La Dirección General de la Policía ha levantado la interrupción de los plazos administrativos que se aplica de forma general desde que se declaró el estado de alarma para poder cerrar la compra de 1.000 pistolas eléctricas, al alegar que se trata de un equipamiento "indispensable" y que el retraso afectaría al "funcionamiento básico de los servicios de seguridad ciudadana".

El secretario general de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional, Julio Casal, firmó electrónicamente a las 8.21 horas del pasado 22 de abril el acuerdo de no suspensión y a los 46 minutos se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la resolución por la que se adjudicó la adquisición del millar de dispositivos electrónicos de control a una Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Axon Public Safety Germany SL -filial de la antigua Taser International- y en la que participa la empresa catalana Nidec Defense Group. El contrato no se ha formalizado todavía.

Cuando el Gobierno declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para contener la transmisión del coronavirus, este procedimiento de contratación encaraba su recta final. En concreto, la mesa de contratación había dado por buena dos días antes la documentación presentada por la UTE, después de que se le hubiera requerido la subsanación de deficiencias relativas a las escrituras de constitución y poderes, los DNI de cada representante y la solvencia económica y financiera de las empresas. Tan sólo quedaba por resolver la adjudicación y firmar el contrato.

En la disposición adicional tercera, el decreto que regula el estado de alarma estableció la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público. No obstante, el texto dejaba abierta la posibilidad a continuar en casos motivados a fin de evitar "perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado". Esa excepción es la que ha invocado la Policía Nacional para poder adjudicar este encargo, cuya cuantía asciende a 2.099.350 euros (impuestos incluidos).

"La memoria elaborada por el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Policía, en la que se motiva la necesidad de continuar con la tramitación del presente procedimiento, se fundamenta en que el suministro de este equipamiento es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios de seguridad ciudadana, más aún a la vista de las últimas intervenciones acaecidas, en las que el uso de este medio proporcionaría a los funcionarios de la Policía Nacional una distancia de seguridad vital contra el agresor, además de la optimización de recursos humanos empleados puesto que favorece la labor de reducción, dado el carácter intimidatorio del mismo, es indispensable para el funcionamiento básico de los servicios", ha justificado el Cuerpo Nacional.

Según ha podido conocer El Independiente, el retraso en la formalización del contrato no afectará a los plazos de entrega inicialmente previstos. La adjudicataria tendrá que entregar las primeras 300 unidades antes del 1 de octubre, suministrando otras 300 en 2021 (antes del 1 de junio) y las 400 restantes el 29 de febrero de 2022.

Una sola oferta

La UTE formada por Axon y Nidec presentó la única oferta que concurrió a este concurso y obtuvo la máxima valoración posible en el apartado técnico: 25 puntos. Fue después de que una comisión formada por seis funcionarios -pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial- evaluara mediante juicios de valor la precisión a cinco metros del dispositivo, la sujeción al cinturón, el funcionamiento del arco de advertencia, la carga y descarga de cartuchos, la facilidad del menú en display, el manejo con guantes y la descarga de datos y software. En ninguno de los parámetros analizado obtuvo menos de 70 puntos.

El contratista suministrará a la Policía Nacional el modelo Taser 7, un dispositivo de inmovilización neuromuscular que salió al mercado a finales del pasado año y que se fabrica en la planta que el grupo Axon tiene en Scottsdale (Arizona, EEUU). Se trata de la misma versión que adquirió meses atrás la Policía Municipal de Madrid y con la que desde finales de abril cuenta ya su Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS) tras completarse el periodo de formación y diseñarse el protocolo de uso.

Las policías municipales de Madrid y Collado Villalba han sido las últimas en cerrar la compra de dispositivos electrónicos de control en España, donde se calcula que existen unos 2.000 dispositivos. Esta cifra está muy alejada de los 22.000 existentes en el Reino Unido y las 11.000 que se contabilizan en Francia.

La Policía alega que este equipamiento es "indispensable" y que el retraso afectaría al "funcionamiento básico de los servicios de seguridad ciudadana"

Para justificar la "idoneidad" de este tipo de defensa, la Policía Nacional recordó en los pliegos que ya es utilizada por "220 policías locales" en España, los Mossos d’Esquadra -éstos disponen de 134 unidades- y al menos siete policías europeas: Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Se trata de una vieja reclamación de los sindicatos policiales y que cuenta con el aval del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional, que informó favorablemente sobre su uso el 5 de abril de 2016 siempre que se formara adecuadamente a los funcionarios.

El Ministerio del Interior considera que este dispositivo aporta "seguridad" a los policías y "limita potencialmente las situaciones violentas". Su uso se restringirá a los agentes que realicen un curso práctico-teórico que abarcará aspectos técnicos y deontológicos, quedando rastro en el ordenador que incorpora de todas las actuaciones que se hagan -como disparos efectuados y cargas de batería realizadas- y sin que pueda ser modificadas por el funcionario actuante.

Cámaras corporales

Los impulsos generados por el dispositivo deben interferir las señales nerviosas que se transmiten al sistema muscular y sensorial para obtener una incapacitación temporal mediante una corriente eléctrica pulsante entre los electrodos durante el tiempo de exposición. No produce daños en la musculatura interna, al transmitir poco más de un miliamperio de corriente.

Axon-Nidec también obtuvo la puntuación máxima en el apartado económico (75 puntos) al ajustarse al tipo de licitación -cada unidad sale a razón de 2.099 euros, impuestos incluidos- y ofrecer 150 cámaras corporales. Éstas se activan automáticamente al inicio de la intervención y puede captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por que las imágenes pueden presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.