El compromiso era tomar la decisión por consenso y una vez levantado el estado de emergencia sanitaria. Pero por ahora, el lehendakari no ha logrado ni siquiera el respaldo explícito de su socio de Gobierno, el PSE. Este mediodía Iñigo Urkullu ha citado a los partidos con representación parlamentaria para abordar la celebración de las elecciones autonómicas pendientes en Euskadi tras verse forzado a suspender los comicios del 5 de abril. Volverá a mostrar su preferencia por llevarlas a cabo durante el mes de julio, en contra de la posición de la mayor parte de la oposición que se decanta por aplazar los comicios a después del verano.

Urkullu tendrá la última palabra y hoy podría fijarla definitivamente. Suya es la potestad de establecer la fecha y parece complicado que cambie de parecer. Además, acude a la cita con lo que augura un plan electoral conjunto Euskadi-Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, aseguró ayer que es mejor celebrar los comicios gallegos “a la mayor brevedad”, según le recomiendan sus servicios jurídicos y los informes sanitarios: “Su celebración cuenta con mayores garantías a principio que a finales del verano”, dijo, o lo que es lo mismo; en julio.

Desde que el lehendakari anunció hace semanas su preferencia, su distancia con los partidos se ha profundizado y algunos de los problemas derivados de la gestión de la crisis sanitaria se han agravado. Urkullu anunció que acudiría a la reunión de esta mañana aportando nuevos datos de la evolución de la pandemia.

Los últimos informes de incidencia del Covid-19 conocidos ayer apuntaban a un rebrote de contagios y fallecidos, en especial en Vizcaya, y que ponían freno a la progresiva reducción de los últimos días se añadía los informes de seroprevalencia que en el caso de Euskadi arrojaban niveles de inmunidad muy reducidos y por tanto alto riesgo aún de rebrote de la enfermedad. El coronavirus está lejos de ser controlado en el País Vasco según estos sondeos de prevalencia preliminares. En Vizcaia sólo el 3,9% de la población muestra algún tipo de inmunidad, por un 2,9% en Guipúzcoa y un 7,9% en Álava.

Una fotografía que abona la tesis de que aún es pronto para celebrar unas elecciones con suficientes garantías, tal y como subraya la oposición. La sanidad vasca tendrá aún que hacer públicos los datos de su propio rastreo inmunitario, que lleva a cabo con 4.000 análisis más además de los 5.000 llevados a cabo dentro de la muestra impulsada por el Ministerio de Sanidad y avanzada ayer.

El Gobierno vasco ya fijó en su informe para pasar de la Fase 0 a la Fase I el mes de julio como el de menor incidencia de la epidemia y de necesidad de material para abordar el coronavirus.

La reunión de esta mañana se celebra después de que el PNV hubiera logrado apuntalar la autorización del Gobierno de España a una posible convocatoria electoral en Estado de Alarma. La enmienda aprobada en la cuarta prórroga permitiría al lehendakari despejar posibles vetos a su celebración. La medida se antoja necesaria ante un probable escenario de complicación de la desescalada que ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez descarta para los próximos meses. Por ahora, ya se plantea que la próxima prórroga que se propondrá en el Congreso sea de un mes en lugar de los quince días establecidos hasta ahora. De esta forma, el País Vaso, y en su caso Galicia, podrían celebrar las elecciones días después del final de la quinta prorroga del Estado de Alarma.

Resurge Zaldibar

El apoyo a su propuesta tiene como alternativa la celebración de elecciones en octubre, opción por la que se decantarían partidos como EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Oficialmente la legislatura concluirá el 25 de octubre. Ambos partidos consideran que para entonces se tendría un horizonte más claro del comportamiento de la epidemia. Desde el PP se han limitado a cuestionar la urgencia del lehendakari en celebrar los comicios si bien no se han pronunciado por cuál sería su prioridad. Los socialistas, por su parte, se han limitado a reclamar garantías sanitarias suficientes antes de establecer la fecha para acudir a votar.

Urkullu busca la complicidad del resto de formaciones en un momento en el que algunas de las decisiones de su Ejecutivo están siendo cuestionadas. La más relevante es la referida a la reanudación de la actividad escolar en 4º de la ESO, Bachillerato y la Formación Profesional a partir de este lunes. La medida ha sido rechazada por los centros escolares, las Asociaciones de Padres y Madres y los sindicatos. En todos los casos se considera precipitado el retorno a las aulas y se cuestiona la insuficiente garantía de medios que se están brindando desde la consejería de Educación para que el alumnado y el profesorado reinicie la actividad. Unas críticas que se suman a la duda legal que se deriva de la singular ‘Fase I restrictiva’ que desde este lunes se aplica en Euskadi. Un cambio de nivel de confinamiento en el que no se había incluido ningún tipo de respaldo legal ni se preveía en el decreto del Gobierno vasco.  

A todo ello, ayer al lehendakari se le reavivó otras de las crisis que hasta que llegó el Covid-19 amenazaba con debilitar su Gobierno y que permanecía relegada: el vertedero de Zaldibar. La Comisión Europea ha anunciado que investigará los indicios de “graves incumplimientos” que detecta en la actuación de la Administración en el control de la empresa y que podría estar detrás del accidente en el que resultaron sepultados dos operarios. A punto de cumplirse 100 días desde que el 6 de febrero la ladera del monte se viniera abajo, los cuerpos de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze continúan sin haber sido localizados.

Galicia apunta a julio

Por el momento, Urkullu ha ido preparando todo para que en julio no exista problema alguno para convocar a los 1,8 millones de vascos con derecho a voto a las urnas. Despejada la posible limitación de la prórroga del Estado de Alarma, avalada la opción por informes jurídicos y sanitarios, y apuntalada ayer por la preferencia de Núñez Feijoó de convocar sus comicios “al principio de verano”, sólo le resta ejercer su potestad de fijar la fecha. Suenan con fuerza los domingos 12 y 19 de julio.

El plan prevé que ante el riesgo que aún persistirá, se blinden en la medida de lo posible los colegios electorales. Así, el Gobierno vasco estudia implantar una suerte de ‘cita previa’ o franjas horarias de votación en función de zonas electorales para evitar así aglomeraciones. De igual manera, se contempla que las personas que integran las mesas electorales puedan disponer de equipos de protección. Otra de las vías que se potenciaría en unas futuras elecciones en tiempos de Covid-19 sería el voto por correo.

Fijar cuanto antes la fecha electoral acortaría además el periodo ‘preelectoral’ en el que está inmersa la política vasca en esta epidemia. Los posicionamientos de las formaciones aparcaron al inicio de la crisis sanitaria la pugna electoral que sin embargo se ha reavivado a medida que se prolongaba el confinamiento. Dos meses después, tanto Urkullu como el PNV ha insistido en que “ahora sí toca hablar de elecciones”. El Ejecutivo PNV-PSE, al que las encuestas preCovid-19 avanzaban la posibilidad de ampliar su mayoría, insiste en que lo deseable para afrontar la gestión del impacto social y económico del coronavirus es que Euskadi abandone cuanto antes su situación de interinidad institucional y comience el nuevo curso con un Parlamento y un nuevo Gobierno constituido.