaba en el hotel de lujo Be Mate Plaza de España, y que se trataba de la Royal Suite, tasada en unos 200 euros la noche.
¿Por qué decidió la presidenta de la Comunidad de Madrid aislarse en un hotel? Ese mismo 16 de marzo, Ayuso anunciaba que había dado positivo en coronavirus, y decidió retirarse a la citada estancia y dejar su vivienda habitual para no contagiar a su pareja. Sarasola ha asegurado que la cesión del espacio se negoció y concretó antes de esa fecha. "Al estar aquí sola, en un hotel, no obligo a nadie a trabajar conmigo. Si ahora fuera a Sol, obligaría a desplazarse a mucha gente de mi entorno, como personal de seguridad o mi equipo", declaraba en una entrevista para El Confidencial el pasado 30 de marzo. Desde la habitación de hotel, la presidenta regional siguió ejerciendo sus funciones, manteniendo reuniones por la vía telemática o atendiendo entrevistas, como pudo comprobarse en las semanas posteriores.
La presidenta recibió el alta el 10 de abril, fecha a partir de la cual siguió con su agenda habitual acudiendo presencialmente a diversos actos públicos. Pero no dejó el apartamento, en el que permanece a día de hoy. Fuentes de su entorno descartaron exponer los motivos de esta decisión, mientras los interrogantes iban creciendo y el silencio mantenido en la Comunidad de Madrid empezó a ser atronador.
La siguiente fecha relevante dentro de esta historia llegaría el 6 de mayo. Importante porque este mismo día el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba una partida de hasta 806.193,15 euros para "atender a mayores en dos hoteles adaptados como residencias temporales". Entonces no sorprendía el anuncio, pues éstos se unirían al resto de 'hoteles mutantes' que se habían preparado anteriormente para atender a los afectados por el virus cuando la red sanitaria madrileña no daba abasto. La partida iba dirigida a los servicios de atención sociosanitaria, alimentación y cuidado de los dirigentes, que se hospedarían en el Room Mate Alicia y el Room Mate Alba, ambos de la cadena de Kike Sarasola, que el empresario había ofrecido, alegaba, de forma "desinteresada y gratuita".
Tras publicarse los detalles del lujoso apartamento de Ayuso este mismo lunes, los rumores sobre un posible "regalo" de Sarasola a Ayuso a cambio de adjudicaciones contractuales a dedo para adaptar sus espacios hoteleros como residencias temporales para pacientes con Covid-19 fueron in crescendo.
En la Comunidad de Madrid desmintieron primero que el coste procediese de las arcas públicas. Y, el martes, fueron más concisos afirmando que el alquiler del espacio sale del bolsillo de la propia presidenta. 80 euros la noche, 2.400 euros al mes. La versión de la líder regional la ratificaba la empresa Room Mate, que el mismo martes difundía un comunicado confirmando que la reducción del precio habitual -recordemos, 200 euros la noche por la Royal Suite- se debe a que es la tarifa habitual para un alquiler de larga duración, como es el caso de Ayuso.
La "chapuza" del contrato 'fantasma'
El enredo se complicó aún más el martes por la noche. La versión oficial, corroborada por la empresa, de que la región no había pagado un euro a Room Mate y que la relación entre Ayuso y Sarasola se limitaba a la de casero y clienta se tambaleaban cuando la Consejería de Asuntos Sociales publicaba en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid un contrato de "emergencia" para la puesta en marcha de hoteles para su uso por personas mayores, adjudicado a Room Mate por 565.749,58 euros.
Pero duró poco. El documento desapareció y le sustituyó otro con cambios notables. Para empezar, la empresa ya no era Room Mate, sino la Coordinadora Tercer Sector, que agrupa a las ONG de la Comunidad, y la cuantía descendía a los 240.443,57 euros.
La versión oficial de la Comunidad de Madrid es que se cometió un "error humano" en la publicación del contrato respecto al nombre del adjudicatario, que corresponde a la Consejería de Políticas Sociales (Cs). Respecto a las cuantías de uno y otro contrato, tanto la cadena hotelera como el Gobierno regional aseguran que, en un principio, iban a habilitarse los dos hoteles mencionados -el Room Mate Alba, de unas 80 habitaciones; y el Room Mate Alicia, de 34-, si bien la favorable evolución de la pandemia provocó que, finalmente, sólo se habilitase uno de ellos.
Uno de los interrogantes que quedaban encima de la mesa era por qué las sumas de ambos contratos -el 'fantasma' de Room Mate y el de Tercer Sector- daban exactamente la cantidad que el Gobierno regional había liberado el 6 de mayo -806.193 euros-. Según publica eldiario.es, la Consejería alega que debía informar al ejecutivo regional del gasto total previsto para la medicalización de los dos hoteles, aunque finalmente sólo fuese necesario habilitar el más pequeño de ellos. La partida de 565.749,78 euros era la cuantía dirigida a preparar el Room Mate Alba; y los 240.443,57, para el Room Mate Alicia, el que finalmente se puso en marcha.
Según la propia Consejería de Políticas Sociales el importe será incluso menor de los 240.000 euros estimados, y lo cifra ronda ahora unos 157.000 euros. Sea como fuere y una vez finalice el servicio, será la Coordinadora Tercer Sector la que determine el coste total de sus servicios de alimentación, limpieza, lavandería o seguridad, y se reafirman en que serán ellos los que cobren por el servicio, y no Room Mate. El empresario reitera que su único papel en esta transacción fue la de ofrecer los hoteles sin llevarse un sólo euro.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de la Coordinadora, Rafael Escudero, se mostraba "indignado" por tener que aclarar este asunto. Y apuntaba que el problema principal partía de presentar como una adjudicación lo que es únicamente una provisión de gastos, que en un inicio se calculó en hasta 800.000 euros pero finalmente será mucho más baja. Esta plataforma asume los gastos del funcionamiento de los espacios, y a final de mes pasa la factura a la consejería -en manos de Ciudadanos- para que se la abone. Cosa que se está haciendo, denuncia, con retrasos.
En una entrevista anterior con Cuatro, Escudero redujo el asunto a "una chapuza administrativa" en la publicación del documento y afirmó que no le consta que Room Mate haya recibido un euro por ceder sus espacios, como también ha señalado reiterada y enérgicamente la empresa.
Sarasola, "triste" e "indignado"
En una intervención en el programa Todo Es Mentira de Cuatro, Kike Sarasola también negaba taxativamente que hubiera existido cohecho en la prestación de servicios con la presidenta y se mostraba dispuesto a mostrar "facturas" que justificaban el cobro de 80 euros la noche a la presidenta, y no los 200 estipulados. "A un cliente le cobré 78 euros por noche por quedarse 80 días. Ella se queda 60 días y le cobro 80 euros", afirmaba el empresario.
"Mi trabajo es vender camas, y se lo vendo a quien entre por la puerta, sea Ayuso o quien sea", defendía Sarasola, quien alegaba que, derivado de las restricciones del estado de alarma, todos sus hoteles "están vacíos", por lo que "me viene al pelo que me paguen 2.400 euros al mes cuando tengo cero ingresos".
El empresario hotelero declaraba estar "triste" e "indignado" por la polémica, porque "echa por tierra la labor de todo un equipo que ha trabajado voluntariamente" y la suya propia al ceder sus hoteles para la lucha contra el Covid-19 sin pedir dinero a cambio. "A mi me ha costado muchísimo dinero. No me han adjudicado un sólo euro de la administración(...) Yo he corrido con los gastos".
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