La Guardia Civil ha cerrado la compra de una remesa de casi medio millón de mascarillas de protección FFP2, por lo que dispondrá de existencias para garantizar las necesidades de sus agentes -muy expuestos al contagio por coronavirus- durante varias semanas. El montante económico de la operación roza el millón y medio de euros.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, firmó el pasado 13 de mayo el acuerdo por el que se adjudica un contrato de emergencia a Iturri SA para el suministro de 454.000 mascarillas por 1.499.970,45 euros, lo que arroja un precio unitario de 3,30 euros. La resolución se ha publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Estado.

A preguntas de este diario, fuentes del Instituto Armado han informado de que el proveedor -un contratista habitual tanto de este Cuerpo como de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa- ha realizado ya "tres entregas" y que el resto del pedido lo irá proporcionando en función de las necesidades que se le trasladen.

La sevillana Iturri fue la empresa seleccionada el pasado mes de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil para suministrar un lote de 50.000 mascarillas del tipo FFP3 por 50.000 euros (sin impuestos), a razón de 0,99 euros la unidad. Si bien el contrato no se formalizó hasta el 2 de marzo, el acuerdo se había adoptado 40 días antes de que las autoridades sanitarias de Wuhan (Huabei, China) informasen de la existencia de los primeros casos de neumonía por coronavirus.

Estas dos contrataciones dan una idea de cómo se ha disparado el precio del material de protección en unos meses, conforme la covid-19 se fue expandiendo por todo el mundo y fue aumentando la demanda. La Guardia Civil ha tenido que pagar hoy el triple por una mascarilla de menos calidad: las de tipo FFP2 tienen una eficacia de filtración de 92 % frente al 98 % que deben ofrecer las FFP3.

651 guardias civiles contagiados

El precio que abonará la Guardia Civil es superior al que consiguió la Secretaría de Estado de Seguridad cuando el pasado 21 de abril encargó a Innjoo Technology SL -un mayorista de aparatos electrónicos sin instalaciones propias en España y cuyo domicilio fiscal se encuentra radicado en un centro de negocios o coworking- el suministro de un millón de mascarillas FFP2. Como informó este diario, el importe pactado para dicho pedido fue de 2,1 euros la unidad.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen exigiendo al Ministerio del Interior que proporcione los medios de protección necesarios para que los agentes puedan ejercer su labor con plenas garantías de seguridad dado el riesgo al contagio al que están expuestos. De acuerdo con los últimos datos, 651 funcionarios de este Cuerpo se encuentran infectados y otros 454 están aislados al presentar síntomas compatibles con la covid-19 o haber estado en contacto con casos positivos.

"En el actual escenario de pandemia provocada por el contagio de covid-19 es necesario utilizar todos los medios al alcance de la Administración para dotar a los guardias civiles, que en el desarrollo de sus funciones se encuentran expuestos al virus, de todos los equipos de protección necesarios tanto para garantizar su salud como para mantener al máximo las capacidades operativas del Cuerpo", justifica la dirección.

La Guardia Civil adquiere también 12.100 test para detectar rápidamente el coronavirus y poder aislar a los agentes

Las reivindicaciones de los representantes de los guardias civiles incluyen también la realización de test masivos para detectar de manera temprana casos que cursan de manera asintomática y evitar que de forma indeseada se conviertan en vectores de transmisión. Así se lo pidieron a María Gámez el pasado 1 de mayo durante el pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil.

En dicha comparecencia, Gámez anunció que habían adquirido ya un lote de 10.000 test rápidos, de los que entonces disponían de 8.000 unidades y en breve contarían con los 2.000 restantes. De acuerdo con la información publicada en la plataforma de contratación, debe tratarse del pedido de 12.100 test que la Guardia Civil ha encargado a Lambra SL por 96.800 euros, por lo que el precio unitario es de ocho euros.

La Jefatura de Asuntos Económicos declaró el pasado 8 de abril la emergencia y autorizó el inicio de un expediente de contratación de prueba rápida, proponiendo el Servicio de Abastecimiento a Lambra por ser la "más idónea". El contrato se firmó electrónicamente el pasado 6 de mayo y todos los test ya "están entregados", según ha confirmado un portavoz del Cuerpo.

Proveedor del Banco de España

Especialista en la comercialización de productos médicos desde hace más de 30 años, Lambra es la empresa elegida también por el Banco de España para el suministro de 5.000 test rápidos por 50.000 euros (impuestos excluidos), a razón de 10 euros la unidad. El precio es notablemente superior al ofertado a la Guardia Civil, si bien el volumen de mercancía requerido por el supervisor no llega ni a la mitad.

"El test rápido covid-19 lgG/lgM (sangre/suero/plasma) es una prueba inmunocromatográfica en fase sólida para la detección rápida, cualitativa y diferencial de los anticuerpos lgG y lgM contra el nuevo coronavirus 2019 en sangre entera, suero o plasma humano", describe la empresa en su web. Los resultados se conocen en un intervalo que oscila entre los dos y los diez minutos.