El acuerdo con EH-Bildu para la derogación de la reforma laboral, a cambio de una abstención que ni siquiera era necesaria, se conoció cuando sus señorías ya habían votado y Pedro Sánchez superaba su quinta prórroga del estado de alarma gracias al respaldo de Ciudadanos y del PNV. Y se ocultó premeditadamente a sabiendas de que la formación naranja podría haberse apeado del acuerdo en cuando hubiera tenido conocimiento de una negociación nada menos que con la formación proetarra y a cambio de unos compromisos económicos que no comparte.

De hecho, Inés Arrimadas justificó su pacto con Pedro Sánchez con el argumento de que así el Gobierno de coalición no se veía obligado a hacer ningún tipo de concesión a ERC, incluso, dando a entender en un comunicado que la mesa bilateral con la Generalitat era historia, algo que Moncloa desmintió. Lo que no sabía era que tanto el PSOE como Unidas Podemos mantenían otra vía de interlocución, nada menos que con EH-Bildu.

La negociación "se ha llevado con mucha discreción y con mucho intercambio de papeles, desde hace días", según reconocía Oskar Matute, portavoz adjunto de esta formación en el Congreso, en declaraciones a La Noche en 24 horas.

De hecho, hasta se debatió el momento "en que se hacía público y ahí ha habido un punto de encuentro que era hacerlo público con posterioridad al pleno y no hemos tenido objeción". Matute ha dejado claro que la petición venía del Gobierno, al agregar que "nos importaba bastante menos cuando se hiciera público si eso a unos les facilitaba la firma no iba a ser un obstáculo para nosotros", a sabiendas de que Ciudadanos podría haber cambiado el sentido de su voto.

En definitiva, un trabajo de largo recorrido, en absoluto improvisado, pero sobre cuyo alcance surgieron dudas en la noche de este miércoles. Y es que al filo de las 23,40 horas, una "nota aclaratoria" del PSOE matizaba algunos de los términos del acuerdo firmado por Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua.

En el mismo se concretaba que el Gobierno se comprometía a "derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".

En cambio, el PSOE matizaba dicho punto para pasar a calcar el contenido del pacto de gobierno con Unidas Podemos, de modo, que el carácter urgente de la reforma se limita a derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Y por si todo no era lo suficientemente esperpéntico, el despido por bajas laborales ya ha sido laminado por el Congreso.

En Ferraz hay quien atribuye este más difícil todavá a "una metedura de pata de Adriana Lastra", aunque lo cierto es que la versión que ofreció anoche Oskar Matute no dejaba lugar a dudas sobre lo que creía haber acordado.

En definitiva, un ejercicio de equilibrismo político, por el cual Sánchez se cierra la puerta a cualquier posibilidad de que Arrimadas, con sus diez diputados, le apoye una sexta prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio, mientras que los abertzales pueden sentirse engañados por el alcance de un pacto por el cual el Gobierno se compromete también a que las entidades locales, forales y autonómicas "dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos" del coronavirus.

Y todo ello el mismo día en que Bildu se negó a condenar en el Parlamento vasco los ataques contra la vivienda de la líder del PSE, Idoia Mendía. Matute dijo que ese tipo de actuaciones "sobrepasan algunos límites", pero se negaban, dijo, a entrar en el juego de otras fuerzas políticas.