Un alto cargo del Gobierno, Isabel Valldecabres, jefa de Gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, fue la ponente del auto de la Audiencia de Madrid que confirmó, en 2014, el archivo de la denuncia contra un escrache frante a la vivienda de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por parte de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que se quejaron de la política de desahucios del Partido Popular en procedimientos hipotecarios por impago de cuotas.

Tanto Valldecabres como los magistrados Miguel Hidalgo y Francisco Javier Cubero de la Sección decimosexta de la Audiencia madrileña consideraron que la concentración frente a la vivienda de Sáenz de Santamaría fue un "mecanismo de participación democrática y expresión del pluralismo" y no encontraron ningún indicio de los delitos de coacciones ni amenazas, por lo que rechazaron el recurso de la Fiscalía contra el previo archivo de la denuncia del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid.

Los escraches frente a los domicilios de los miembros del Gobierno de coalición (José Luis Ábalos, Pablo Iglesias e Irene Montero) los dos últimos días devuelven a la actualidad el debate sobre este tipo de actos como medio lícito de protesta. El vicepresidente segundo Iglesias trasladó este lunes su preocupación porque éstos se extiendan. "Esto se sabe dónde empieza pero no dónde acaba", afirmó durante una entrevista en La Sexta, durante la que también dijo que en el futuro pueden ser "grupos de izquierda" quienes vayan a casa de Ayuso (por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso), o de Abascal (por el líder de Vox, Santiago Abascal).

"Gritos proferidos o frases empleadas"

Otros miembros del Gobierno no se han manifestado al respecto. Los juristas coinciden en que estas protestas contra decisiones políticas no son ilegales salvo que quienes las llevan a cabo incurran en amenazas o coacciones. De hecho, el derecho a la reunión pacífica está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española.

Así de claro lo dejó Valldecabres, ahora directora del Gabinete de Calvo, en el auto del que fue ponente en 2014: "Según consta en los vídeos policiales aportados, las frases empleadas, los gritos proferidos o los carteles que portaban los manifestantes denunciaban la decisión política del Partido Popular de votar en contra de la iniciativa legislativa popular auspiciada por la plataforma en materia de desahucios y pretendían informar a la opinión pública sobre ello e incluso algunos manifestaban el deseo de mantener un diálogo con la vicepresidenta al respecto. No portaban armas, no emplearon violencia sobre las personas, no emplearon fuerza en las cosas y la perturbación del orden inherente a estas concentraciones numerosas no se saldó con daños a objetos o bienes de terceros, ni acometimiento alguno a las fuerzas policiales ni a otras personas como se recoge expresamente en el atestado inicial y en la ampliación posterior".

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Igualmente, tanto la ponente como los otros dos magistrados expusieron que "es evidente que las manifestaciones y concentraciones que se llevan a cabo por toda la geografía española -y particularmente en Madrid como capital y sede del Gobierno y del resto de las instituciones del Estado- se producen como medio de denuncia o protesta por las decisiones tomadas o que se van a tomar por los responsables políticos y económicos -y en ocasiones también por los jueces y tribunales- constituyendo un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos", se podía leer en la resolución con fecha de 29 de enero de 2014.

"Miserable, asesino", contra Ábalos

Entre la noche del lunes y la mañana del martes, los escraches se repitieron en casa del ministro Ábalos. Según se pudo ver en vídeos difundidos en redes sociales, varias de las personas que acudieron con cacerolas a casa del ministro gritaron "¡Miserable y asesino!".

Atestados policiales deberían determinar la veracidad de dichas imágenes en caso de que hubiera una denuncia de por medio, pero dichas actuaciones sí podrían ser perseguidas puesto que no constituyen en si mismas un acto de "protesta democrática" ni tienen como fin denunciar una decisión política.